El total de ejecuciones hipotecarias judiciales en España ha ascendido a cerca de 400.000 desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El primer ministro conservador de España y el líder de la oposición buscan acordar medidas este lunes para frenar los desalojos de los propietarios de inmuebles por parte de los bancos luego de que el suicidio de una mujer por el embargo de su propiedad provocó la ira del público.
"El objetivo del texto es que nadie se quede sin casa", dijo este sábado Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general de los socialistas, de cara a la reunión del lunes con el Partido Popular en la que se prevé que salga un acuerdo para paralizar los desalojos.
El prestamista hipotecario del norte de España Kutxabank dijo que suspendería las ejecuciones hipotecarias después de que la ex edil socialista, Amaia Egaña, se arrojó este viernes desde el balcón de su departamento en un cuarto piso en Barakaldo, en el País Vasco, mientras funcionarios de la corte subían las escaleras para desalojarla.
La muerte de Egaña, el segundo suicidio relacionado con los embargos en España en las últimas semanas, sumó urgencia a un acuerdo alcanzado el miércoles entre el gobernante Partido Popular y los socialistas para buscar una solución bipartidista a las ejecuciones hipotecarias.
Graffitis que acusan a los banqueros de asesinato y que piden el fin de los desalojos aparecieron este sábado en algunas oficinas bancarias en el País Vasco, reportaron medios españoles.
"Estamos viendo cosas que a nadie nos gustaría ver, situaciones que son inhumanas", dijo Rajoy durante un mitin del PP en Lérida enmarcado en la campaña para las elecciones catalanas.
Una medida sería otorgar períodos de gracia, reportaron medios españoles. Rajoy dijo que las reglas no serían retroactivas, mientras que Rubalcaba pidió que los desalojos previos sean incluidos.
El total de ejecuciones hipotecarias judiciales en España ha ascendido a cerca de 400.000 desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El desempleo alcanzó 25% en el tercer trimestre, un nivel récord, y la Comisión Europea espera que la economía se contraiga 1,4% este año y el próximo, a medida que se prolonga la segunda recesión desde fines de 2009.
La semana pasada, La fiscal general de la Unión Europea Juliane Kokott emitió un reporte no vinculante que concluye que la legislación española sobre los desalojos contradice las normas europeas para proteger los derechos de los consumidores. El mayor tribunal de Europa ahora deberá entregar una opinión.
José Miguel Domingo, dueño de un puesto de revistas en Granada, en el sur de España, se ahorcó el 25 de octubre, antes de que perdiera su casa, reportaron medios locales.
En la misma semana, un hombre desempleado en Burjassot, un pueblo en la región de Valencia, al este del país, se arrojó desde un balcón el día en que su familia debía ser desalojada de su departamento. Reportes dijeron que el hombre sobrevivió a la caída.
