En el caso del secuestro se ha generado el fenómeno de los negociadores privados, de los cuales la mayoría no cuenta con certificación oficial. Los especialistas certificados apenas son 89 y hay más de 400 que trabajan de manera informal.
Excelsior.com.mx. En promedio, al año surgen 40 organizaciones delictivas dedicadas al secuestro en México, que exigen desde 5.000 (US$390) hasta 40 millones de pesos (US$3 millones) por liberar a su víctima, revelan fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
Tan sólo en la Ciudad de México la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha detectado el resurgimiento de 20 bandas de plagiarios por año, a partir de 2009.
La PGR establece que de los delitos de alto impacto en el país emergen otras actividades. En el caso del secuestro se ha generado el fenómeno de los negociadores privados, de los cuales la mayoría no cuenta con certificación oficial. Los especialistas certificados apenas son 89 y hay más de 400 que trabajan de manera informal.
Esos especialistas obtienen ingresos millonarios. Sin embargo, 95% de los casos en manos de los negociadores piratas terminan en la muerte de la víctima.
Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, advierte del error que es contratar a negociadores privados, pues se presta a “verdaderos asaltos”, porque no tienen la profesionalización requerida por las autoridades.
Negociadores pirata cobran con sangre. En aquellos casos de secuestro en los que llegan a intervenir negociadores privados sin experiencia, la autoridad ha documentado que 95% de las víctimas pierde la vida a manos de los plagiarios.
Se trata de un problema que la Procuraduría General de la República ha detectado, pues debido al notable incremento del secuestro en el país han surgido otras actividades ilícitas adyacentes al flagelo, por ejemplo, la multiplicación de “supuestos especialistas”.
Los también llamados negociadores pirata son ex policías o ex funcionarios públicos federales; algunos, incluso, trabajaron en la misma PGR.
Se trata de negociadores privados, quienes cobran de 50.000 (US$3.905) hasta un alto porcentaje en millones de pesos por mediar en la liberación de una víctima de secuestro.
La PGR establece que los delitos de alto impacto en el país, como el secuestro, generan en promedio el surgimiento de alrededor de 40 bandas de plagiarios al año. Estos criminales piden desde 5.000 pesos hasta 40 millones de pesos por liberar a un secuestrado.
En lo que las autoridades han llamado “las ganancias de la industria del dolor”, la PGR revela, mediante una respuesta de información pública, que oficialmente existen 89 negociadores o manejadores de crisis registrados en todo el país por parte de autoridades encargadas de procurar justicia, quienes han aprobado diversos exámenes de confianza y son autorizados a intervenir en casos de secuestro.
Estos negociadores oficiales están adscritos a las unidades antisecuestro de cada entidad; sin embargo, por cada negociador oficial se estima que existen alrededor de cinco que trabajan por su cuenta, que sumarían 445 piratas, que venden muy caros sus servicios.
El secuestro en México ha generado diversas actividades ilícitas que las autoridades federales han denominado “las ganancias de la industria del dolor”, refiriéndose a aquellas “utilidades” obtenidas por personas que se hacen pasar por expertos en manejo de crisis y de negociación.
De acuerdo con información de la PGR obtenida por Excélsior, en el país existen oficialmente profesionales a los que se les reconoce como “negociadores”: personas que han sido certificadas no sólo por la dependencia federal sino por las procuradurías de Justicia estatales y del Distrito Federal.
Sin embargo, pululan aquellos que por haber trabajado en una corporación policiaca, en alguna área de la procuración de justicia estatal o federal, se sienten capaces y preparados para manejar una crisis familiar provocada por la privación ilegal de la libertad de un ser querido.
Tales negociadores venden caros sus servicios, haciéndole creer a las familias que por su experiencia y probidad pueden salvar la vida del plagiado; ellos reciben las llamadas de los secuestradores, haciéndose pasar por un familiar, o asesoran de manera directa a la familia afectada para negociar con los plagiarios.
La PGR, sin embargo, establece que en la mayoría de los casos los resultados son fatales.
En el país, la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro no prohíbe a los negociadores privados llevar a cabo su actividad; esto ni siquiera se sanciona. Aunque en 13 estados la ley local considera sanciones que van de tres a ocho años de prisión.
Martí: mala decisión. Alejandro Martí, presidente de la organización S.O.S, precisa que es un error contratar a negociadores privados, pues se presta a “verdaderos asaltos”, porque no tienen la profesionalización de la autoridad.
