"La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado, y presunto cómplice del delito de colusión simple", informó el organismo vía Twitter.
El Ministerio Público de Perú informó este martes que ha formalizado una investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), y en contra de dos de sus exministros, por presuntos hechos de corrupción en su Gobierno.
"La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado, y presunto cómplice del delito de colusión simple", informó el organismo vía Twitter.
La acción legal se produce cinco días después de que el Congreso aprobara un informe que ha recomendado acusar a Castillo, con lo cual la fiscal general, Patricia Benavides, obtuvo luz verde para iniciar la pesquisa preparatoria y un proceso penal en su contra.
El Parlamento aprobó el mismo día los informes finales que recomendaron acusar también a los exministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, por el presunto delito de organización criminal.
En ese sentido, el Ministerio Público indicó hoy que inició las indagaciones contra Silva "como presunto autor del delito de organización criminal y colusión simple", y contra Alvarado como "presunto autor del delito de organización criminal".
El Congreso aprobó el pasado 17 de febrero con 59 votos acusar a Castillo, quien se encuentra detenido en la cárcel de Barbadillo, en el distrito de Ate (este de Lima), cumpliendo una detención preliminar por 18 meses al ser investigado por presunta rebelión.
El texto aprobado se basa en la denuncia constitucional que interpuso Benavides en octubre de 2022, considerando las presuntas irregularidades halladas en las obras del Puente Tarata II, en la región de San Martín (norte), así como otros hechos de corrupción.
En ese sentido, se recomendó acusar a Castillo por los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder; y contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
También por ser presunto cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión en agravio del Estado.
Según la denuncia constitucional presentada por la fiscal general, la Fiscalía cuenta con "más de 190 elementos" probatorios que sustentarían la tesis de que el expresidente era el presunto líder de una organización criminal durante su gobierno.
