La Organización de Naciones Unidas vaticina que este año habrá 4,2 millones de personas con necesidades alimentarias, entre ellas 1,2 millones por debajo del umbral de emergencia.
Puerto Príncipe. El terremoto de 7 grados de magnitud que sacudió Haití el 12 de enero de 2010 dejó una huella de desolación que persiste a día de hoy. La comunidad internacional se volcó en los instantes posteriores al seísmo de una manera sin precedentes, pero una década después Naciones Unidas y las ONG presentes en el país caribeño avisan de la enormidad de unos retos alejados ya del foco global.
Las tensiones políticas y sociales de los últimos doce meses y sus repercusiones para el reparto de ayuda humanitaria han puesto de nuevo de manifiesto la dependencia que el país más pobre del hemisferio occidental sigue teniendo de la asistencia internacional, ya con los donantes exhaustos o con la vista puesta en otras crisis.
La ONU estima que hay 4,6 millones de personas necesitadas de ayuda, de las cuales casi la mitad son niños, y que 3,7 millones de personas sufren desnutrición aguda. Más de seis millones de haitianos, el 60% de la población, vive por debajo del umbral de la pobreza y 2,5 millones se encuentran en una situación extrema, según datos del Banco Mundial.
El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Haití, Christian Cricboom, reconoce en declaraciones a Europa Press que el país "ha dado grandes pasos en matreria de infraestructuras o servicios sociales básicos" en la última década, pero "claramente quedan muchos desafíos", algunos de los cuales "no están relacionados con el desastre".
Haití sigue siendo el país más vulnerable de la región y no solo por los efectos del potente seísmo, coincide el director de Acción Contra el Hambre (ACH) en Haití, Cédric Pirou, partidario de combinar la atención de emergencia con una labor de desarrollo más amplia: "El terremoto no hizo sino arrojar luz sobre los males profundos que afectan al país, derivados de un sistema de gobernanza negligente e incapaz de solucionar las necesidades más acuciante de la población".
El seísmo causó más de 200.000 muertos --las autoridades locales han situado la cifra por encima de los 300.000--, pero también dejó daños equivalentes al 120% del PIB y una recesión económica del 5%. La administración quedó casi destruida, en sentido tanto literal como metafórico, y Haití perdió con los temblores alrededor del 60% de su infraestructura sanitaria.
Movilización internacional. Pirou reconoce que entre 2010 y 2013 hubo una "gran respuesta internacional" que sirvió para cubrir "las necesidades más urgentes", por ejemplo para realojar a quienes lo habían perdido todo. En los dos años posteriores, prosigue, las organizaciones lograron financiar programas "más integrados", pero "desde 2015 el país cayó en el olvido".
La "drástica" reducción de fondos se hace patente al observar el último balance presupuestario de la OCHA. De los más de US$126 millones solicitados para 2019 en el Plan de Respuesta Humanitaria, solo se había cubierto a mediados de diciembre una tercera parte, y para 2020 la petición ha subido hasta los US$252,5 millones.
"La capacidad de las organizaciones humanitarias para brindar asistencia se ha visto gravemente afectada por la falta de fondos", que ha provocado que la de Haití sea una de las crisis peor financiadas del mundo, en palabras del responsable de la OCHA en el país caribeño.
En la misma línea, la coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF), Sandra Lamarque, asegura en un comunicado que el apoyo internacional recibido o prometido tras el terremoto "ahora se ha desvanecido" e "incluso en algún caso nunca se materializó". La atención, lamenta, "ha virado hacia otros lugares a medida que la vida cotidiana de la mayoría de los haitianos se ha vuelto cada vez más precaria debido a la inflación, la falta de oportunidades económicas y la violencia".
Todo ello a pesar de que Haití ha vivido una década de constante emergencia en la que ha sufrido desde ciclones a sequías, pasando por una epidemia de cólera que se expandió rápidamente por distintos puntos del país y que a finales de 2011 ya había dejado medio millón de enfermos y más de 7.000 fallecidos, según un informe de MSF.
La ONU ha confirmado que no se ha detectado ningún caso de cólera desde enero de 2019, pero a estas alturas nadie se atreve a descartar que puedan resurgir esta u otras enfermedades. "Aunque el cólera está por ahora bajo control, debemos seguir alerta y acelerar la inversión en agua potable y saneamiento adecuado", alerta Cricboom.
También el responsable de ACH señala que "la falta de un saneamiento adecuado en los grandes suburbios sobrepoblados de la capital es una bomba de relojería para epidemias como el cólera, que pueden costar miles de vida en muy poco tiempo".
En este sentido, subraya que la recuperación de la red de saneamiento no ha seguido el ritmo del aumento de la población de la capital, Puerto Príncipe, especialmente en barrios marginales, mientras que en las provincias el nivel de cobertura "sigue siendo muy bajo".
Retos médicos y educativos. MSF aprovecha el décimo aniversario del terremoto para instar a la comunidad internacional a prestar atención a las necesidades médicas. El jefe de la misión de la ONG en Haití, Hassan Issa, señala en un balance publicado esta semana que "debido a la actual crisis política y económica, cada día hay más instalaciones médicas publicas o privadas luchando por brindar servicios esenciales".
Los gastos médicos se han convertido en prohibitivos para gran parte de la población, con un aumento del 35% del precio de las medicinas y del 26% en los gastos de admisión hospitalaria solo en 2019, según Médicos Sin Fronteras.
Los efectos de la inestabilidad también se han dejado notar en las carreteras, con bloqueos que complican en algunas zonas el acceso a combustible, comida o agua, o en servicios básicos como la educación. Además, la mayoría de los niños en edad escolar de todo el país no pudieron acudir a clase entre septiembre y diciembre como consecuencia de esta crisis.
El hambre aumentará si no se actúa. Los haitianos comenzaron a manifestarse en 2018 por el aumento del precio del combustible pero desde entonces las protestas han evolucionado en medio de acusaciones de corrupción contra el presidente, Jovenel Moise, hasta exigir su dimisión. Precisamente esta semana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha urgido a Moise y a la oposición a embarcarse en un "diálogo abierto" que permita formar un Gobierno que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía "sin más dilación".
Pirou atribuye a la "creciente inestabilidad política y la violencia" un empeoramiento de la situación alimentaria, hasta el punto de empujar a Haití a "una de las peores crisis de los últimos tiempos". La OCHA prevé que, si no se actúa "inmediatamente", en marzo haya 4,2 millones de personas hambrientas, con 1,2 millones dentro del considerado nivel de emergencia.
"La situación previsiblemente seguirá inestable en los próximos meses, en los que se debilitará aún más la economía del país y, por extensión, la capacidad de los haitianos más pobres para cubrir sus necesidades básicas, así como la capacidad del Estado para proporcionar servicios esenciales", avisa la agencia de la ONU en uno de sus últimos informes.
Su principal responsable en Haití reconoce estar "muy preocupado" por la situación actual, que requiere una "asistencia humanitaria urgente". De cara al futuro, Cricboom confía al menos en que "la ciudadanía de Haití pueda juntarse y encuentra una solución a la actual crisis", para lo cual es necesario que "la comunidad internacional siga estando de lado" del pueblo haitiano y de sus instituciones.
