Documento entregado a la Corte Penal Internacional se basa en un reporte realizado por el Instituto de Medicina Legal que recoge denuncias de familiares.

No han sido sólo masacres y secuestros. En 60 años de existencia, las FARC han desaparecido 2.760 personas.

La denuncia la hizo el pasado 4 de febrero el procurador Alejandro Ordóñez al entregarle a un delegado de la Corte Penal Internacional un detallado informe sobre estos 2.760 casos de desaparición forzada.

El Espectador tuvo acceso al documento de 80 páginas en el que se indica desde el nombre del desaparecido hasta su edad y el lugar en el que fue visto por última vez. El mismo no es otra cosa que una radiografía de un flagelo por el que las Farc tienen mucho que responder.

El informe es, puntualmente, un reporte realizado por el Instituto de Medicina Legal para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, basado, principalmente, en denuncias realizadas por los familiares de los desaparecidos.

De él se desprende, entre otras cosas, que los departamentos con la mayor cantidad de registros son, precisamente, aquellos en los que las Farc han hecho presencia durante casi toda su existencia.

La lista la encabezan Meta —sede entre 1984 y 1986 de los acuerdos de Casa Verde— y Caquetá —sede de los fallidos diálogos del Caguán—, con 318 casos cada uno. Los siguen Antioquia, con 271 registros; Nariño, con 199; Putumayo, con 153, y Guaviare, con 145. Hay reportes de 30 departamentos e incluso dos denuncias por personas al parecer desaparecidas por las Farc en Venezuela. Sólo dos de los 32 departamentos no cuentan con registro alguno: San Andrés y Providencia y Amazonas.

En cuanto a años, hay que destacar que entre 1998 y 2002 —es decir, durante la existencia de la zona de distensión— se presentaron 869 registros de desaparición forzada a manos de las Farc. Casi una tercera parte del total. El año 2002, con 257 casos, fue el que tuvo la mayor cantidad de denuncias. Desde 2007, la cantidad de casos se redujo de 68 registros en ese año hasta llegar a nueve denuncias por desaparición forzada el año pasado.

Hay algunas inconsistencias como, por ejemplo, reportes de personas desaparecidas por las Farc antes de 1964, año en el que se fundaron. Es probable que en algunos casos el denunciante les haya atribuido a las Farc la desaparición de su ser querido confundiendo a este grupo armado ilegal con las guerrillas liberales. En otros casos es probable que la incongruencia se deba a un error de digitación.

De la misma forma, el informe deja claro que este es un flagelo que se ensaña, sobre todo, con los hombres mayores de edad. De 2.760 denuncias, 2.410 fueron por la desaparición de hombres y apenas 350 por la de mujeres. En lo que a autores se refiere, las denuncias casi nunca señalan una estructura o un comandante guerrillero en particular, sin embargo, hay registros en los que aparecen, por ejemplo, la columna Daniel Aldana y los frentes 16, 42, 32, 21, 29, 28, 48 y 26 de las FARC, entre una larga lista de organizaciones criminales.

En otros registros, el denunciante llega, incluso, a señalar un guerrillero en particular, por ejemplo a Alfonso López Méndez, alias Efrén Arboleda, jefe del frente 27 de ese grupo armado ilegal. Lo mismo ocurre con algunos guerrilleros ya detenidos, como Elda Neyis Mosquera, alias Karina, condenada en septiembre de 2012, precisamente, por varias desapariciones perpetradas en el occidente de Caldas.

El procurador Ordóñez ha manifestado que teme que muchos de estos casos queden en la impunidad “y, de llegar a ser así, tratándose de un crimen de lesa humanidad, corresponderá a la CPI activar su competencia para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, la sanción efectiva y la no repetición”, dijo el jefe del ministerio Público durante la entrega de este informe al delegado de ese organismo internacional. Un temor similar al ya expresado por la fiscal de la CPI Fatou Bensouda. Vale recordar que, en el caso de que la justicia colombiana deje que estas desapariciones queden en la impunidad, la CPI puede intervenir y abrir un proceso en contra de los responsables de estos delitos.

La Fiscalía ya ha anunciado que adelanta investigaciones para esclarecer 2.600 casos de desaparición forzada y que, gracias a su labor investigativa, en 2014 se profirieron 37 condenas por desaparición forzada, entre otros, contra el excomandante guerrillero Bernardo Mosquera Machado, alias El Negro Antonio. Se espera, igualmente, que en las macrosentencias contra alias Karina y Ely Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, se trate el tema de las desapariciones forzadas perpetradas por los hombres bajo su mando. De hecho, este fue uno de los tantos temas tratados por el vicefiscal Jorge Perdomo en un encuentro sostenido el 5 de febrero, precisamente, con delegados de la CPI.

El objetivo no es otro que hacer que este flagelo, que no tiene tantos dolientes como las masacres y los secuestros, no quede en la impunidad y que el tema sea debatido en La Habana (Cuba). El ministro de Seguridad Ciudadana, el general (r) Óscar Naranjo, ha dicho que una de las medidas necesarias para desescalar el conflicto es, precisamente, que se informe sobre lo sucedido con los desaparecidos. Las Farc no se han pronunciado respecto a este informe ni tampoco respecto a los desaparecidos. Falta que se responda qué pasó con estas 2.760 personas, dónde están, si siguen vivas o, de lo contrario, dónde están sus restos. La paz, valga decirlo, requiere que estas preguntas obtengan una respuesta.