Un escenario sombrío que se ve empeorado por las exigencias de los manifestantes: adelanto de elecciones, renuncia de Boluarte y nueva Constitución. "Es casi una receta impuesta desde que empezaron todas estas protestas tras la caída de Castillo”, dice a DW el analista político y consultor Pedro Yaranga, quien sostiene que el desorden social es alentado por grupos muy específicos. "Está claro que acá hay una intervención de las economías ilegales y de los rezagos del terrorismo”, sostiene.
Lejos de calmarse, la crisis política en Perú no deja de escalar. Ni los esfuerzos de la presidenta Dina Boluarte, que pidió perdón por el medio centenar de muertos registrados en las protestas, han apaciguado los ánimos, ni tampoco la declaración de estado de emergencia en Lima. Por si eso fuera poco, el más reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), conocido el fin de semana, revela que el 71 por ciento de los encuestados rechaza al Ejecutivo que asumió tras la caída de Pedro Castillo.
Un escenario sombrío que se ve empeorado por las exigencias de los manifestantes: adelanto de elecciones, renuncia de Boluarte y nueva Constitución. "Es casi una receta impuesta desde que empezaron todas estas protestas tras la caída de Castillo”, dice a DW el analista político y consultor Pedro Yaranga, quien sostiene que el desorden social es alentado por grupos muy específicos. "Está claro que acá hay una intervención de las economías ilegales y de los rezagos del terrorismo”, sostiene.
Robert Helbig, representante en Perú de la fundación alemana Konrad Adenauer, coincide en la presencia de grupos radicalizados, aunque matiza que hay mucha diversidad entre los manifestantes. "Hay ciudadanos de zonas urbanas y rurales que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, organizaciones sociales y sindicales que tienen poder de convocatoria a nivel regional, comunidades campesinas, y otros”.
El rol de las economías ilegales
Los bloqueos de carreteras y, con ello, el virtual cierre de ciudades enteras, ha sido exitoso por la masividad de las marchas, pero también por otros factores, dice Helbig. "En las regiones del sur, como Cusco y Puno, se han visto grupos numerosos. No obstante, las ciudades se han paralizado, no solo por la cantidad de participantes, sino por la precaución de quienes no participan, pero temen ser atacados. Incluso hay lugares donde la población ha recibido amenazas por no unirse a la protesta”, explica.
Yaranga, por su parte, destaca los intereses económicos que impulsan las movilizaciones. "Estas protestas son costosas, porque hay que movilizar a la gente. En Perú los ciudadanos no tienen tantos recursos como para hacer aportes a las movilizaciones, porque la gran mayoría vive de lo que genera en el día. La gente no puede estar sin trabajar tantas semanas”, dice, teniendo presente que las protestas comenzaron ya en diciembre.
El experto cita un estudio publicado hace unas semanas que asegura que la principal actividad ilegal de Perú no es el narcotráfico, sino la explotación ilegal de oro, seguida por la trata de personas. "Las protestas se acentúan en zonas donde hay economías ilegales, y también la manipulación de parte de gente relacionada a Sendero Luminoso. Hablamos de una región que va desde Madre de Dios hasta Puno, que es la zona más larga donde opera, sobre todo, la minería ilegal del oro”, sostiene.
Protestas con poder de cambio
¿Podrán estos movimientos ejercer presión suficiente como para sacar a Boluarte? Helbig cree que es una posibilidad. "La presión ejercida por las protestas contra el régimen de Manuel Merino”, -explica, en referencia al mandatario que reemplazó a Martín Vizcarra en noviembre de 2020 y estuvo 5 días en el poder- "tuvieron la potencia suficiente para forzar su salida. Hay aún mucho descontento y agitación a pesar del pedido de ‘perdón' de la presidenta Boluarte”, dice.
Sin embargo, estos grupos son fuertes principalmente fuera de la capital, y "llegar a Lima es bastante difícil”, estima Yaranga. "Pero, claro, tienen mucho dinero. Por ejemplo, después del 4 de enero mandaron a casi 3.500 personas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una zona cocalera. Ahí vinieron en camionetas, y el costo del alquiler de las camionetas oscilaba entre 300 y 350 dólares diarios. ¿Y quién estaba detrás de eso? Los clanes de la droga y los remanentes del terrorismo”, explica el experto.
Yaranga, sin embargo, ve una luz al final del túnel. "La gente se está dando cuenta, sabe de dónde vienen los recursos, y muchos se están organizando en algunas zonas, se están rebelando contra la protesta, porque ya no tienen nada para comer”. El problema, estima Helbig, es la violencia policial, que en lugar de calmar la situación, tiende a incendiarla más. "Definitivamente, las muertes y la represión caldean los ánimos y hay quienes se inclinan por radicalizar aún más la protesta”.
