En comparación, son casi 2.000 casos más que el domingo, cuando se informó de 7.519 positivos. Además hay 901 pacientes hospitalizados con coronavirus, de los cuales 143 se encuentran en cuidados intensivos con respiración mecánica.
Lima. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha asegurado este lunes que hay una "tendencia a la baja" en la curva de contagios de coronavirus en el país y ha informado de que los casos suman ya 9.784 mientras que hay 193 muertos.
En comparación, son casi 2.000 casos más que el domingo, cuando se informó de 7.519 positivos. Además hay 901 pacientes hospitalizados con coronavirus, de los cuales 143 se encuentran en cuidados intensivos con respiración mecánica.
Perú impuso el 15 de marzo el aislamiento social obligatorio como cuarentena para evitar el contagio del coronavirus. En días posteriores se más restricciones como el toque de queda.
Petición de libertad para Fujimori. Mientras, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar, ha respondido a la petición de libertad para el expresidente Alberto Fujimori alegando que las condiciones en la cárcel de Barbadillo en las que está interno no son de riesgo.
"Evidentemente, el nivel de riesgo no es tan alto como en otros penales que hay hacinamiento", ha declarado Villar, según recoge el diario peruano 'El Comercio'.
Este mismo lunes la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, ha solicitado en redes sociales que se permita que su padre abandonar la prisión por considerar que corre riesgo de contagiarse de coronavirus.
"No solo pido se interponga un hábeas corpus en favor de mi padre, sino que las autoridades evalúen toda alternativa legal que le permita dejar la prisión en la que se encuentra", ha apuntado. "Está débil producto de las dolencias crónicas que padece y el seguir en contacto con personal que todos los días llega desde la calle es un riesgo muy grande para su vida", ha subrayado Fujimori.
Alberto Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000 está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.