Ante la fuerte oposición a la ley de aguas en dicho país, se pospuso su aprobación. ¿Se pretende privatizar el vital líquido? DW consultó a expertos sobre los impactos ambientales y sociales de la iniciativa de ley.
En una carta abierta, la organización mexicana Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) advierte sobre la posible aprobación por vía rápida de la Ley General de Aguas, que fue presentada la semana pasada por los partidos PRI, PAN y PVEM. La UCCS no solo critica la opacidad con que esta ley recibió el visto bueno, a puertas cerradas, en comisiones de la Cámara de Diputados, sino también los contenidos de la iniciativa que, a su juicio, violan la Constitución y el derecho internacional. De cara a la creciente oposición a la ley de aguas en México, este martes (9.3.2015), se pospuso su aprobación por tiempo indefinido.
Manlio Fabio Beltrones (PRI), presidente de la Cámara de Diputados, anunció que se abrirá un espacio de participación ciudadana y de expertos ‘‘para que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación de algunos políticos en campaña''.
En entrevista con DW, el hidrogeólogo Rafael Huízar Álvarez, de la Unviersidad Nacional Autónoma de México, critica que la ley no garantiza el derecho humano al agua: “En convenios internacionales, inclusive en la Constitución mexicana, se indica que el consumo mínimo debe ser de 100 litros de agua al día, si es posible un poco más. La ley que ahora quieren establecer considera que 50 litros son suficientes. Eso es una ofensa. ¿Cómo es posible que 50 litros alcancen para que la gente se asee, tome agua y prepare sus alimentos? Es imposible. Está violando el derecho humano al agua”.
¿Se privatizará el agua? Según el geólogo, en la ley se habla de suministrar el vital líquido a las grandes concentraciones urbanas, descritas como “asentamientos humanos”, pero a las poblaciones marginadas no se les considera prioritarias. Esto también afecta a los pueblos indígenas. Los recursos hídricos que se encuentran en sus territorios ancestrales serían usados “para llevar agua a zonas donde esta se paga bien”.
Recientemente Manlio Fabio Beltrones aseguró que “no hay intención privatizadora” del agua. Si bien en el texto no se menciona la privatización del vital líquido, se le considera un bien económico. Asimismo, se habla de la participación de concesionarios privados, por ejemplo de empresas, en la administración del agua.
Al respecto, Dolores Rojas Rubio, de la oficina de la fundación alemana Heinrich Boell, en México, señala que la ley “abre la puerta a una participación amplia e intensa de la iniciativa privada”. La experta critica que, en caso de que se pretenda privatizar el agua, no haya mecanismos regularizadores o “candados” que garantizen el derecho humano al agua. Según Rojas Rubio, muchos usuarios temen que, al tener que pagar los servicios del agua a empresas privadas, las tarifas aumenten desproporcionalmente.
“Medidas extremas”. Para solucionar el problema de la escasez de agua que impera en algunas regiones del país, se propone el trasvase de agua de una cuenca a otra mediante megaproyectos de infraestructura. No obstante, el geólogo Huízar Álvarez apunta que hace falta evaluar con datos duros si realmente hay escasez de agua, puesto que las bases de datos que sirvieron para elaborar la ley son “bastante deficientes”. “Estos trasvases son una excusa para poder llevar agua de un lugar a otro”, acota.
Una de las hipótesis del académico es que el agua de los trasvases estaría destinada a la extracción de gas y petróleo vía “fracking”, que contempla la reforma energética. Por su parte, Dolores Rojas Rubio califica los trasvases como “medidas extremas”, cuyo impacto sobre los ecosistemas aún no se puede vislumbrar. Asimismo, descarta, en declaraciones a DW, que sean la única solución a los problemas del agua en México: “Antes de empezar a pensar en los trasvases, debería haber otras formas de consumo, distribución, captación y reciclaje de agua”.
Límites a la investigación. A nivel académico, la ley enfrenta una fuerte oposición, porque restringe la posibilidad de emprender estudios sobre el agua. Quienes no cuenten con el permiso de la Comisión Nacional del Agua, podrían ser sancionados con hasta 50.000 días de salario mínimo.
“Es algo muy fuerte pensar que como comunidad no puedo pedirle a algún centro de investigación que estudie la calidad del agua que me está llegando”, dice la experta de la fundación Heinrich Böll. Para Huízar Álvarez, la ley limita el derecho a la investigación independiente: “Es como decirle a uno, ‘si el estudio me conviene, te puedo dar permiso, si no me conviene, no'. Todo esto es completamente autoritario, no tiene ni el más nínimo matiz democrático”.
