La nueva política contempla prohibir la salida del país a cualquier solicitante de refugio, rechazo a peticiones cuando migrantes tengan más de un mes en Costa Rica y la obligación de cotizar en sanidad social para tener derecho a renovar el permiso de trabajo. "A veces la gente abusa de la generosidad", dijo Chaves.
El gobierno de Costa Rica emitió medidas que restringirán el acceso al refugio, anunció el miércoles Rodrigo Chaves, presidente del país centroamericano, en un intento por reducir las crecientes solicitudes de ese estatus, principalmente de nicaragüenses y venezolanos.
La nueva política contempla prohibir la salida del país a cualquier solicitante de refugio, rechazo a peticiones cuando migrantes tengan más de un mes en Costa Rica y la obligación de cotizar en sanidad social para tener derecho a renovar el permiso de trabajo.
"A veces la gente abusa de la generosidad. Teníamos un portillo abierto en que migrantes económicos se hacían pasar por ese tipo de personas que merecen refugio de tipo político, para poder trabajar en el país", dijo Chaves en conferencia de prensa.
El decreto, firmado por Chaves y su ministro de Seguridad, Jorge Torres, también contempla negar el estatus de refugio a quienes previo a llegar a Costa Rica hayan cruzado por países considerados seguros.
Autoridades costarricenses han dicho que intentan reducir el volumen de peticiones de refugio, las cuales superaron las 222,000 desde 2018, una por cada 23 habitantes. Desde ese año han aumentado las solicitudes, principalmente debido a la represión en Nicaragua contra protestas sociales.
Recientemente también aumentaron las peticiones de migrantes venezolanos. En octubre alcanzaron los 407 registros, el doble del mes anterior, según cifras oficiales. El mandatario advirtió que entre el 80% y 90% de los solicitantes de refugio no cumplen los requisitos para esa categoría migratoria.
En otro decreto, Chaves anunció que a partir de marzo de 2023 se creará una categoría especial para migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que en suma acreditan el 96% de solicitudes de refugio. El proyecto tendrá vigencia de un año.
El nuevo acuerdo también aplicará para quienes tengan pendiente una solicitud de refugio planteada entre enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2022 o a quienes se les haya denegado, a fin de que desistan de la protección de tipo político y puedan regularizar su permanencia en el país mediante estatus laboral.
