Con el cambio legislativo, España se situaría al nivel de países también con mayoría de población católica como Malta o Irlanda, dos de los estados europeos con legislaciones más restrictivas respecto al aborto, e incluso sería superada por la conservadora Polonia.

El gobierno español ha planteado para el otoño una reforma de la Ley del aborto que restringiría los derechos de las mujeres en España a niveles previos a la despenalización de 1985 y que, según los críticos, desencadenará abortos clandestinos y elevará el número de embarazos no deseados.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, prevé cambiar la ley aprobada por el Ejecutivo socialista anterior hace apenas dos años y modificar algunos de los tres supuestos en vigor "porque la experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados".

En concreto, Gallardón adelantó recientemente que su reforma, que estaba recogida en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones que ganó por mayoría absoluta el pasado noviembre, incluiría una protección a los no nacidos con malformaciones o discapacidad.

Este cambio restringiría, a juicio de sus detractores, la primera norma que permitió interrumpir el embarazo en España en 1985, que admitía los siguientes supuestos: violación, daños para el feto o peligro para la salud física o mental de la madre.

"La mujer tendrá que volver a marcharse de España a abortar. La gente que tenga dinero se irá fuera y las que no recurrirán a la clandestinidad o tendrán que ser madres sin quererlo", dijo a Reuters Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo.

De este modo, España se situaría al nivel de países también con mayoría de población católica como Malta o Irlanda, dos de los estados europeos con legislaciones más restrictivas respecto al aborto, e incluso sería superada por la conservadora Polonia.

La protección a discapacitados es uno de los pocos puntos conocidos del futuro anteproyecto de ley, cuya presentación está prevista para octubre y que se redactará tras conocerse las conclusiones que está elaborando un comité de expertos, según fuentes del ministerio de Justicia.

Casi todos los sectores implicados daban por seguro que el Partido Popular iba a reformar la ley, para eliminar la posibilidad de que menores de 16 y 17 años aborten sin la autorización de un tutor en casos excepcionales, un aspecto polémico en una norma aprobada sin consenso por el Gobierno socialista.

Y eso a pesar de que aún está pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley de 2010, cuya resolución no tiene fecha fijada aún, aunque Gallardón anunció que respetará el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de 1985.

Pero el anuncio sobre las malformaciones, que suponen apenas 2% de los alrededor de 600.000 embarazos anuales en España y de los cuales sólo uno de cada cuatro casos acaba en aborto, según datos de la Federación de Planificación Familiar Estatal, ha desatado las alarmas.

"En muchos casos se trata de alteraciones fetales importantes. Llevo 28 años en esto y las mujeres no abortan por un labio leporino", declaró Barambio, que recordó que muchas veces se trataba de hijos deseados, lo que hacía más difícil el tomar una decisión.

Una excusa. Gallardón ha justificado el cambio amparándose en una recomendación del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, cuya convención España ratificó, que insta a eliminar de la ley de 2010 "la distinción (..) en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente".

La ley actual permite interrumpir libremente el embarazo hasta la semana 14, hasta la semana 22 si existe un "riesgo de graves anomalías" para el feto y a partir de esa fecha "en caso de enfermedad extremadamente grave e incurable".

No obstante, Luis Enrique Sánchez, médico especialista en salud pública y presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal, considera que alegar este motivo es una excusa que no aborda el meollo de la cuestión.

"Es un problema que se ha planteado para justificar una serie de cosas que realmente no tienen justificación. La ley no obliga a nadie a interrumpir el embarazo si hay una malformación, pero tampoco se puede prohibir en el caso que haya malformaciones importantes que una mujer pueda decidir", dijo a Reuters.

"Si está preocupado el ministro por esta razón lo que tiene que poner encima de la mesa no son recortes, es dinero, ayudas sociales y sanitarias y fondos de apoyo a las familias que estén en esta situación", indicó.

Los detractores de la reforma recuerdan que ésta, basada según denuncian en motivos religiosos e ideológicos por lo poco que ha trascendido, sólo va a generar angustia, estrés, sobrecarga emocional y problemas familiares y de salud, pero no va a disminuir el número de embarazos no deseados ni de abortos (113.031 en 2010, los datos oficiales más recientes).

Al contrario, puede aumentar los abortos clandestinos, que podrían acarrear más ingresos hospitalarios, posteriores problemas de salud e incluso un aumento de la mortalidad. Además, sus secuelas suponen un coste mayor para la endeudada Seguridad Social, afirmaron, remitiéndose a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Por ello, creen que lo ideal sería desarrollar la actual ley, lo que implica la promoción de métodos anticonceptivos, de los servicios de planificación familiar y la educación sexual, entre otros puntos. No en vano, una gran parte de los abortos proceden de mujeres de ámbitos desfavorecidos, en su mayoría inmigrantes.

Los partidos de la oposición también han mostrado su oposición a la ley, con el PSOE a la cabeza, que aprobó en su época en el Gobierno las dos leyes sobre interrupción del embarazo que han existido en las últimas décadas.

"Nos parece absolutamente intolerable, inadmisible, que en este momento cuando tenemos una ley que ofrece garantías a las mujeres y a los profesionales, que es homologable a las que existen en el resto de países europeos, el PP planee una contrarreforma que nos supone volver atrás 35 años", dijo la ex ministra de Sanidad socialista Trinidad Jiménez recientemente.

Sin embargo, los grupos provida han aplaudido la medida, que siguen considerando insuficiente, puesto que ellos abogan por la derogación total de la ley.

"Hemos recibido con satisfacción la decisión de abolir el supuesto eugenésico y esperamos que sirva no sólo para éste punto sino que se extidenda a cualquier tipo de malformación o enfermedad", dijo a Reuters Gádor Joya, pediatra y portavoz de la asociación antiabortista Derecho a Vivir.

Joya, convencida de que en algún momento conseguirán el aborto cero, también pide acabar con el supuesto de los daños psicológicos para la madre, un "coladero" al que se acogían la gran mayoría de las mujeres antes de que entrara en vigor la ley de plazos.

En su lugar, recomienda al gobierno que cree una ley de adopciones que funcione con rapidez y eficacia y apruebe ayudas de apoyo a las mujeres embarazadas.

Las asociaciones provida están recogiendo firmas y planean movilizaciones y manifestaciones en otoño, coincidiendo con la presentación de la ley.