El hecho provocó una discusión que en el seno de la sociedad uruguaya suele dilatarse, pero no silenciarse. Además de los fallecimientos, la discusión creció porque ambas mujeres utilizaron misoprostol para abortar.
Montevideo. Dos mujeres fallecieron este año luego de practicarse abortos inseguros. Un caso ocurrió en el Hospital de Clínicas y el otro en el Pereira Rossell. Ambas interrumpieron su embarazo utilizando misoprostol, el fármaco recetado para tratar úlceras, que ilegalmente se utiliza para provocar contracciones e inducir la interrupción de un embarazo en las primeras semanas de gestación. Estas circunstancias no ocurrían en Uruguay desde 2008.
La situación alzó la voz de un debate que en el seno de la sociedad suele dilatarse, pero no silenciarse. Además de los fallecimientos, la discusión creció porque ambas mujeres utilizaron misoprostol para abortar, contradiciendo las indicaciones que lo posicionan como uno de los métodos menos riesgosos para la mujer que decide interrumpir su embarazo.
Para determinar con exactitud esta circunstancia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) tomó acciones para conocer las condiciones y causas en que se produjeron las muertes. Una investigación administrativa, auditorías y autopsias verbales (diálogo con familiares y amigos) son las principales medidas adoptadas.
En coincidencia con este mensaje del gobierno, algunas organizaciones civiles recordaron su posición en contra de la despenalización del aborto, en el marco de la celebración del Día Internacional del Niño por Nacer el pasado lunes 26 de marzo. Al día siguiente, la organización Iniciativas Sanitarias (responsable de un programa que ofrece información y guía a mujeres con embarazos no deseados) dejó constancia de “un cambio inesperado” en la tendencia sostenida en los últimos cinco años, en la que hubo ausencia de muerte por abortos inseguros.
Receta médica. Desde que se generalizó el uso ilegal del misoprostol como fármaco abortivo se constató un crecimiento de la venta de este en el mercado negro. Acceder al medicamento no resulta demasiado complejo, sin embargo, el mantener su adquisición en la ilegalidad favorece que muchas veces se compren blísteres que están vencidos o son copias fraudulentas de riesgosa procedencia. Partiendo de la base de que “no es seguro continuar con el tráfico ilegal de medicamentos” de Iniciativas Sanitarias se pide al MSP que analice la posibilidad de que los médicos prescriban el medicamento para disminuir los riesgos que conlleva un aborto.
“El sistema de salud tiene que analizar la posibilidad de que los médicos prescriban el medicamento para disminuir los riesgos del aborto, sin que ello quiera decir que ya no se despenalice. Son temas complementarios, porque si no se despenaliza siempre existirá la brecha de personas que no disponen de la información o no tienen acceso a ese tipo de medicamentos”, explicó a El Observador la obstetra Ana Lavandera, integrante del programa. De modo conexo agregó que despenalizar el aborto es solo una parte de la solución de un problema que debe ser contemplado con educación y anticoncepción.
De manera simplificada, el trabajo de Iniciativas Sanitarias consiste en ofrecer asesoramiento integral a las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado antes y después de practicarse un aborto (Ver claves).
La posibilidad de que el MSP emita una normativa habilitando a los médicos a recetar el fármaco, por el momento no forma parte de la agenda oficial. Leticia Rieppi, responsable del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, explicó a El Observador que en este tema la secretaría está centrada en dar seguimiento a los equipos técnicos de asistencia en salud sexual y reproductiva instalados en 2011 en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
También mencionó que se espera la definición que adopte el Parlamento sobre la aprobación o no de la ley de Salud Sexual y Reproductiva, que ya cuenta con media sanción del Senado. Independientemente de esta circunstancia, la propuesta de Iniciativas Sanitarias no tendría cabida legal. Según explicó Pedro Montano, el grado 4 de derecho penal de la Universidad de la República, “un aborto con misoprostol es tan aborto como si se hace con una intevencion quirúrgica”. Mientras la ley estipule lo contrario, señaló, “el Ministerio de Salud Pública no puede autorizar abortivos”.
A la caza de votos. Sin los votos oficialistas necesarios para aprobar la ley de despenalización del aborto, y con el Frente Amplio (FA) sumido en las elecciones internas del próximo 27 de mayo, el partido gobernante decidió postergar la votación de la polémica ley en Diputados, después de la media sanción en la Cámara de Senadores en diciembre de 2011.
El FA ya se quemó con leche en el pasado y por eso esta vez prefirió asegurarse de tener todos los votos necesarios. Como antecedente se encuentra el veto de Tabaré Vázquez en 2008 –riesgo descartado en esta ocasión porque José Mujica está a favor de la despenalización– y el miedo a que ocurra lo que sucedió con la ley de Caducidad.
Este peligro es posible ya que algunos oficialistas han manifestado dudas respecto al proyecto. Precisamente es Víctor Semproni (lista 609), el mismo que hizo naufragar la ley de Caducidad, uno de los que puede volver a embarrarle la cancha al FA si las modificaciones que establece sobre la ley no se llevan a cabo.
