Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), actualmente hay en el país 33.482 personas en México cuyo paradero es desconocido.
Ciudad de México. La periodista Dulcina Parra González cubre desde hace más de dos décadas la fuente policial en una estación de radio local en Sinaloa. El estado ubicado en el noroeste de México es célebre por ser la cuna de sanginarios narcotraficantes, como el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín 'el Chapo' Guzmán. "Desde hace unos diez años los pobladores de la zona, que desconfiaban de las autoridades, comenzaron a llamarme para informarme de algún delito del que habían sido testigos".
Los testimonios de los radioescuchas llevó a la periodista a encontrar cuerpos de desaparecidos. "Me contaban que habían visto jóvenes sepultados de manera clandestina, que estaban en fosas". La periodista fue invitada por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, techo de quince organizaciones, para escuchar la experiencia de la reportera que trabaja en uno de los lugares más peligrosos de México.
Las rastreadoras de Sinaloa. Hace tres años la periodista recibió la llamada de Mirna Nereyda Medina. Le pidió ayuda para buscar a su hijo que había sido secuestrado por hombres armados, aparentemente policías federales. Lo que vivió la mujer ejemplifica la indefensión de la población ante las desapariciones. "Las autoridades le dijeron que a su hijo se lo había llevado una patrulla clonada, y que ellos no buscan, que investigan cuando los encuentran, ya sea vivos o muertos", cuenta Dulcina Parra.
Nereyda Medina fundó la organización Las rastreadoras del Fuerte, a la que pertenecen actualmente unas 580 familias. La mayoría son mujeres, que ante la inacción de las autoridades comenzaron a buscar ellas mismas a sus familiares desaparecidos. Hasta la fecha han encontrado 104 cuerpos. "La mayoría con el tiro de gracia en la cabeza", cuenta la periodista.
"En el 90% de los casos que hemos documentado, a través de las rastreadoras y de las denuncias de la ciudadanía, la policía municipal está coludida con grupos criminales, trabajan para ellos", asegura Dulcina Parra.
Desde agosto de 2016, el estado de Sinaloa cuenta con un laboratorio genético que agiliza la identificación de los cuerpos, sin embargo la informadora destaca que muchos sufren lo que ella llama una doble desaparición. "Después de que desaparecen los encontramos en fosas clandestinas y como no son identificados acaban en las fosas comunes de las procuradurías de Justicia estatales".
Crisis humanitaria. Dolores González Saravia, fundadora de la organización Serapaz, agrupación civil que trabaja para la reconciliación y la transformación positiva de conflictos, también fue invitada por las organizaciones alemanas. Se entrevistó con diputados alemanes y funcionarios del Ministerio alemán del Exterior que siguen el tema de los desaparecidos en México. La activista destaca el enorme desfase entre las leyes y la práctica, pues el Estado mexicano cuenta con unos 200 instrumentos internacionales de DD. HH.
"A partir de 2007 vivimos una espiral de violencia en donde hay un nivel altísimo de corrupción y colusión de sectores del Estado con la criminalidad. Es una crisis de Derechos Humanos, una crisis humanitaria que sufren muchas personas que padecen este flagelo. Más de 100.000 muertos en el sexenio y más de 33.000 desaparecidos reconocidos oficialmente nos dicen de qué tamaño es el problema. La desaparición forzada es, sin duda, un gran desafío. Nosotros esperamos que la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, que acaba de ser aprobada, sea un instrumento útil para romper este círculo de impunidad y violencia", señala la activista.
Ley sobre la desaparición forzada. González Saravia explica por qué el colectivo de más de 50 organizaciones presionó para que la ley incluyera la desaparición cometida por particulares. "En muchos casos no se logra probar la participación de agentes del Estado, la aquiesencia, la omisión o inacción de los aparatos del Estado y mientras no podamos probarla no se podría aplicar esta ley que contiene instrumentos importantes para la búsqueda, para la investigación y para los derechos de las víctimas", destaca.
Al incluir las dos posibilidades se ampara al mayor número de víctimas bajo la nueva ley. La nueva normativa establece penas de cárcel de hasta 60 años y multas que pueden llegar hasta el equivalente a casi 85.000 dólares para quienes cometan ese delito. La ley contempla agraviantes de hasta un 50% si las víctimas son personas vulnerables, niños, ancianos, mujeres, periodistas o defensores de Derechos Humanos.
"Esta ley fue construida en gran medida con los aportes de las víctimas. En la propuesta inicial del Estado no incluía la búsqueda, ahora la ley tiene una enorme centralidad en la búsqueda y esto es la aportación de colectivos y de familiares. La ley incorpora una figura de participación de los familiares en los estados, y en los aparatos nacionales que se crean con la nueva ley, como una Comisión Nacional de Búsqueda y Fiscalías especializadas", explica González Saravia.
Registro de desaparecidos deficiente. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), actualmente hay en el país 33.482 personas en México cuyo paradero es desconocido. Una de las mayores críticas de las organizaciones civiles es que en el actual registro hay una documentación deficiente lo que imposibilita la búsqueda.
El registro está dividido entre fuero común, integrado por las denuncias registradas por las autoridades estatales, y el fuero federal, en donde se registran los desaparecidos cuyas denuncias competen a las autoridades federales. "El grueso de los desaparecidos está en el fuero común, con unas 32.000 personas, mientras que el fuero federal figuran unas 1.000", afirma Carolina Torreblanca, de la organización Data Cívica.
El registro oficial es manejado por la Procuraduría General de la República (PGR) y está en línea, pero mientras que en el fuero federal se publican los nombres de las personas desaparecidas, en el fuero común no. Son renglones en donde sólo figuran datos como complexión física, altura, fecha de la desaparición, etc.
"El que no aparezcan los nombres hace casi imposible darle seguimiento a sus casos y menos identificar errores en la base de datos", afirma Carolina Torreblanca, de Data Cívica. "El nombre es algo que obviamente el gobierno conoce, pero que no publica argumentando la protección de datos personales".
La activista explica que tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, se publican los nombres de los desaparecidos en el fuero federal, pero no así los desaparecidos que figuran en el fuero común, donde se encuentra el mayor número de desaparecidos en México. "Cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos sabemos que debe imperar el principio de máxima visibilidad".
Diccionario de nombres comunes. Data Cívica descifró los nombres de 31.968 desaparecidos que se encuentran en el registro bajo el fuero común a partir de la creación de un "diccionario de nombres comunes" con base en los padrones de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Serapaz trabajó con Data Cívica junto con una docena de organizaciones en la elaboración de ese registro. Dolores González Saravia explica que la nueva ley sobre desaparecidos reconoce el problema al aceptar la necesidad de una plataforma tecnológica que cruce todos los bancos de datos, los forenses, los carcelarios, los hospitalarios, los migratorios, etc.
La activista señala que los nombres que identificó Data Cívica no son públicos, no cualquier persona puede acceder a ellos. Tienen acceso las organizaciones que acompañan a los familiares de desaparecidos, y los abogados que llevan los casos. "Lo más grave que tenemos ante la desaparición es la falta de búsqueda inmediata, la falta de información inmediata. Las familias se tardan semanas en colectar la primera información y esto pone totalmente en riesgo a la persona desaparecida".
Tras el ejercicio realizado por Data Cívica, el colectivo de organizaciones trabaja ahora en la creación de una plataforma tecnológica que cruce todos los bancos de datos y permita la búsqueda inmediata de los desaparecidos.
