Los familiares de unos 110.000 reclusos ahora se preocupan por cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro controlará el coronavirus en las instalaciones donde hay casos de tuberculosis y el agua corriente a menudo no existe.
Caracas. La llegada del coronavirus a Venezuela ha provocado el temor a que la enfermedad se extienda rápidamente en sus prisiones, conocidas por su hacinamiento y suciedad.
La población de reclusos de Venezuela aumentó en las últimas dos décadas por un alza de los crímenes, abarrotando las cárceles y convirtiendo los calabozos de estaciones de policía en prisiones, donde un detenido puede pasar incluso años en espera de un juicio, según grupos no gubernamentales que investigan los recintos penitenciarios.
Los centros de detención venezolanos a menudo carecen de baños, las personas duermen en el piso o en hamacas improvisadas con sábanas y muchos reclusos pasan sus días sin camisas o zapatos, en parte para combatir el calor de instalaciones sin ventanas, según testigos de Reuters y exprisioneros.
Human Rights Watch en un informe de este año dijo que las cárceles del país están plagadas de corrupción, seguridad inadecuada y hacinamiento.
Los familiares de unos 110.000 reclusos ahora se preocupan por cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro controlará el coronavirus en las instalaciones donde hay casos de tuberculosis y el agua corriente a menudo no existe.
"La preocupación es la contaminación que hay allí, hay gente enferma, hay hasta tuberculosis", dijo Beatriz, cuyo hermano está en prisión por un robo en el transporte público.
Al igual que otros parientes contactados, la mujer solo dio su primer nombre y pidió que no se identificara la prisión donde está su hermano. Quienes se han quejado públicamente por las condiciones de sus familiares encarcelados dicen que las autoridades toman represalias contra los reclusos.
Beatriz y otros familiares contactados por Reuters dijeron que se habían suspendido los derechos de visita para evitar la propagación del virus, pero que no era evidente cómo las cárceles evitarían que su propio personal transmitiera la enfermedad.
Si bien restringir las visitas puede reducir la exposición al virus, también limita el acceso de los presos a los alimentos, porque la mayoría de los reclusos dependen de los miembros de su familia para comer.
El Ministerio de Información no respondió a una solicitud de comentarios.
"Hasta ahora no hemos escuchado a ninguna autoridad preocuparse por las personas que están en Venezuela privadas de libertad", dijo Carlos Nieto del grupo no gubernamental Una Ventana a la Libertad, que se centra en los derechos de los prisioneros.
De acuerdo con la ONG, 172 reclusos murieron en 2019 y la principal causa fueron las enfermedades, 46 personas o 24% del todos los fallecidos. Del total, 22 murieron por tuberculosis, según el grupo.
Una señal de que los prisioneros sufren el tipo de enfermedades respiratorias que hacen que las personas sean más propensas a sufrir casos graves de coronavirus, en lugar de síntomas simples de gripe que comprenden la mayoría de los casos de COVID-19.
Una Ventana a la Libertad dijo que el año pasado registraron 494 casos de sarna, una enfermedad de la piel, contagiosa y que prospera en entornos con poca higiene.
Otros grupos como el Observatorio Venezolano de Prisiones, Acción Por la Libertad y Foro Penal, entre los más reconocidos y activos, han pedido al gobierno considerar la excarcelación de al menos 320 personas detenidas por razones políticas, según los activistas, como diputados, médicos y jóvenes manifestantes antigubernamentales.
El grupo de Nieto estima que 40% de los reclusos del país aún están a la espera de juicio. La mayoría de ellos están en calabozos policiales, destinados a mantener a las personas durante 48 horas mientras son procesados.
La ONG, que divulgó en febrero un informe sobre las condiciones en 238 de los 500 centros de detención preventiva de todo el país, dijo que los niveles de hacinamiento en esas celdas no paran de crecer: albergaban a unos 16.700 detenidos en 2018 y ya el año pasado superaban los 19.000.
"Allí no los sacan para ver el médico ni nada de eso, a menos que tengan una orden del tribunal", dijo Sara, quien dijo que su hijo espera juicio en un calabozo en Caracas por acusaciones de robo, que dice son falsas.