El diputado espera que lo reciba la Comisión de Salud para plantear determinados cambios a la ley redactada por la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista) y el diputado Álvaro Vega (MPP). La misma establece que “toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional”. Semproni propone que en su lugar el texto indique que la mujer que decida abortar en ese lapso no será penalizada. De lo contrario, su voto será negativo.
El escollo con Semproni no es difícil de resolver, según Vega, ya que se trata de una diferencia “semántica, que no cambia la realidad”. El que no parece estar tan seguro de ello es el propio Semproni. “El que diga que es un tema de redacción que agarre un diccionario”, manifestó.
Según explicó Montano, el establecer un derecho implica que el Estado lo difunda en la sociedad y que este se convierta en algo exigible. Si el aborto se despenaliza, en cambio, no se castiga pero sigue siendo ilícito. Pero al despenalizarlo en toda circunstancia, el castigo desaparece y en tanto el delito. Lo que implicaría, en la práctica, que los centros de salud podrían realizar abortos, pero el Estado tendría que abstenerse de promoverlos.
Semproni no es el único miembro del FA que pone en riesgo la aprobación de la ley. Andrés Lima (lista 609) se opone al proyecto por considerar que atenta contra la vida, y al parecer no va a cambiar de opinión. Otras dos legisladoras que podrían tambalearlo son Ivonne Passada (MPP) y Daniela Payssé (Asamblea Uruguay). Al respecto, la diputada Payssé expresó a El Observador que ella no va a votar la ley, pero permitirá que entre su suplenta para hacerlo a favor. “Esto no es disciplina partidaria, sino el justo equilibrio que debo tener entre mis decisiones personales y la visión de quienes represento”, sostuvo. Álvaro Vega señaló, sin embargo, que las diputadas nombradas “van a acatar el mandato y si no están de acuerdo no entran y no votan y les pido suplentes”.
El panorama también se presenta complicado para que el FA pueda captar los votos del Partido Colorado y el Partido Nacional. Cuando el proyecto se votó en el Senado, Pedro Bordaberry le exigió a la bancada de Vamos Uruguay que acate la disciplina partidaria, y, por este motivo, Ope Pasquet votó contra la ley a pesar de estar personalmente a favor de ella. Con la pelota ahora en el campo de los diputados, el colorado Fernando Amado, partidario de la despenalización, volvió a criticar que se trate el tema como un asunto político y no se apele a la “libertad de conciencia”, aunque no quiso adelantar cuál será su voto en el Parlamento. Reconoció, sin embargo, que lo que sucedió en el Senado “condicionó el posicionamiento posterior”, y confirmó que Aníbal Gloodofstky votará en contra de la iniciativa, en acatamiento del mandato de Vamos Uruguay.
Aunque Vega sostuvo que también había representantes en el Partido Nacional a favor del proyecto, el diputado blanco Javier García (Alianza Nacional) estableció que no los hay. Las sorpresas siempre son posibles, sin embargo. Cabe recordar que cuando el proyecto se aprobó en senadores, Jorge Saravia votó a favor, pese a la oposición de todo su partido.
El kit de la cuestión. Como si faltara el debate en torno al proyecto de despenalización del aborto, en el marco de la ley de Salud Sexual y Reproductiva, se produjo en la última semana una polémica referente a un kit con material sobre educación sexual que iba a ser distribuido en mil centros educativos, incluyendo algunas escuelas. El pasado martes, el presidente del Codicen, José Seone, asistió a la presentación en la Torre de las Telecomunicaciones –junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo– del lanzamiento del mencionado kit.
Sin embargo, lo que Seone escribió el martes con la mano tuvo que borrarlo el miércoles con el codo, después de que los consejeros del Codicen resolvieran la suspensión temporaria del reparto del material, por no estar enterados de la existencia del mismo. “El Consejo Directivo Central no ha recibido formalmente dichos insumos por sus promotores para su estudio y, por ende, no ha tenido oportunidad de analizarlos y expedirse sobre su pertenencia”, expresó en la resolución. Seoane se vio obligado a firmar a favor de la suspensión temporaria.
El kit, que fue preparado por Salud Pública, contaba con preservativos femeninos y masculinos, lubricantes, pastillas anticonceptivas, dispositivos intrauterinos, y otros adminículos, además de dos juegos didácticos, uno sobre sexualidad y otro sobre el uso del preservativo.
En este contexto, los senadores de la vertiente herrerista del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle y Gustavo Penadés, decidieron pronunciarse sobre el tema y presentaron un pedido de informes a los ministerios de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Desarrollo Social. Penadés dijo a El Espectador sentirse preocupado porque el reparto se haya realizado sin consultar a las autoridades. “Lamentablemente en los gobiernos del Frente Amplio se ha ido para adelante y para atrás en un tema tan importante como este”, expresó.
