Estudio concluye que en un país con un régimen político que no garantiza derechos para un sector de la población, y en cambio privilegia a otro, agudizando con ello la desigualdad, las tasas de violencia se elevan significativamente.
México. La estrategia de seguridad ha fallado. La guerra contra el narcotrafico iniciada por Felipe Calderón y de la que tomó la estafeta Enrique Peña Nieto ha sumido al país en un escenario sólo visto en naciones en guerra.
Los niveles de violencia registrados a partir de que el Estado mexicano decidió presentar un frente contra los traficantes de droga se han disparado. Cada nuevo año el número de muertes violentas, uno de los índices más visibles de esta situación, supera el registro del año precedente.
La guerra contra el crimen organizado es la explicación a la violencia. ¿Y si la causa de la violencia en el país no fuera la guerra comenzada por Calderón y continuada por Peña Nieto contra los cárteles de la droga?
El estudio publicado en el 2014 y titulado “Economic correlates of violent death rates in forty countries, 1962–2008: A cross-typological analysis” sugiere que la violencia tiene sus causas en la desigualdad social, y la examina desde una perspectiva de salud pública.
Y México, quién puede dudarlo, es un país de desigualdades. Baste citar un estudio que persentó la Cepal este año que señala que dos terceras partes de la riqueza está en manos del 10% de la población, en un país donde el 54.4% de la población está en la pobreza.
Triángulo de la violencia. Los autores del estudio parten de la conceptualización de la violencia propuesta por el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung. P
ara Galtung, además de las manifestaciones de la violencia evidentes, como son las físicas y las verbales, existen otras que no son visibles, pero que pueden ser incluso más dañinas, presentes en las estructuras sociopolíticas; su análisis distingue también las formas de la violencia que están presentes en la cultura, y que se asocian a valores excluyentes.
Violencia directa es la clasificación propuesta por Galtung para los actos físicos y verbales; violencia estructural designa al conjunto de estructuras que sociales, políticas y económicas que privilegian sólo a un grupo en detrimento de otro, negándole a este último el acceso a la satisfacción de sus necesidades y al ejercicio de sus derechos; y la tercera es la violencia cultural, que se refiere a las formas de la discriminación, como el racismo, el clasismo y el sexismo, y que legitiman la violencia de un grupo sobre otro.
Al conjunto de estas tres formas de la violencia se le denomina el Triángulo de la violencia. De esta forma, la violencia deja de ser sólo un acto individual, a adquirir un dimensión social, en la que la violencia personal puede tener su origen en la violencia sistémica.
Suicidios y homicidios, síntomas. El análisis del equipo multidiscilpinario responsable del estudio referido se centra en la violencia estructural. La hipótesis de la que parten es que la tasa de suicidios —entendiendo al suicidio como una forma de violencia que el individuo dirige contra sí— y la de los asesinatos —la violencia dirigida contra otros— es alta en los países en los que existe una enorme desigualdad, desempleo, sin garantías para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, y en los que no están dadas las condiciones para resolver los conflictos por vías institucionales.
Relacionan suicidios y homicidios, en vez de examinarlos por separado, bajo la premisa de que comparten causas y factores de riesgo similares.
El estudio se realizó tomando como muestra 40 países. Revisó las estadísticas combinadas de suicidios y homicidios de cada uno de ellos con la intención de tener un métrica más exacta de la realidad de la violencia en cada nación de la muestra.
El siguiente paso fue revisar las cifras económicas y otros indicadores tales como el coeficiente de Gini para establecer los niveles de desigualdad en la población. También se consideró en el estudio la situación del régimen político de cada país examinado para determinar si existía una democracia o una autocracia, y la calidad del régimen.
El estudio concluye que en un país con un régimen político que no garantiza derechos para un sector de la población, y en cambio privilegia a otro, agudizando con ello la desigualdad, las tasas de violencia se elevan significativamente.
A continuación, revisamos las cifras en México de los suicidios, homicidios y las de desigualdad con la intención de ofrecer un panorama general.
Suicidio: según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), desde 1990 y hasta el 2015 se suicidaron en México 104,000 personas.
En términos absolutos, en los noventa se suicidaban en promedio cada año 2,731 personas; en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se registraron 3,985 suicidios; en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), 5,091; y en los primeros tres años de Enrique Peña Nieto (del 2013 al 2015), 6,224.
Homicidios: En el periodo que fue de 1990 al 2000, en México el número de homicidios alcanzó los 158,405. El sexenio de Vicente Fox registró 60,162 homicidios. En el periodo del 2007 al 2012, que coincide con el sexenio de Felipe Calderón, fueron 121,613 homicidios los registrados.
