Se espera que de manera progresiva el Ministerio de Economía y Finanzas entreguemayores recursos para la implementación de salas y juzgados encargados de la lucha contra la corrupción.
Perú. El presupuesto del próximo año del Poder Judicial (PJ) contempla una partida de US$2,7 millones para la creación de 16 órganos jurisdiccionales anticorrupción en las ocho regiones del país con mayor número de procesados por ese delito, informó su presidente Duberlí Rodríguez .
Se trata de los distritos judiciales de Áncash (2,578), Junín (1,634), Cusco (1,384), Lambayeque (943), La Libertad (917), Puno (760), Arequipa (591) y Ayacucho (586).
Rodríguez Tineo dijo esperar que, de manera progresiva, el Ministerio de Economía y Finanzas entregue a su sector mayores recursos para la implementación de salas y juzgados encargados de lucha contra ese flagelo en las 33 cortes que funcionan en todo el territorio nacional.
Explicó que el Gobierno Central ha destinado también una suma similar para el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que coordina la magistrada Susana Castañeda Otsu, a fin de que continúe con los procesos por el denominado Caso Odebrecht.
También anunció que el presupuesto contempla US$2,1 millones para la creación de dos módulos integrados de justicia en violencia familiar, similares al que funciona desde marzo último en Villa El Salvador y con resultados bastante positivos.
Bono. Por otro lado, el titular de la Corte Suprema detalló que en la actualidad laboran 3 mil 066 magistrados en todo el país, de los cuales 2 mil 729 ocupan plazas presupuestas en su calidad de jueces titulares y 337 trabajan en salas y juzgados transitorios.
Los jueces provisionales y supernumerarios son en total 301, de esa cantidad 199 plazas (73%) están en concurso ante el Consejo Nacional de la Magistratura y las 102 restantes (37%), aún no han sido convocadas por razones económicas.
En este último caso, el Consejo Ejecutivo a dispuesto incluir en el presupuesto del próximo año (que asciende a US$683 millones), una partida de US$6,6 millones para el pago de gastos operativos, vía bonos, a los magistrados provisionales y supernumerarios, cuyas remuneraciones no superan los US$900.
“Un juez supernumerario es por lo general un abogado libre al que invitamos en la Judicatura y tiene un sueldo menor al de un secretario o relator”, indicó.
Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, Rodríguez Tineo, explicó que la intención del bono es evitar que los referidos magistrados, cuyas plazas son las menores en el Poder Judicial, sean tentados por la corrupción debido a sus bajos ingresos.