De enero a julio, sólo 30% de las indagatorias del Ministerio Público derivó en auto de formal prisión o vinculación a proceso.
Ciudad de México. En seis meses, poco más de la mitad de los casos que autoridades ministeriales presentaron ante un juez por delitos como trata de personas, crimen organizado, robo de hidrocarburos o contra la salud fue desechada.
De acuerdo con datos del Poder Judicial y del gobierno federal, los jueces de todo el país devolvieron o desecharon 56.1% de las consignaciones que los agentes del Ministerio Público de la Federación les remitieron por diversos ilícitos.
Las estadísticas indican que 30.2% de los ejercicios de acción penal derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso dictado por algún juzgador.
La Procuraduría General de la República explicó que estos indicadores se deben, particularmente, a que la transición al Sistema Penal Acusatorio ha reducido significativamente el número de asuntos penales llevados a proceso mediante averiguaciones previas.
Indicadores del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 exponen que de enero a julio de este 2017 el tiempo promedio para la integración de una indagatoria fue de 811.5 días.
Jueces desechan 56.1% de los casos. En seis meses, poco más de la mitad de los casos que se presentaron ante un juez por delitos como el de trata de personas, crimen organizado, contra la salud o robo de hidrocarburos fueron desechados.
Jueces federales de todo el país devolvieron o desecharon 56.1% de los casos sobre las consignaciones que los agentes del Ministerio Público de la Federación les remitieron por diversos ilícitos.
De acuerdo con información estadística del Poder Judicial y del gobierno federal, 30.2% de ejercicios de la acción penal derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso dictado por algún juzgador.
Según la PGR, el comportamiento atípico del indicador se debe, particularmente, a que la transición al sistema penal acusatorio ha provocado una significativa disminución de los asuntos llevados a proceso mediante averiguaciones previas, lo que supone un cambio sustancial en los presupuestos que le dieron origen.
Los Indicadores del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 y su vinculación con la planeación nacional exponen que en los primeros meses de 2017 el tiempo promedio para la integración de una indagatoria fue de 811.5 días.
Se explicó que esta cifra corresponde a las averiguaciones previas iniciadas y determinadas en el periodo de vigencia del PNPJ 2013-2018; lo anterior, debido a que de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país, la PGR reorganizó internamente a su personal para atender simultáneamente este sistema y los procedimientos penales del sistema anterior, que se encontraban en trámite.
Flagrancia al alza. Organizaciones como CIDAC y México Evalúa indican que 81% de los casos que se iniciaron en 2016 en la PGR fueron sin detenidos, el resto fue en flagrancia; sin embargo, la mayoría de los casos judicializados son con detenidos.
Esto coincide con datos del Poder Judicial, los cuales indican que 99% de las causas penales iniciadas son en flagrancia, lo que significa que la PGR no está siendo capaz de llevar ante los tribunales aquellos casos en los que no hay detenidos.
Excélsior informó que, desde la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, hay 22 mil 888 imputados en todo el territorio nacional, pero apenas 303 personas han sido sentenciadas por algún tipo de delito federal.
Sin embargo, cuatro mil 816 imputados disfrutan de alguna medida cautelar fuera de prisión. De las sentencias emitidas, 225 fueron condenatorias mientras que 78 fueron absolutorias al no poder comprobar la PGR los delitos que se imputaban.
Las medidas cautelares impuestas con mayor frecuencia son la presentación periódica ante un juez federal, el pago de una garantía económica, la prohibición de salir del país, el sometimiento al cuidado de alguna autoridad, así como la prohibición de convivir con determinadas personas. También la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga.
Casos. Un caso emblemático y el más reciente en el que la PGR no pudo sostener ante la justicia sus acusaciones fue el de Guillermo Padrés Dagnino, exgobernador de Sonora,
Fue apenas el 8 de agosto cuando una jueza federal de Toluca, Estado de México, ordenó la absoluta e inmediata libertad de Padrés Dagnino, quien se encontraba recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Cuautla, Morelos.
La resolución de la juzgadora Guillermina Matías Garduño se dio luego de que la PGR concluyera que no existían elementos para seguir el caso en contra de Padrés por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y, por tanto, se desistiera de la acusación formulada meses atrás.
Sobre su papá, el pasado 1 de noviembre un juez federal del Estado de México concluyó que no se aportaron las pruebas suficientes para sostener la acusación por delincuencia organizada, que hizo la PGR contra Padrés.
De acuerdo con documentos judiciales, el juez Alberto Roldán, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ordenó al juez de la causa determinar que, dada la insuficiencia probatoria no encuentre como acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada.
