La denuncia de la Fiscal General, Patricia Benavides, fue realizada en el Congreso, donde responsabilizó a la presidenta, Dina Boluarte, por las muertes que deja la represión de las protestas en su contra. 

Este martes 28, el ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, manifestó que la presidenta Dina Boluarte había renunciado a su inmunidad presidencial para ser investigada por el Ministerio Público. Como se recuerda, ayer, la Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, denunció este  ante el Congreso a Boluarte, por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder hace un año.

"Informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Dina Boluarte, presidenta de la República, y Luis Alberto Otárola", primer ministro, dijo Benavides en una declaración por televisión.

La acusación, que podría conducir a la destitución de la presidenta, se produce en momentos que la fiscal enfrenta graves cuestionamientos internos a su gestión con pedidos de renuncia hechos por altos magistrados del Ministerio Público.

"No se debe permitir la muerte de ninguna peruana ni peruano, así como tampoco el abuso de poder", agregó Benavides, quien dijo además otros fiscales buscan desprestigiarla.

La denuncia contra Boluarte se activó luego que Benavides fuera acusada por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.

En ese contexto, Benavides ha dicho que no renunciará mientras la Junta Nacional de Justicia evalúa su permanencia en el cargo. En su primera reacción pública, la presidenta peruana calificó la denuncia de "maniobra política" con la que "se pretende distraer una denuncia gravísima contra la propia fiscal" Benavides. 

Boluarte manifestó su "extrañeza" de que la denuncia haya sido interpuesta "luego de que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detención del equipo (de asesores) de Benavides por presuntos actos de corrupción". "Somos enemigos de la corrupción y de la impunidad", agregó.

La fiscal era percibida hasta ahora como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno. 

PROCESO PARLAMENTARIO

La presidenta peruana evitó expresarse sobre el fondo de la acusación y su presunta responsabilidad en la muerte de los manifestantes. Según la acusación fiscal los jefes militares y policiales declararon que Boluarte estaba informada de la represión. Ella lo niega. "Es sospechoso y grave que hoy lunes se presente la denuncia luego que el viernes pasado se prolongó por ocho meses la investigación", acotó.

La fiscalía empezó la investigación contra Boluarte en enero por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves". En septiembre, la gobernante compareció por tercera vez ante fiscales. Para que el Congreso apruebe la denuncia contra la presidenta se requiere de un proceso parlamentario que puede durar hasta tres meses.

Las manifestaciones antigubernamentales en Perú estallaron el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió la presidencia tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente. Las protestas se extendieron hasta marzo y murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, la ciudad en el sureste que fue epicentro de las movilizaciones.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de las víctimas falleció por impactos de bala disparados por las fuerzas militares enviadas a controlar las manifestaciones. Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.

¿PUEDE SER INVESTIGADA BOLUARTE?

Pese a la aparente disposición de Dina Boluarte a ser investigada por la justicia, esto no sería posible. Según la Constitución de 1993, esta figura es inadmisible: los presidentes peruanos únicamente pueden ser acusados en caso de traición a la patria, negarse a convocar a elecciones en el plazo legal, disolver el Congreso ilegalmente o impedir su funcionamiento y el de los organismos autónomos. Fuera de estos escenarios, la inmunidad presidencial se mantiene inalterable. 

Así, se abre un nuevo capítulo en la crisis política de Perú, a tan solo nueve días que se cumpla el primer aniversario del fallido intento de sedición de Castillo que finalmente catapultó a Boluarte a la presidencia. La ex vicepresidenta, originaria de la región andina de Apurímac, encabeza una gestión impopular: la última encuesta de la consultora local CPI señala que un 84,3% de peruanos desaprueba su gobierno y únicamente, un 9,4% lo aprueba. 

Cuando se les pregunta sobre los motivos de su rechazo, las respuestas más comunes acusan a la administración de Boluarte de ser incapaz de manejar la recesión económica y la inseguridad ciudadana. Pese a esta percepción negativa, la mandataria ha insistido en culminar el periodo presidencial en julio de 2026. Por su parte, el Congreso peruano, dominado por bancadas de derecha e izquierda conservadora, ha ignorado o rechazado cualquier intento de vacancia contra Boluarte. Pues de darse el caso, ante la ausencia de vicepresidentes, el presidente del Congreso asumiría el Ejecutivo y deberá convocar de inmediato a nuevas elecciones generales.