Frente a la medida, el abogado del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes en San Diego, Alor Calderón, aseguró que “nuestras comunidades fronterizas no son ‘escenarios de guerra’ para experimentar con equipos y recursos militares”.

La propuesta de ley fronteriza que impulsan los republicanos busca revisar a quienes salgan hacia México con huellas digitales, iris de los ojos, documentos, bolsillos y pertenencias, como ahora se hace con las personas que cruzan la frontera a Estados Unidos por las garitas.

Según el texto de la HR 399, o Acta de Ley Para Asegurar Primero Nuestras Fronteras, que ya aprobó el Comité de Seguridad Interior, también se revisarán las exportaciones y camiones que salgan hacia México tan
exhaustivamente como ahora se hace con el cruce de unidades a Estados Unidos.

La propuesta dice que esas medidas, y otras, como vigilar con drones vecindarios hasta 150 kilómetros al norte del cerco fronterizo y desplegar a la Guardia Nacional de los cuatro estados limítrofes con México, son necesarias ante la amenaza del terrorismo.

Para el Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes en San Diego, la propuesta del congresista Michael McCaul “es un intento equivocado de abordar con una falsa narrativa sobre la región”, pues de acuerdo con la Oficina de Investigaciones Federales (FBI), las ciudades a lo largo de la frontera se encuentran entre las más seguras de los Estados Unidos.

La iniciativa de ley “es una medida extrema que, según su propio autor, convertiría a las comunidades fronterizas en teatros de guerra”, dijo el director de la Coalición de Comunidades Fronterizas, Christian Ramírez.

Si la propuesta es aprobada, a más tardar dentro de cinco años toda persona y vehículo que cruce la frontera estadunidense hacia México deberá pasar por filtros de inspección tecnológica cada vez más sofisticada, además de presentarse ante inspectores limítrofes.

A lo largo de la frontera viven 25 millones de personas, la mayoría con asuntos cotidianos entre ambos países, pero insistir en que hay amenazas terroristas en la región “atenta contra la dignidad de las comunidades con medidas fallidas que en nada contribuyen al desarrollo económico y social”, declaró Ramírez.

La propuesta pide ampliar la barda metálica fronteriza por el mismo argumento de que cruzarían terroristas, medida que se ha empleado desde 1988 para construir muros limítrofes, bardas dobles e incluso triples, aunque ninguna autoridad haya detenido en casi tres décadas a algún terrorista que cruce desde México.

Alor Calderón, un abogado del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes en San Diego, aseguró que “nuestras comunidades fronterizas no son ‘escenarios de guerra’ para experimentar con equipos y recursos militares”.

Advirtió que están en juego los derechos humanos y civiles de los residentes en la región binacional.

Pedro Ríos, del Comité de Servicios Amigos Americanos, dijo que la iniciativa no regula el desempeño de agentes fronterizos y militares que serían desplegados, en el caso de que entre en vigor.

“Pone en riesgo los derechos humanos en la frontera y pone en riesgo los derechos civiles a lo largo del lado estadunidense al aumentar la vigilancia con drones entre vecindarios y comunidades” en la región, opinó.

El comité que encabeza el autor de la iniciativa de Seguridad Interior, aprobó esa propuesta, incluido el aumento al uso de drones, pese a que la Oficina del Inspector General (OIG) recomendó al dar a conocer este mes una auditoría, que el proyecto de drones fue un fracaso y sería mejor usar el presupuesto en otros programas.