El proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados, indica que el medio que publique ideas racistas y discriminatorias "será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento".

La Paz. La oposición conservadora, empresarios y organizaciones de periodistas de Bolivia denunciaron el martes como un atentado a la libertad de expresión un proyecto de ley que prevé la clausura de medios que divulguen mensajes de corte racista.

Pero el presidente Evo Morales, quien cuenta con respaldo de mayoría calificada en las dos cámaras legislativas, dio pocas esperanzas de modificar la llamada Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, defendiéndola como parte de un proceso de "descolonización" del país.

El proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados y en trámite de ratificación en el Senado, indica su artículo más polémico que el medio que publique ideas racistas y discriminatorias "será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento".

La inclusión de esta disposición rompió el consenso que había caracterizado al largo proceso de redacción de la ley contra el racismo, la primera de su tipo en un país de mayoría indígena en el que las diferencias sociales y raciales han ganado notoriedad desde que Morales llegó al poder en el 2006.

El senador derechista Germán Antelo dijo a reporteros que la oposición conservadora dará "una dura pelea en defensa de las libertades democráticas" para forzar al oficialismo a cambiar el proyecto, que consideró alineado con el discurso del presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Morales.

"Queremos una ley equitativa y justa para todos, que no se utilice la lucha contra el racismo como pretexto para imponer una ley mordaza", declaró el representante del distrito oriental de Santa Cruz, motor económico del país y base de la mayor parte de las cadenas domésticas de televisión.

La Asociación Nacional de la Prensa, de propietarios de diarios, envió el martes una carta al Senado en la que exigió la eliminación del artículo cuestionado, calificándolo como "una flagrante censura de prensa y una violación de la Constitución y las convenciones internacionales sobre derechos humanos".

La Asociación de Periodistas de La Paz, la mayor de su tipo en el país, dijo que consideraba elevar una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si el oficialismo rehusaba reconsiderar el proyecto.

"No se puede penalizar a un medio por las opiniones de terceros", dijo el presidente de esa asociación, Pedro Glasinovic, en consonancia con una ola de pronunciamientos de sindicatos de trabajadores de diarios, radios y canales de televisión.

"Descolonización". Saliendo al paso de estas críticas, Morales dijo en conferencia de prensa que él mismo fue víctima de discriminación, inclusive ya como presidente, y evitó comprometerse a revisar el proyecto de ley.

"Desde la vigencia de la nueva Carta Magna, que fue elaborada y aprobada por el pueblo en un referéndum (en enero del 2009), ya no existen en Bolivia ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, todos somos iguales", proclamó el gobernante, reelecto hace nueve meses.

El también líder cocalero, quien calificó alguna vez como enemigos a los grandes medios locales, aseguró que con la nueva Constitución "plurinacional" y la ley contra el racismo "Bolivia ha comenzado a andar hacia una descolonización".

"Nuestros pueblos han sufrido en el pasado hasta escarmientos (...), amedrentamientos y violaciones a los derechos humanos, pero el racismo y la discriminación social pueden ser superados con una actitud de solidaridad y complementariedad", añadió.

El senador oficialista Eduardo Maldonado, presidente de la Comisión de Constitución que revisará el proyecto antes de su votación en las cámaras, dijo que escucharía a periodistas y propietarios de medios, pero también a organizaciones sociales, mayoritariamente afines al Gobierno.

"Vamos a abrir las puertas, ésta es una ley fundamental que nos tiene que ayudar a avanzar como sociedad y vamos a debatir con la sociedad civil, organizaciones sociales y de derechos humanos, trabajadores de prensa y pueblos indígenas", anunció.