Siete antiguos comandantes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluido Rodrigo Londoño, quien fue su máximo líder, aceptaron su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, y otros crímenes internacionales cometidos de manera concurrente.
Bogotá. Una sala de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) recomendó el viernes a un tribunal imponer sanciones de entre cinco y ocho años a siete excomandantes de la antigua guerrilla de las FARC por secuestros y otras privaciones graves de la libertad, en medio del conflicto interno armado.
Las sanciones, que serán definidas por un tribunal, pueden incluir privación de la libertad en lugares diferentes a una cárcel y trabajos de restauración a favor de las víctimas, como búsqueda de personas desparecidas, desminado y recuperación del medio ambiente, según lo establecido en las normas de la JEP.
Siete antiguos comandantes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluido Rodrigo Londoño, quien fue su máximo líder, aceptaron su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, y otros crímenes internacionales cometidos de manera concurrente.
"Los siete comparecientes asumieron de manera individual y colectiva su responsabilidad como coautores de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, y homicidios, así como la responsabilidad de mando de cada uno, según su trayectoria de mando", dijo la JEP en un comunicado.
La sala de reconocimiento de la JEP aseguró que los excomandantes de las FARC aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra de torturas, tratos crueles y otros tratos inhumanos, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado contra los secuestrados.
Para seis de los excomandantes rebeldes la sala recomendó ocho años de sanciones y para el restante cinco años, debido a que no tenía mando directo sobre las tropas insurgentes.
ONU VERIFICARÁ LAS SANCIONES
"La Sección deberá evaluar cuáles serán las sanciones que impondrá a los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC-EP y definir tanto su contenido reparador y restaurador, como su contenido de restricción no carcelaria de libertades y derechos", aseguró la JEP.
"Dichas sanciones son de entre 5 y 8 años y deben ser verificadas y monitoreadas por Naciones Unidas", agregó.
La Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que los motivos de la extinta guerrilla para los secuestros fueron obtener recursos económicos y financiar su guerra contra el Estado, mientras que la retención de militares y funcionarios del Gobierno buscaba presionar la liberación de guerrilleros encarcelados.
Las víctimas de los secuestros de las FARC, algunas de las que permanecieron años privadas de la libertad en medio de la selva, aseguran que aún experimentan daños a su salud mental por el sufrimiento físico, emocional y moral al que estuvieron sometidos.
La JEP, que abrió varios casos contra las FARC, documentó 21.396 víctimas de secuestro del antiguo grupo rebelde que desmovilizó bajo un acuerdo de paz del 2016 más de 13.000 personas, quienes como parte de su proceso de reintegración conformaron un partido político y tienen 10 escaños en el Congreso.
"En estas labores investigativas siempre queda el país y la sociedad en deuda con las víctimas", dijo el presidente de la JEP, magistrado Carlos Vidal. "Queda mucho por investigar, mucho por buscar, muchas respuestas sin responder".
El pronunciamiento de la JEP se produjo seis años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC como parte del esfuerzo para poner fin a un conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado al menos 450.000 muertos sólo entre 1985 y 2018.
La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia dijo que las conclusiones de la JEP por los casos de los secuestros de las FARC son "un avance fundamental en la lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas".
El presidente izquierdista Gustavo Petro prometió implementar el acuerdo de paz con las FARC como parte de sus esfuerzos para silenciar los fusiles y poner fin al derramamiento de sangre en el país sudamericano.
