Si bien las muertes maternas prevenibles y evitables se redujeron significativamente entre 1990 y 2011, la cifra sigue siendo alta: 43 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos cada año.

Excelsior.com.mx. A pesar de contar con recursos profesionales e institucionales para lograrlo, México no podrá alcanzar la meta de reducir la mortalidad materna como se había comprometido ante la ONU.

El temor ventilado por organizaciones no gubernamentales y legisladores se confirmó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentado este lunes por el presidente Enrique Peña.

El documento revela que si bien las muertes maternas prevenibles y evitables se redujeron significativamente entre 1990 y 2011, la cifra sigue siendo alta: 43 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos cada año.

La meta comprometida por México en los Objetivos de Desarrollo del Milenio era bajar a 22 defunciones para 2015. Sin embargo, en el diagnóstico sobre las condiciones sociales del país, la administración federal alertó que la realidad está muy lejana.

“Existen logros sustantivos en diversos indicadores como el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad infantil. Queda pendiente avanzar en algunos indicadores clave de salud”, se afirma en el PND.

El documento hace referencia entonces a la mortalidad materna que, indica, “se redujo a menos de la mitad entre 1990 y 2011, al pasar de 89 a 43 defunciones de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos”.

En seguida, el PND asume la dificultad de cubrir los compromisos contraídos: “No obstante, este indicador se encuentra lejos de alcanzar la meta de 22 defunciones propuesta para 2015, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio pactados con países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alcanzar una mejor calidad de vida de la población”.

Según cifras de ONG, en 2011 fallecieron 977 mexicanas por diversas causas relacionadas con el embarazo y el parto.

Al respecto, Lucía Mícher, quien preside la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, consideró que el eminente fracaso de esa meta es “una vergüenza” para México.

La legisladora perredista ya había advertido en marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que la información compilada por la ONU revelaba el atraso del país y la imposibilidad de cubrir la meta.

“Los Objetivos del Milenio, establecidos por los países miembros de Naciones Unidas, consideran reducir para 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes y también bajar la tasa de embarazos de adolescentes. Estamos muy lejos de alcanzar los Objetivos del Milenio en la materia e incluso de cumplir con la meta que se puso el gobierno federal en el Plan Nacional de Población 2008-2012, que establece 58 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes.”

Detalló Mícher que México se encuentra casi al mismo nivel de otros países de la región, como Brasil, Colombia y Paraguay; al tiempo que el rezago es comparable con el de países africanos como Ghana y Etiopía.

En abril pasado, se impulsó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a los Congresos estatales a que armonicen su legislación, a fin de que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo, bajo las casuales previstas en los códigos penales.

La recomendación era extensiva a los gobiernos estatales para proveer los servicios de Salud correspondientes. Y es que una parte de las muertes maternas se vinculan con la práctica clandestina de los abortos.

Para documentar este problema, en diciembre pasado la diputada Verónica Juárez Piña, quien preside la Comisión de Derechos de la Niñez, propuso un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que hiciera públicos, a través de la Secretaría de Salud, los avances en la atención de la muerte materna en el país, y para que se diseñaran y aplicaran políticas públicas destinadas a combatirla.

Argumentó entonces que era imprescindible acelerar el paso a dos años de entregar cuentas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La iniciativa no prosperó y dos meses después se consideró desechada.

La diputada perredista señaló que el problema continúa, siendo un indicador de pobreza e injusticia social, concentrado en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México y Veracruz.

Ofreció estadísticas: ocho municipios guerrerenses concentran la tercera parte de las muertes maternas, con un saldo anual de 21 muertes.

Significa que las mujeres fallecen durante el embarazo, el parto o el posparto, por complicaciones obstétricas superables en un servicio médico promedio.

En Oaxaca, de los 58 municipios identificados de alta marginación, 13 registraron 19 muertes maternas. Las mujeres de los países pobres tienen 300 veces más posibilidades de morir durante el embarazo o el parto que las de las naciones ricas, comparó Juárez.

Según cifras de la ONU, cada año fallece más de medio millón de mujeres en el mundo durante la gestación o el alumbramiento; 99% de los casos se produce en las naciones en desarrollo.

Entre las causas de muerte materna destacan problemas en el parto, 34,2%; hipertensión, 23,2%; hemorragias, 21,3%; aborto inducido, 8,4%, e infecciones, 5,6%.

Los Objetivos del Milenio, comprometieron en 2000 a 189 países a reducir muertes por falta de servicios y garantizar el acceso universal a la salud reproductiva.

Maternidad discapacita a 30.000 al año. Cada año en México 30.000 mujeres sufren alguna discapacidad por complicaciones de salud durante el embarazo, el parto o el posparto; es decir, que a diario, más de 82 mexicanas terminan con algún problema de salud derivados de la maternidad.

Cifras del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes revelan que al año fallecen 1.000 mujeres por problemas en la maternidad, pero también hay otras 30.000 que quedan con alguna lesión o enfermedad, lo cual representa un grave problema social, porque los bebés no tendrán una madre completamente sana para atenderlos.

“Estamos hablando de 30.000 mujeres que van a sufrir una discapacidad al año y por cada mujer en estas condiciones hay un promedio de tres niños que van a carecer de la figura materna sana”, explicó Javier Mancilla Ramírez, director general del hospital considerado de la más alta especialidad en la atención a mujeres embarazadas, partos y recién nacidos.

El especialista comentó que al año en promedio hay dos millones de nacimientos en México, de los cuales alrededor de 100.000 bebés “no tienen una figura materna adecuada”, debido a la discapacidad que sufrirán sus madres, “y esto representa un problema verdaderamente importante para la sociedad”.

