Decenas de miles de niños y jóvenes centroamericanos han cruzado la frontera desde octubre pasado. Nuestro corresponsal en Estados Unidos viajó hasta territorio texano para constatar las condiciones en que se hallan.

Cientos de refugiados menores de edad se encuentran alojados en barracas grises, a solo unos metros del hotel CareFree Inn. Fueron trasladados a la base Lackland, de la Fuerza Aérea estadounidense, ubicada cerca de San Antonio, la segunda ciudad más grande de Texas. El campo de fútbol ahí da una impresión de placidez. Pero una zanja muy alta, así como soldados vigías, los separan de una idílica vida libre de preocupaciones en Estados Unidos.

Algunos de los jóvenes son llevados en un minibús a una sala de audiencias para cuestiones migratorias, en el centro de San Antonio. Van perfectamente vestidos, con camisa y corbata, y han peinado cuidadosamente sus cabellos cortos.

Para el juez Aníbal Martínez es un día normal de trabajo. Pero para cada uno de los jóvenes, los cinco minutos que durará la audiencia pueden cambiar sus vidas. Se trata de establecer quiénes pueden permanecer en Estados Unidos y quiénes, por el contrario, serán deportados hacia sus países de origen y al entorno de violencia del cual han huído.

Orígenes violentos. También José (nombre cambiado por la redacción) tuvo que comparecer este día ante un juez. Estuvo internado en una de las barracas, hasta que fue entregado a parientes suyos que viven en Austin. A diferencia de los jóvenes de Lackland, José porta una camiseta nueva y lleva calzado deportivo de moda. No obstante, como casi todos los jóvenes inmigrantes que aquí son alojados, él habla solo español, de modo que le son traducidas las preguntas en cuanto a su nombre y su edad.

De todo lo demás se ocupa su abogada. La próxima cita será en otoño. Es parte del procedimiento común, pues fue la primera audiencia de José.

El muchacho de 17 años es uno de los 57.000 centroamericanos menores de edad que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos desde octubre de 2013, a través de la frontera que separa a México y a Estados Unidos. Provienen casi todos de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Ataques y extorsiones. José viene de Honduras, el país con la tasa de homicidios más alta del mundo. Ahí la violencia es cotidiana y el chico la ha vivido en carne propia. Él estuvo presente cuando policías secuestraron a uno de sus tíos, acusándolo de posesión de drogas ilícitas. Luego pidieron rescate. En una ocasión posterior, uno de sus primos fue brutalmente golpeado en su propia casa por hombres armados. Luego de este episodio, la madre de José le dijo que su hogar ya no era seguro, y lo envió al peligroso viaje hacia Estados Unidos.

Lo que pasó después, es cosa que José no esta dispuesto a relatar. Pero ahora está contento, dice él, con una sonrisa en los labios.

Sobreviviendo el éxodo. Al igual que José, los hermanos María y Carlos Vega provienen de Honduras. Él, de 16 años, recuerda que varias veces fue asaltado y golpeado de camino a la escuela. Ninguno de los dos soportó la situación y un día decidieron huir sin que sus padres lo supieran.

Un hombre de 28 años los llevó hasta la frontera con Estados Unidos. Ahí los obligó a cruzar el río, pese a que María no sabe nadar. De algún modo los hermanos sobrevivieron, pero fueron detenidos por la policía fronteriza estadounidense. Hasta la fecha no saben qué pasó con los demás jóvenes del grupo.

María y Carlos tuvieron mucha suerte, dice su abogada, Felice Maria Garza. Ella recuerda el caso de una mujer que fue arrojada a las aguas del río junto con sus dos bebés por traficantes de personas. Los pequeños murieron ahogados.

En la “congeladora”. Muchos de los niños que huyen de Centroamérica hacia Estados Unidos sufren vejaciones en el camino, afirma Jonathan Ryan, director de “Raíces”, organización que proporciona ayuda legal a los jóvenes inmigrantes ilegales. “Raíces” da trabajo a 21 abogados, a los que se sumarán más a fin de hacer frente a la carga de trabajo. Las historias que cuentan los chicos centroamericanos son tan terribles, que los propios trabajadores sociales deben recibir ayuda psicológica.

Pero los temores no acaban para los pocos que llegan a ingresar a territorio estadounidense. “Muchas imágenes muestran cómo los jóvenes son amontonados como sardinas en las estaciones migratorias”, dice Ryan. Las barracas son conocidas como “la congeladora” debido a las bajas temperaturas a las que los jóvenes son sometidos, a fin de atemorizarlos y de que acepten ser deportados lo antes posible.

Los policías fronterizos rechazan esta acusación. Joe Romero, por ejemplo, afirma que la Patrulla Fronteriza no tiene la responsabilidad de ofrecer mejores condiciones a los inmigrantes. “El gobierno usa estas instalaciones, que en realidad son responsabilidad de agencias externas con las cuales las autoridades han firmado contratos”, dice el policía fronterizo a DW.

La discusión interminable. “Raíces” ha presentado demandas contra este trato, pero hasta el momento no han tenido resultado. Los alojamientos de emergencia para los inmigrantes serán manejados en el futuro por otras agencias, y contarán con mejores condiciones, indica Ryan.

La nueva ola de inmigrantes centroamericanos ha reanimado la irreconciliable discusión en Estados Unidos sobre la necesidad de nuevas leyes migratorias. Políticos republicanos demandan que los niños centroamericanos sean deportados inmediatamente. Pero para ello sería imperativo derogar la ley firmada por George W. Bush, que otorga a los inmigrantes menores de edad el derecho a audiencias judiciales.

El presidente Barack Obama ha dado muestras de “flexibilidad”, y espera obtener a cambio los 3.700 millones de dólares que según él son necesarios para hacer frente a la “crisis fronteriza”.

En las comunas se habla de una “invasión” de inmigrantes. “En realidad no se trata de un problema migratorio”, replica Jonathan Ryan. “Es una crisis humanitaria, una crisis de refugiados”, agrega, y menciona además la situación de violencia que se vive en los países de origen de los jóvenes. Éstos, y no la población estadounidense, son las víctimas de esta crisis. “Sería una catástrofe humanitaria que la nación más rica y poderosa en la historia de la Humanidad le negara la protección necesaria a un grupo de niños”, señala.

Por su parte, María y Carlos temen ser deportados. Su abogada no es muy optimista.Aún hay muchos obstáculos que superar.