Para el Tribunal, el primer mandatario tuvo que acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a Petro el pasado 19 de marzo, para proteger sus derechos políticos y su cargo de los efectos del fallo de la Procuraduría.

Gustavo Petro vuelve al Palacio Liévano. Al menos de forma transitoria. El Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo de tutela, le ordenó al presidente Juan Manuel Santos restituirlo como alcalde de la capital en las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión.

Para el Tribunal, el primer mandatario tuvo que acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a Petro el pasado 19 de marzo, para proteger sus derechos políticos y su cargo de los efectos del fallo de la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.

La decisión del Tribunal, que aún no ha sido notificada oficialmente, tiene efectos inmediatos. Sin embargo, esta no es la última palabra, ya que la Procuraduría anunció que impugnará el fallo, con lo que el proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia que, en segunda instancia, deberá decidir si lo ratifica o lo revoca, trámite que durará máximo 20 días.

Aunque al cierre de esta edición no se conocía un pronunciamiento de la Casa de Nariño, el presidente advirtió el lunes pasado que en caso de que un juez le ordenara restituir a Petro, él lo haría de forma inmediata, en cumplimiento de la ley, como cuando hizo efectiva la decisión de la Procuraduría el mismo 19 de marzo.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá se conoce de manera sorpresiva, pues de 40 tutelas que fueron presentadas ante la justicia, para obligar al primer mandatario a acatar las medidas cautelares de la CIDH, al menos la mitad fueron falladas de forma contraria a los intereses de Petro.

Además, las cabalas judiciales apuntaban a que el regreso del destituido mandatario sería por cuenta de las eventuales medidas cautelares que podría otorgar el Consejo de Estado, donde cursa la demanda de nulidad que busca dejar sin efecto la decisión de la Procuraduría o, incluso, por una decisión de la Corte Constitucional, que revisa varias tutelas.

En caso de que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá quede en firme en segunda instancia, poco importará la suerte de los demás procesos que cursan ante la justicia colombiana. Las medidas cautelares de la CIDH se mantendrían hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (superior de la Comisión) decida de fondo sobre la demanda interpuesta por Petro ante el Sistema Interamericano. A no ser que antes exista una decisión de fondo en la justicia colombiana que tumbe la destitución del Ministerio Público.

Ricardo Abello, experto en derecho internacional, explicó que “lo más lógico es que las medidas cautelares de la CIDH se mantengan hasta que se conozca una decisión de fondo de la justicia colombiana. En caso de que ésta no sea favorable a Gustavo Petro, el caso continuará su trámite en el Sistema Interamericano y es posible que solo hasta el próximo año la Comisión lo eleve ante la Corte Interamericana, donde el proceso podría tardar dos años más. Es decir, cuando se tenga un fallo de fondo, Petro ya habrá terminado su mandato”.

Lo paradójico de la situación es que, si bien una decisión judicial hoy devuelve a Petro al Palacio Liévano, un mecanismo electoral podría sacarlo de forma definitiva. Una vez regrese a su cargo, el proceso de revocatoria, que se suspendió tras su destitución, se reactiva de forma automática. Es decir, la Registraduría fijará fecha para que los bogotanos decidan en las urnas sobre la permanencia de la Bogotá Humana.

Frente a la decisión, Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de Twitter que fue “esta vez el Tribunal Superior de Bogotá el que protegió los derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana y míos”.

Por su parte, Susana Muhamad, secretaria general del Distrito, opinó que era previsible porque Colombia debía cumplir las normas internacionales que suscribió. “Nadie puede negar que esta situación ha generado interrupciones en los procesos del Distrito”.

En el Concejo Distrital también hubo reacciones. María Fernanda Rojas, de progresistas, expresó que el fallo revierte una decisión desafortunada. “Santos se equivocó en el desacato a la CIDH y estas son las consecuencias. No le queda más remedio que acatar la orden”.

La oposición, en cabeza de la cabildante por el Partido de la U, Clara Lucía Sandoval, manifestó que Petro regresará para “hacer lo que sabe, que no es gerenciar, sino marchar y dar discursos desde el balcón. Y Bogotá, postrada”.

Lo cierto es que el presidente Santos, una vez sea notificado de la decisión, tendrá que restituir a Gustavo Petro, quien reemplazará a María Mercedes Maldonado, que fue alcaldesa por un día. El destituido regresará al cargo para el que fue electo y Bogotá continuará en el limbo jurídico en el que está inmersa desde hace cinco meses.