El gobierno argentino prohibó en 2002 la importación de neumáticos y Uruguay aplicó una medida espejo que se extendió hasta este año.

Uruguay y Argentina mantenían un largo desencuentro por la venta de neumáticos usados o recauchutados que se remontaba a 2002. Desde ese momento, el conflicto pasó por tribunales del Mercosur y se mantuvo en las siguientes administraciones de los dos países.

El primer paso para zanjar el diferendo lo dio el gobierno de Javier Milei a pocos días de asumir; el segundo fue a través de un decreto del Poder Ejecutivo uruguayo firmado días atrás.

El 5 de diciembre de 2002 se produjo el cierre definitivo de Funsa, dedicada a la fabricación y refacción de neumáticos y producción de guantes de goma, que tenía a Argentina como uno de sus principales compradores. Unos meses antes, en julio, el Congreso de ese país aprobó la ley 25.626 que prohibió la importación de neumáticos recauchutados y usados. La ley tuvo un solo artículo y no anexó ninguna exposición de motivos.

Ese fue el principio de un conflicto que se extendió hasta este año. En aquel momento, Argentina ya atravesaba una crisis económica que se había extendido a Uruguay lo que produjo un desplome del comercio bilateral. Con el paso de los meses, la crisis fue quedando atrás pero la prohibición de los neumáticos siguió en pie.

El gobierno de Jorge Batlle recurrió la decisión en 2005 ante el Tribunal Arbitral del Mercosur. Uruguay fundamentó su planteo en motivos comerciales y en uno de los principios del bloque regional: la libre circulación de bienes y servicios entre los países que lo integran. El reclamo sostuvo que la ley argentina violaba disposiciones del derecho internacional.

La defensa argentina compartió el concepto de libre circulación pero afirmó que la prohibición era una medida preventiva contra el daño potencial que podían provocar los neumáticos recauchutados al medioambiente.

Con las dos exposiciones el tribunal entendió que la defensa medioambiental podía ser usada como excepción a las normas generales de la integración regional y aquellas que regulaban el libre comercio entre los países del Mercosur, otorgándole entonces la razón a Argentina.

Medida espejo por los neumáticos

Dos años más tarde, en abril de 2007 y en respuesta a la decisión avalada por el Mercosur, el gobierno uruguayo emitió el decreto 1.427 con medidas compensatorias y fijó una tasa arancelaria de 16% a la importación de neumáticos nuevos y recauchutados desde Argentina. En términos prácticos, el decreto fue una manera de devolver el golpe al gobierno de Néstor Kirchner. Previamente las cubiertas para vehículos ingresaban a Uruguay sin pagar aranceles.

La situación se dio vuelta y fue Argentina la que recurrió al Mercosur para que en ese ámbito se hiciera una valoración de la decisión uruguaya. En junio de 2007, el Tribunal Permanente de Revisión del bloque regional sentenció que la medida compensatoria era “poco más que simbólica” por ser “abiertamente menos gravosa” para Argentina que las consecuencias sufridas por Uruguay.

Con este último fallo culminó la contienda en el Mercosur y las cosas quedaron como estaban: se mantuvo la prohibición a la importación de cubiertas y Uruguay continuó aplicando la tasa diferencial del 16% a esos productos provenientes de Argentina.

En ese tiempo, las importaciones de neumáticos sintieron el impacto. En 2006, previo a la aplicación de la tasa diferencial, las compras externas fueron por US$ 12,9 millones. El primer origen fue Brasil y Argentina quedó en segundo lugar con operaciones por US$ 2,7 millones. El año pasado, las compras totales alcanzaron los US$ 34 millones, pero solamente US$ 365.000 correspondieron a Argentina.

En paralelo, los extrabajadores de Funsa gestionaron la empresa y luego fundaron la Cooperativa 7 de Setiembre. El año pasado realizó una sola exportación de napas tramadas para neumáticos a Brasil por US$ 7.500.

Historia reciente

En diciembre del año pasado, el gobierno de Milei presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que cambió o dejó sin efecto más de 360 leyes o textos normativos. Una de las leyes derogadas fue la 25.626.

Esa fue una de las medidas que adoptó la actual administración para flexibilizar las importaciones. Otra fue la eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la puesta en práctica del Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI). El nuevo no requiere la aprobación previa de licencias.

“Se termina la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. Es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando presentó el SEDI.

El gobierno uruguayo tomó en cuenta la flexibilización para las importaciones de neumáticos y derogó el decreto 142. En uno nuevo, fechado el 20 de junio de este año, mencionó que el de 2007 había tenido como objetivo aplicar medidas compensatorias.

Añadió que el DNU de 2023 había derogado la prohibición argentina, principal causa de la controversia entre los dos países y por eso dejó sin efecto el cobro del arancel de 16% a las compras de neumáticos nuevos de Argentina.

Así terminó el conflicto que había iniciado hace más de 20 años.

El economista argentino Enzo Domínguez Prost recordó en su cuenta de X, en diciembre pasado, el cortocircuito por los neumáticos usados.

“La ley 25.626 buscó afectar a un productor de Uruguay que dejó de existir al poco tiempo. En el medio, Uruguay nos clavó una tasa de 16% para los neumáticos, afectando nuestras exportaciones”, escribió.

“La empresa afectada, Funsa, quebró y pasó a ser gestionada por los trabajadores, pero ya dejando de lado el negocio de los neumáticos recauchutados. Nos costó caro. Argentina representaba el 22% de las importaciones uruguayas en 2006”, concluyó el economista.