“Cuando fue el secuestro de mi hijo contraté a un negociador privado. En ese momento no sabía qué hacer y finalmente resultó ser uno de los errores más graves que he cometido en mi vida; son muy malos y muy caros, explotan el sufrimiento de la gente.”
El empresario señaló que en la organización que han integrado, uno de los aspectos que han trabajado con las autoridades es la creación de unidades antisecuestro y ponen énfasis en que exista gente profesional, entre ellos buenos negociadores.
“Ya hay muy buenos departamentos antisecuestro en el país, caso concreto la SIEDO, la policía federal y muchísimos estados donde hay gente muy capacitada.
“Y en nuestra organización cuando recibimos alguna súplica de ayuda por un tema de éstos, inmediatamente lo referimos a la autoridad y tenemos excelentes resultados, porque no hay que contratar negociadores privados que se prestan, (entre) el gran dolor que se tiene, al gran problema del cobro y el abuso de esta gente”, preciso Martí.
El DF tiene a 15 profesionales. Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal especial Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), señala que los negociadores privados en la Ciudad de México son castigados si realizan una actividad ilícita que viola la ley.
“De un negociador tenemos que ver que sea una persona especializada y no necesariamente que tenga un perfil profesional. Pueden ser policías, o pueden ser ingenieros, pero debe ser la personalidad del elemento la que nos lleve a tener lo necesario” precisó Montes de Oca, quien dijo que en el DF hay 15 de éstos.
El funcionario explicó que un negociador es muy importante en un secuestro, porque la vida de la víctima está en juego, y de él depende no sólo que se acorte el tiempo de cautiverio, sino el que pueda sufrir menos y salvaguardar el patrimonio de las familias.
“El objetivo principal de la unidad antisecuestros es cuidar la vida de la víctima, y antes de intentar cualquier rescate tenemos que ver que la víctima no corra peligro.
Las crisis familiares en torno a un secuestro son las más difíciles de llevar a cabo, pues en la mayoría de los casos se desestabiliza todo el núcleo familiar y se genera desconfianza y dolor.
A la fecha, el funcionario señala que los negociadores interactúan en todo momento con otras tres áreas fundamentales: la de análisis tácticos, la de investigación y la de operación, equipos perfectamente integrados, que les permite el rescate de víctimas, pero que no requieren del negociador privado.
En promedio, la Fiscalía Antisecuestros de la PGJDF ha detectado el resurgimiento de 20 bandas de secuestradores cada año desde 2009 en la capital.
Trabajan en células. Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en México los grupos de plagiarios usan el teléfono celular como forma de comunicación entre los integrantes, pues cada uno lleva a cabo una acción específica.
Describe que, en la mayoría de las ocasiones, los integrantes de una banda de plagiarios ni siquiera se conocen entre sí, pues son reclutados por intermediarios, quienes les informan lo estrictamente necesario, para no poner en riesgo la operación.
Perfil de los negociadores. Los mediadores oficiales en casos de secuestro, que son certificados por las autoridades federales, como la PGR, no deben tener una profesión determinada, pero sí son personas con una gran facilidad de negociación, asegura Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal especial Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Describe que en el Distrito Federal se escoge a profesionales, a personas fuertes de carácter y de gran inteligencia, porque tienen que lidiar con gente sin escrúpulos y que usan un alto grado de violencia.
Negociadores pirata. En contraste, los “supuestos especialistas”, que también son llamados negociadores patito, son ex policías o ex funcionarios públicos federales o estatales que laboraron en la procuración de justicia; algunos, incluso, trabajaron en la Procuraduría General de la República.
Se trata de negociadores privados, quienes medran con el dolor ajeno, pues cobran de 50.000 hasta un alto porcentaje en millones de pesos por mediar en la liberación de una víctima de secuestro.
Cómo seleccionan a las víctimas. Una de las actividades más importantes del secuestrador es la selección de la víctima de este delito.
Los delincuentes buscan obtener información de las potenciales víctimas, principalmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, entre otros.
Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), precisa que las víctimas de plagios son elegidas por diversas situaciones.
En la mayoría de los casos los delincuentes secuestran a personas del sexo masculino, no sólo por tratarse de quienes generan más recursos económicos en sus familias, sino porque es más fácil convencer a una mujer de pagar un rescate.
Explica que escasamente secuestran a menores de edad, debido a los cuidados y gastos que genera la atención de los pequeños.
En el país, un alto porcentaje de los plagios se realizan cuando la víctima se dirige a su casa o al trabajo, debido a la costumbre de utilizar las mismas rutas y horarios, lo cual facilita el acto ilícito.
