Este proyecto de ley propone modificar una ley de 2006 llamada Ley PIACI que protege a los pueblos indígenas en "aislamiento" y "contacto inicial" -aquellos que viven con poco o ningún contacto con el mundo exterior- para detener la creación de nuevas reservas y eliminar las existentes, que son siete en la Amazonía peruana.

Aunque lleva en la agenda legislativa peruana varios meses, este viernes se encendieron algunas alarmas ambientales, cuando un artículo del medio británico The Guardian publicó una noticia bajo el título "Legisladores peruanos proponen proyecto de ley para despojar a los pueblos indígenas de protecciones".

Lo cierto es que el medio inglés, sindica a la propuesta de intentar desmantelar las reservas existentes para los grupos indígenas 'no contactados'  de las zonas selváticas de la Amazonía peruana.

Peor aún, el proyecto de ley estaría avanzando silenciosamente en medio del caos político en curso tras la destitución de Castillo.

En concreto, el artículo señala que este proyecto de ley propone modificar una ley de 2006 llamada Ley PIACI que protege a los pueblos indígenas en "aislamiento" y "contacto inicial" -aquellos que viven con poco o ningún contacto con el mundo exterior- para detener la creación de nuevas reservas y eliminar las existentes, que son siete en la Amazonía peruana.

Para peor, la iniciativa legal que presentó el congresista Jorge Morante, "desmiente la abundante evidencia documental de la existencia de hasta 25 grupos aislados que viven en la selva amazónica del país, la segunda en tamaño después de Brasil", indica el artículo británico.

Respaldado por un total de seis legisladores de Fuerza Popular, el partido de la tres veces derrotada candidata presidencial Keiko Fujimori, el proyecto de ley propone transferir la facultad de establecer reservas para “pueblos aislados” del Ministerio de Cultura de Perú a los gobiernos regionales de la Amazonía.

La propuesta parece contar además con el beneplácito de un grupo de poderosos empresarios de la región de Loreto, en el norte de Perú, que han financiado una campaña a través de la televisión local, las redes sociales y eventos públicos para negar la existencia de “pueblos aislados”.

Autodenominándose Coordinador de Desarrollo Sostenible de Loreto, el grupo, con el respaldo del gobierno regional saliente y los intereses de construcción de infraestructura, madera y petróleo, dice que las reservas indígenas son "una farsa y un obstáculo para el desarrollo en la vasta región que es más grande que Alemania", destaca The Guardian.

INFORME PARA LA PRESIDENTE BOLUARTE

"Aprovechando la crisis política, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado pretende aprobar el Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR, Ley del genocidio PIACI. Este PL había sido agendado para ser sustentado hoy, 14 de diciembre, sin antes haber sido derivado a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos Ambiente y Ecología, que es la entidad competente", indica una declaración pública que está en portada de la página web de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

En esta publicación, la entidad denuncia que "no se ha tomado en cuenta la opinión y  análisis jurídico presentado por AIDESEP que insta al los congresistas a rechazar su aprobación"

Ante ello, AIDESEP ha realizado un informe jurídico que determina la inconstitucionalidad y que contraviene los estándares internacionales en materia de protección de PIACI, una ley que este año cumplió 16 años de vigencia y fue producto de un largo proceso de lucha por parte de las organizaciones indígenas y actores aliados.

La entidad presentó un informe jurídico completo de 44 páginas a la presidenta de la república, Dina Boluarte; al presidente del congreso William Zapata, a la Defensoría del Pueblo y a las comisiones de Descentralización, de Cultura y de Pueblos del Congreso de la República. "Es un análisis realizado a la luz del marco constitucional como del marco jurídico internacional y que lleva a determinar que esta modificatoria pone en serio y objetivo riesgo la vida, salud e integridad de los PIACI" dice la entidad en su web.

Ha que recordar que en 2021, el último año analizado por el informe Global Witness, 200 defensores ambientales fueron asesinados en el continente americano: México fue el país con mayor número de asesinatos (54), seguido por Colombia (33) y Brasil (26).

Cerca del 80% de los asesinatos en Brasil, Perú y Venezuela fue, justamente, en la Amazonía. 

En ese mismo sentido, el texto de The Guardian también se hace cargo de las quejas y miedos de los defensores de la Amazonía peruana: “Nunca había visto un proyecto de ley tan nefasto en 30 años trabajando para la protección de los pueblos indígenas aislados”, cita el artículo a Beatriz Huertas, una antropóloga que trabaja con Orpio, la federación indígena en Loreto, la región amazónica más grande de Perú.

AIDESEP también está entre los entrevistados por el medio británico, afirmando que aprobar el proyecto de ley “causaría genocidio”, y señalando que sus “hermanos y hermanas” eran “altamente vulnerables y amenazados por las crecientes presiones sobre sus territorios” por proyectos de infraestructura, tala, minería ilegal y narcotráfico.

La fragilidad de las personas aisladas no es solo cultural: tienen poca o ninguna inmunidad a enfermedades que nos parecen cotidianas, como la gripe o el resfriado común.

The Guardian enfatiza que, a medida que la atención se centra en la crisis política del Perú, los activistas indígenas temen que la cámara - el organismo con menos confianza de parte de la opinión pública local- pueda aprobar el proyecto de ley para deshacer las protecciones consagradas en acuerdos nacionales e internacionales.

Una posibilidad sería acudir al Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre ambiente y derechos humanos para América Latina, que tiene entre sus objetivos prevenir a investigar los ataques a los defensores ambientales. Pero mientras que algunos países como México o Chile lo han ratificado, otros como Colombia o el mismo Perú aún no lo han hecho. Al revés, en este país se dio una gran oposición en 2021 debido a que se consideró que este afectaría la soberanía estatal respecto a la administración de la justicia.

Pablo Chota, secretario general de Orpio, quien lucha desde hace 19 años por la creación del resguardo indígena Napo-Tigre en la frontera norte de Perú con Ecuador, dijo: “[Los aislados] son nuestros hermanos, estamos protegiendo la vida .”

Pero la compañía petrolera anglo-francesa Perenco, que ha estado perforando en busca de petróleo en esa región, se opuso a la creación de la reserva y presentó una orden judicial a principios de este año que luego retiró. Actualmente se encuentran en proceso de creación cuatro reservas, tres de las cuales también se encuentran en Loreto.

Julia Urrunaga, directora de la Agencia de Investigación Ambiental de Perú, dijo que cientos de grupos de la sociedad civil en Perú estaban profundamente preocupados por el proyecto de ley. “Perú no puede soportar más conflictos”, dijo.

“En un mundo donde cada día tenemos más evidencia del papel de los pueblos indígenas en la protección de los últimos bosques naturales que quedan en el mundo, es suicida intentar eliminar las protecciones para los pueblos indígenas y sus bosques”, concluye The Guardian.