Las cifras no son mejores para lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, pues del 2013 hasta septiembre del 2017, van 106,293 homicidios; según las cifras de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, en el periodo de enero a septiembre del 2017, van 18,505 homicidios, y se calcula que esta cifra pueda superar los 24,000 al cierre del año.
Violencia estructural: en un estudio presentado este año por la Cepal, y realizado por Miguel Ángel del Castillo Negrete, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se presenta en cifras la profunda desigualdad en México derivada de la desigual distribución de la riqueza.
Titulado “La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México”, el estudio examina el periodo que va del 2003 al 2014, lapso en el que la riqueza del país aumentó a una tasa promedio anual de 7.9%, en términos reales. El país duplicó el monto de su riqueza en esos 11 años.
En cambio, el producto interno bruto creció 2.6% promedio anual en ese mismo período.
El estudio explica que quienes poseen activos financieros vieron crecer sus ingresos y patrimonio. La tasa media de rendimiento del capital ha sido del 15% promedio anual.
En contraste, el salario mínimo ha aumentado un promedio anual de 4 por ciento. Esta disparidad implica que la riqueza generada en estos años en el país es principalmente financiera.
El 80% de los activos financieros están en manos del 10% de la población más rica.
El estudio revela que en el 2014, la riqueza total del México ascendió a 76.7 billones de pesos. De este total, dos terceras partes están en manos del 10% más rico y el 1% de los muy ricos acaparan más de un tercio. Si la riqueza se repartiera de forma equitativa, cada hogar en México recibiría en promedio 900,000 pesos. Cada adulto contaría con 400,000 pesos.
La realidad es otra.
En México, el 54.4% de la población está en la pobreza. En la actualidad, quien nace en la pobreza es altamente probable que viva en esa condición toda su vida y que herede esa condición a su descendencia.
La movilidad social es muy baja, lo que abona a prolongar la desigualdad. México se coloca en la posición número 20 en el mundo por la cantidad de millonarios que tiene, al tiempo que ostenta la posición 15 global por el número de pobres.
Desde los años 90, México abrió su economía al mundo. El modelo del Estado protector se cambió por el de la apertura a los mercados, dando certeza jurídica a las inversiones. El Estado inció un proceso de “adelgazamiento”, vendiendo las empresas estatales en sectores estratégicos a los particulares. Las políticas laborales se relajaron, para incentivar la llegada de empresas extranjeras.
Este relajamiento implicó la disminución de derechos laborales y de salarios, situación evidenciada por la renegociación del TLCAN.
“No creo que exista ninguna mala voluntad en ningún gobierno de hacer esto a propósito para perjudicar”, dijo en entrevista a la BBC Mundo Miguel del Castillo Negrete, autor del estudio sobre desigualdad en el país. “No se pensó en las consecuencias sociales que se podrían tener y en las medidas para mitigar los impactos sociales”, declaró del Castillo Negrete.
Una falta de previsión que ha traído graves consecuencias.
La psiquiatra Bandy X Lee, académica en la Universidad de Yale, es una de las autoras del estudio “Economic correlates of violent death rates in forty countries, 1962–2008: A cross-typological analysis”, que da pie a esta nota.
Especialista en temas de violencia, estudió la antropología de la violencia en el este de África. Al examinar las guerras tribales, advirtió que estas no estaban motivadas por ganar superioridad militar. Las zonas de conflicto estaban previamente afectadas por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades.
"Sabemos por los estudios de violencia que la desigualdad —la vergüenza de la impotencia—, empuja a las personas a recurrir a la violencia", declaró la psiquiatra.
Las cifras indican que ha habido en el país un aumento consistente en las tasas de suicidios y homicidios por lo menos en los dos últimos sexenios. Por otra parte, las políticas económicas y sociales de los gobiernos han resultado en una alta concetración de la riqueza en un pequeño grupo, y en la tremenda disminución de las oportunidades para salir de la pobreza en la que está sumida poco más de la mitad de la población, lo que agudiza la desigualdad.
¿Fue el narcotráfico el que disparó los índices de violencia en México, como indica la narrativa oficial?
¿Y si la causa de la violencia fue el modelo económico adoptado por México, que ha agudizado la desigualdad —la vergüenza de la impotencia— en la población?
Si fuera esta la causa, está claro que la solución para reducir los índices de violencia no es la lucha contra el crimen organizado, sino resolver el problema de la inequitativa distribución de la riqueza, terminando también con la violencia estructural, al garantizar a toda la población el acceso a sus derechos y las condiciones para la satisfacción de sus necesidades.
