El conflicto se desató el domingo pasado cuando cuatro policías desaparecieron y más tarde dirigentes de comunidades indígenas de la zona dijeron que habían matado a los uniformados.

La Paz. Los pobladores de una región minera de Bolivia seguían atrapados este viernes, por sexto día consecutivo, entre un alzamiento indígena que dejó cuatro policías muertos y las vacilaciones del Gobierno de Evo Morales sobre si emplear o no la fuerza pública para reponer el orden.

Medios locales dijeron que el Gobierno parecía pendiente de las gestiones que realizaba el defensor del pueblo para lograr la entrega de los restos de los policías supuestamente linchados, a quienes los indígenas calificaron como "delincuentes con uniforme".

El conflicto -parte de una larga lista de desafíos a la autoridad del mandatario indígena del empobrecido país- se desató este domingo pasado cuando cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) desaparecieron mientras recorrían el norte del departamento andino de Potosí.

Dirigentes de los cinco "ayllus" o comunidades indígenas de la región confirmaron tres días después que habían matado a los uniformados, a quienes acusaron de cometer extorsiones, robos de vehículos y hasta asesinatos, pero no había hasta el viernes una confirmación oficial del suceso.

El defensor del pueblo, Rolando Villena, dijo a reporteros que los cinco "ayllus" mantenían su decisión de no devolver los cadáveres de las víctimas y tomaron el control de las carreteras para impedir el ingreso de policías o autoridades a la región.

"En un panorama complejo, estamos ante la punta del ovillo (...) y sin duda hay ausencia del Estado, no solamente en este sector sino en varias partes del país", dijo Villena, un ex obispo metodista.

Los indígenas rechazaron una investigación judicial sobre la muerte de los cuatro agentes de la Diprove y exigieron el relevo de todos los policías de la región, ubicada a unos 250 kilómetros al sur de La Paz, según medios locales.

El Defensor dijo estar dispuesto a ir al lugar del conflicto, mientras el comandante de la Policía, Oscar Nina, anunciaba que todavía no tenía planes definidos para poner fin al alzamiento.

"Queremos priorizar el rescate de los policías muertos (...) todo lo que se especula en torno a la inconducta (de policías) son meras especulaciones, no sabemos qué ha ocurrido, estamos evaluando", declaró Nina.

Villena dijo que "los indígenas denuncian que policías serían responsables de al menos siete muertes de vecinos en los cinco últimos años, en casos que tienen que ver con robos de vehículos (...), critican la manera como se administra justicia, la tremenda lentitud de las investigaciones".

Un dirigente no identificado del "ayllu" Layme, una de las comunidades rebeldes, dijo a radio Erbol que la región, cuya cabeza es el municipio de Uncía, seguiría bloqueada hasta que el Gobierno cambie a los más de 100 policías destinados al lugar.

"Tal vez piensan que han matado a policías inocentes, pero no eran inocentes. ¿Por qué tenían que cobrar dólares a nuestra gente, quitar autos y matar? Ningún oficial ni otra autoridad, ninguna prensa podrá entrar a los ayllus", advirtió el indígena.

En abril, una operación policial para desbloquear una carretera en la región productora de coca de Yungas dejó dos manifestantes muertos y decenas de heridos.