La Superintendencia concluyó que los medios “dieron un tratamiento preferencial al contenido no oficial” y se “tergiversó intencionalmente elementos de la información”.
Quito.- La Superintendencia de Comunicación (Supercom) sancionó a cuatro medios de comunicación por incumplir el artículo 10 de la Ley de Comunicación, luego de que difundieron contenidos en los que se declaraba, presuntamente, presidente de la República al excandidato por CREO, Guillermo Lasso, entre el 2 y 3 de abril, tras la segunda vuelta electoral.
La sanción corresponde a una amonestación escrita y se emitió el 28 de abril en contra de las cadenas de televisión: Ecuavisa, Teleamazonas y Canal Uno; y al diario Expreso, por no aplicar el artículo 10, numeral 3, literales a y b de la ley.
Estas se refieren a verificar y contrastar; y abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente la información.
La queja contra los canales la presentó el 10 de abril Fabián Freire Vargas, quien había asegurado –según un comunicado de la Supercom– que “no hubo contrastación de la información al emitirse los resultados de las elecciones, y “se apresuraron en afirmar que Lasso era el nuevo presidente, emitiendo, incluso, felicitaciones”, basándose en los resultados del exit poll, divulgados el 2 de abril por la encuestadora Cedatos.
La Superintendencia concluyó que los medios “dieron un tratamiento preferencial al contenido no oficial” y se “tergiversó intencionalmente elementos de la información”.
Los abogados defensores de las estaciones, coincidieron en las respectivas audiencias, que no declararon ‘mandatario’ al candidato de CREO.
En contra de Expreso, el órgano actuó de oficio, porque el 3 de abril habían publicado dos notas periodísticas, “donde en varios párrafos se presentó a Guillermo Lasso como el Presidente electo de la República”, cita una misiva. (I)
Audiencia contra Cedatos
En un oficio entregado el pasado 28 de abril, la Fiscalía de Pichincha pidió a la Corte de Provincial de Justicia que convoque a la audiencia de formulación de cargos en contra de Centro de Estudios y Datos (Cedatos), esto es a su presidente ejecutivo y representante legal Ángel Polivio Córdova. La institución señala que “dentro de la investigación previa seguida por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso han aparecido elementos de convicción los que hacen presumir la participación en calidad de autores, cómplices del delito que se investiga”. La causa fue sorteada y será tratada por la Unidad Judicial Penal, en Iñaquito, noroeste de Quito, conformado por la jueza María Elena Lara.
