En Panamá la violencia doméstica es un problema muy acuciante, ya que son pocas las mujeres que la denuncian en el país y los pocos casos que llegan a los juzgados, los culpables casi no son castigados, por lo que permanece la impunidad.

México. La desprotección que sufren las mujeres violentadas en Panamá o la poca independencia que tienen los jueces panameños fueron algunas de las quejas que distintas organizaciones civiles presentaron hoy ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en México.

Según denunciaron las organizaciones participantes, en Panamá la violencia doméstica es un problema muy acuciante, ya que son pocas las mujeres que la denuncian en el país y los pocos casos que llegan a los juzgados, los culpables casi no son castigados, por lo que permanece la impunidad.

Miembros del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres aseguraron que en la nación centroamericana hay además "graves deficiencias" en la investigación de los feminicidios y una "ausencia de perspectiva de género por parte de los operadores de justicia".

El Palacio de Minería de la capital mexicana fue la sede en la que hoy se cerraron las audiencias del 152 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH en las que se ha revisado la situación de los derechos humanos de varios países centroamericanos.

Mientras que en días previos -en donde se habló sobre Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras- los niños migrantes y la violencia fueron los protagonistas de las quejas de las organizaciones, hoy fueron otros temas los que ocuparon las conversaciones.

Entre ellos, la gran interferencia del gobierno en los temas judiciales en Panamá, donde se produce una manipulación de la justicia a través de nombramientos políticos de magistrados de la Corte Suprema por la falta de una normativa y práctica adecuadas, asegura la Fundación para el Debido Proceso.

Un informe de esa organización asegura que a pesar de que se ha estado debatiendo la aprobación de una ley de carrera judicial desde 2005, Panamá todavía no cuenta con ella.

Además, los participantes en la sesión hicieron un especial hincapié en denunciar la crisis que desató la contaminación del río panameño La Villa y denunciaron a las autoridades panameñas por no haber dado la debida atención a este tema.

Contaminado con un herbicida artificial utilizado en la agricultura para controlar el crecimiento de malezas, se prohibió a varias comunidades el consumo de agua de este río.