La víspera del Día de Acción Internacional por la Salud de la Mujer, que se celebra cada 28 de mayo, el doctor Mancilla Ramírez señaló que la mortalidad materna sigue siendo un problema de salud pública en México.

Agregó que también es muy grave que un porcentaje de las que logran sobrevivir queden con alguna limitación física, a causa de un problema en el embarazo, el parto o el puerperio.

Durante un recorrido por diferentes unidades médicas y de investigación que destacan al Instituto como uno de los hospitales más especializados en atención de embarazos y neonatos, el director general señaló que en la actualidad las muertes maternas principales son ocasionadas por la preeclampsia durante el embarazo y hemorragia durante el parto.

El mayor número de fallecimientos maternos, precisó Mancilla, ocurre en el Estado de México, sobre todo en Ecatepec y Nezahualcóyotl, así como en el Distrito Federal, Guerrero y Chiapas, aunque once municipios son los que concentran las tasas más altas de mortalidad materna.

Al respecto, Mario Guzmán Huerta, jefe del Departamento de Medicina Fetal de ese Instituto, detalló que la prevalencia de preeclampsia en México es de entre 8% y 12%, lo que ocasiona muertes debido a que la hipertensión arterial durante el embarazo no fue controlada.

El director general de Perinatología alertó que los embarazos en mujeres adolescentes han aumentado en vez de disminuir, pues por cada cuatro embarazadas en el país, una es menor de 18 años.

Pero lo más grave, advirtió el funcionario, es que esas “niñas” ahora saben que pueden quedar embarazadas y aunque 80% de ellas lo deseaban, no están preparadas para ser madres.

Dentro de los estudios que ha realizado los equipos de investigación y médico de Perinatología, también es alarmante que al año 25.000 niñas menores de 13 años queden embarazadas, de las cuales, “seguramente”, gran parte de ellas fue violada, aunque no existen denuncias o cifras que lo constaten.

Consideró muy importante difundir entre las mujeres que desean embarazarse la necesidad de que no suban de peso, ya que entre las que viven en condiciones menos favorables, más de la mitad de las embarazadas tiene sobrepeso y obesidad, mientras que 15% padece desnutrición.

Ex titular de Sedesol niega ineficiencia en gasto social. El PAN rechazó este viernes en la Cámara de Diputados el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) sobre la ineficiencia de las políticas sociales, y calificó como falso el señalamiento de que sólo 10% de tales recursos logran aliviar la pobreza de la quinta parte de los mexicanos que la padecen.

Beatriz Zavala Peniche, diputada federal y ex secretaria de Desarrollo Social, analizó en entrevista algunas premisas expuestas en el documento presentado el lunes pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.

“Comparto la opinión de que no existe una coordinación eficiente entre los diferentes órdenes de gobierno, lo cual conlleva a una duplicidad de funciones en los programas sociales, un manejo inapropiado de los recursos públicos y a una definición incorrecta de los beneficiarios.”

Destacó que cuando en la presente Legislatura propuso una iniciativa que buscaba solucionar esa situación, con un padrón nacional de beneficiarios y una base de datos de desarrollo social única, sumando información de los programas federales, estatales y municipales, “la Comisión de Desarrollo Social (presidida por el priista Fernando Charleston) y con el voto mayoritario de los diputados de ese partido, la rechazó”.

La negativa priista se dio —recordó— con el argumento de que se generaría una innecesaria duplicidad de información; lamentó que se perdiera la oportunidad de avanzar en la transparencia.

“Resulta paradójico que el PND propuesto por el gobierno federal advierta la necesidad de contar con un instrumento que evite la duplicidad de programas y la falta de coordinación, cuando los diputados de su partido se negaron a ello”, cuestionó Zavala.

Responsable de la política social en la primera parte del sexenio anterior, la legisladora sostuvo que “es falso decir que el gasto público social no haya favorecido la reducción de la pobreza en años recientes”.

Se refirió a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): la pobreza alimentaria disminuyó de 23,7 millones de personas en 2000 a 21,2 millones en 2010, es decir más de 2,5 millones de personas; la pobreza extrema disminuyó de 10,6% a 10,4% entre 2008 y 2010, “aun en el contexto de la crisis económica internacional más importante de las últimas décadas”.

Dijo que la desigualdad en el ingreso disminuyó 9,3% entre 2000 y 2010 y atribuyó estos resultados al programa Oportunidades, el cual beneficia a 6,5 millones de familias.

De la afirmación de que únicamente 10% del gasto social se destina a la quinta parte de los mexicanos que padecen mayor marginación, mientras que 50% del presupuesto beneficia al sector social en mejores condiciones económicas, “esto es falso”, alegó.

“El gasto social en los últimos dos gobiernos fue dirigido a las familias de más escasos recursos, y las atiende eficazmente.”

Zavala consideró que hubo avances porque los programas se manejaron “con criterios técnicos y no electorales, como en el pasado” y con reglas de operación de las que carece aún la Cruzada contra el Hambre, el plan antipobreza del actual sexenio.

Admitió que falta dotar al Coneval de más autonomía, pero reivindicó que en los gobiernos panistas hubo rendición de cuentas y evaluación, contribuyendo a que el gasto se dirigiera a poblaciones necesitadas.

“Es cierto que aún quedan retos por resolver; existen distorsiones y manejo inapropiado de recursos públicos que deberían ser usados para el desarrollo social. (...) El verdadero riesgo es que los recursos destinados al combate a la pobreza y desigualdad se usen con fines político electorales.”