En 2017, 407 funcionarios judiciales fueron castigados; de 384 procesos por irregularidades que investiga el Consejo de la Judicatura Federal, 290 fueron iniciados este año.
Ciudad de México. Siete magistrados y 14 jueces de distrito, así como 55 subalternos de juzgados y tribunales de todo el país recibieron algún tipo de sanción durante 2017 por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Las sanciones impuestas a los funcionarios titulares van desde apercibimientos privados y amonestaciones hasta suspensión en siete casos y la destitución de un juez de Distrito. Al personal subalterno también le fueron impuestas sanciones semejantes.
Datos del CJF señalan que en el año que termina se castigó en total a 407 empleados judiciales. En el Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscribieron 341 sanciones, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación.
También en este año aumentaron los procedimientos de investigación ante las quejas y denuncias presentadas contra diversos funcionarios judiciales por presuntas irregularidades.
Reportes internos del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indican que en los últimos 12 meses se ordenó la realización de 290 procesos que, acumulados a los 94 existentes desde años anteriores, suman un total de 384 indagatorias.
Detectan irregularidades. Y es que durante 2017 aumentaron los procedimientos de investigación al interior del Poder Judicial de la Federación, ante quejas y denuncias presentadas por presuntas irregularidades por parte de diversos funcionarios judiciales.
Según reportes internos del CJF y de la Suprema Corte, en los últimos 12 meses se ordenó la realización de 290 procesos que, acumulados a los 94 existentes desde años anteriores, suman un total de 384.
Por ejemplo, en materia de anticorrupción, se determinó por primera vez en la historia del Consejo de la Judicatura Federal la primera sanción en contra de un particular en el marco de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, consistente en una inhabilitación por 10 años y la aplicación de una multa económica por 109 millones de pesos (US$5.535.480).
Complicidad. En abril pasado el CJF destituyó al magistrado federal José Guadalupe Luna Altamirano, quien fue acusado de vínculos con la delincuencia organizada y de mala impartición de la justicia por liberar a narcotraficantes.
Tras investigar las sentencias emitidas por Luna Altamirano, y detectar una serie de irregularidades en ellas, los consejeros resolvieron en sesión privada y por unanimidad separarlo definitivamente de su cargo como juzgador.
Apenas en abril, y tras tres años de indagatorias, se confirmó desde la SCJN la destitución del juez Luis Armando Jerezano Treviño, acusado de dictar sentencias irregulares que beneficiaron a casineros.
A principios de 2014 el juzgador fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto enriquecimiento ilícito de alrededor de 28 millones de pesos (US$1.421.960). Además se le indaga en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con las indagatorias que llevaron a su destitución por el CJF, en agosto de 2015 Jerezano Treviño favoreció con sus fallos la operación de sitios de apuestas propiedad de Juan José Rojas Cardona, llamado El Zar de los Casinos.
Subalternos. En octubre, el CJF destituyó e inahibilitó por 20 años a tres funcionarios que usurparon funciones en el juzgado federal que dirigió durante siete meses el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado hace un año en Metepec, Estado de México.
Según las indagatorias de la Comisión de Disciplina del CJF, dos actuarias y un chofer del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en Toluca, incurrieron en irregularidades que fueron denunciadas en 2016 por el propio Bermúdez Zacarías, pues realizaron labores que no les correspondían en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Se trata de Mayumi Guadalupe Sánchez, esposa del juez Jorge Arturo Porras Gutiérrez, antecesor de Bermúdez en el cargo. La actuaria interpuso, dos días después del homicidio de su jefe, un amparo para intentar evitar cualquier orden de aprehensión.
