La iniciativa establece que en ningún albergue puede haber hacinamiento infantil, prohíbe que personal no especializado que trabaje en los albergues tenga contactos con los menores y determina que el cuidador de los menores sólo puede tener a su cargo un máximo de cuatro infantes bajo su responsabilidad.

Excelsior.com.mx. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso al Senado acabar con la improvisación, el maltrato, el hacinamiento y el deslinde de responsabilidades en los albergues infantiles, con reglas como obligar a la certificación del personal y hacer corresponsables de su funcionamiento a sus directivos, su personal, al municipio, a la entidad estatal y a la Federación.

Además, la nueva Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes atenderá los temas de violencia contra la familia y se coordinará con el DIF para fincar responsabilidades penales cuando se comprueben casos de abusos.

De igual forma, establece que en ningún albergue puede haber hacinamiento infantil, prohíbe que personal no especializado que trabaje en los albergues tenga contactos con los menores y determina que el cuidador de los menores sólo puede tener a su cargo un máximo de cuatro infantes bajo su responsabilidad.

Peña Nieto presentó su iniciativa para crear la nueva Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al Congreso General, que la turnó al Senado, en la cual castiga con multas de hasta 200.000 pesos (US$15,249) a los maestros, directivos, personal y funcionarios de los sectores educativo, cultural y deportivo que sean omisos ante el bullying y con multas de hasta 18,8 millones de pesos  (US$1,4 millones) y hasta cuatro años de cárcel a los responsables de fomentar la cultura de la violencia, difundir apología del delito y lesionar el derecho a la intimidad de los menores.

La iniciativa presidencial obliga a los tres niveles de gobierno a integrar y mantener actualizado el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF y exige que los especialistas que tienen bajo su responsabilidad la atención de los pequeños cuenten con las certificaciones profesionales correspondientes.

Advierte que los ahora denominados centros de asistencia social deben contar con personal responsable de la coordinación o dirección y con personal especializado en proporcionar atención en actividades de estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud; atención médica y actividades de orientación social y de promoción de la cultura de protección civil, conforme a las disposiciones aplicables.

Precisa que “el número de personas que presten sus servicios en cada centro de asistencia social será determinado en función de la capacidad económica de éstos, así como del número de niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia en forma directa e indirecta, debiendo contar con por lo menos una persona de atención por cada cuatro niños o niñas menores de un año y una persona de atención por cada ocho mayores de esa edad”.

Los responsables de los albergues estarán obligados a garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y demás disposiciones aplicables para formar parte del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF; llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia y remitirlo semestralmente al DIF.

También asegurar que las instalaciones tengan un lugar visible, la constancia de registro de incorporación al Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF; garantizar que el centro de asistencia social cuente con un Reglamento Interno, aprobado por el Sistema Nacional DIF; contar con un Programa Interno de Protección Civil en términos de las disposiciones aplicables; colaborar con el Sistema Nacional DIF, los sistemas de las entidades y las procuradurías de Protección, para facilitar las tareas de supervisión.

Otras obligaciones son el informar a la autoridad competente cuando tenga conocimiento de que peligre la integridad física de niñas, niños o adolescentes bajo su custodia; proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a través de personal capacitado, atención médica.

Advierten vacíos en propuesta. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) criticó la iniciativa preferente de la Ley General de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, manifestando que no tomó en cuenta a las organizaciones civiles para su elaboración y que “carece de un enfoque de derechos humanos de la infancia”.

La asociación civil se pronunció en contra al asegurar que “desde el título la ley se autolimita a la protección”, por lo que consideran que es una propuesta que “no logró superar la visión tutelar asistencial que ha caracterizado al Estado mexicano, que no reconoce a la infancia con capacidad de decisión fuera de su familia”.

Al hacer un extrañamiento, por no haber sido considerados en el diseño de la iniciativa de ley, la REDIM afirmó que un verdadero sistema nacional de garantías tiene que significar el rediseño en la forma de organizarse entre las instituciones que atienden a la infancia y la adolescencia.

Al manifestar su inconformidad por haber sido excluidos de la elaboración de esa ley, señalaron como preocupante que haya un desconocimiento de las organizaciones sociales que atienden a la infancia en situación vulnerable, ya que en la actualidad siete de cada diez albergues en México son operados por la sociedad civil.

PRD alerta riesgos del proyecto. Al advertir que la propuesta para los niños migrantes no acompañados contenida en la iniciativa preferente equivale a una deportación que pone en riesgo su vida de los menores, la diputada federal Amalia García alertó que el interés superior de esa población no puede ni debe quedar en manos del Instituto Nacional de Migración (INM).

En su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de San Lázaro, la legisladora del PRD propuso al pleno revisar y discutir esa disposición de la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que el presidente Enrique Peña envió al Senado, misma que será dictaminada en los primeros 30 días del actual periodo, por su carácter de prioritaria.

“El interés superior de los niños migrantes no acompañados de ninguna manera lo puede determinar el Instituto Nacional de Migración”, expuso desde la tribuna de la Cámara de Diputados.

“Ni siquiera en Estados Unidos está determinada así. La Border Patrol y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos canalizan a los niños migrantes a un procedimiento judicial donde hay abogados y puede tardar varios años su situación”, argumentó la exgobernadora de Zacatecas.

Para la ex presidenta del PRD el interés superior de los niños y los adolescentes migrantes no acompañados puede fincarse en su deportación.

“Porque si se está en contra de la violencia, deportar a los menores, como medida principal, es exponerlos a un daño grave, inclusive a la posibilidad de la muerte”, advirtió.

García Medina hizo públicos los señalamientos al fijar postura a nombre de la bancada del PRD sobre el exhorto al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para convocar a sus homólogos de Estados Unidos, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, a elaborar una declaración conjunta que garantice la salvaguarda de los derechos humanos y la dignidad de los niños migrantes no acompañados.

La presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios dijo que la reunión debe buscar salidas a la inversión, empleo, educación y frene la violencia.