Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.
Los 568,500 millones de pesos que suma el presupuesto público aprobado por el Legislativo para Salud en el 2018 es un monto que en términos nominales está por arriba de los 546.900 millones (US$ 28.577 millones)del 2017.
Pero no nos confundamos. En términos reales, es decir, si le descontamos el componente de la inflación para mantener el valor del dinero, el gasto público en salud del año próximo se reducirá realmente en 2,8%.
Ésta es la cifra que verdaderamente hay que considerar y refleja una latente crisis en el sector salud. Es una nueva baja que se acumula a los recortes del gasto en salud aplicados prácticamente desde que inició el presente sexenio.
Para el 2018 las mayores caídas del gasto en salud en México se verán en la Secretaría de Salud (léase más bien Seguro Popular) y en lo que recibe dentro de este rubro la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con un análisis hecho por el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica que nos compartió su director Enrique Martínez, la Secretaría de Salud que lleva el doctor José Narro reducirá su presupuesto en 6,51%, al pasar de 117.100 millones (US$ 6.118 millones) a 109.500 millones de pesos (US$ 5.721 millones). Esto, en precios del 2017.
De igual manera, la dependencia que lleva el general Salvador Cienfuegos reduce su presupuesto para salud en 6,49% al recibir 5.669,6 millones (US$ 296 millones) en 2018 frente a los 6.063 millones de pesos (US$ 316 millones) en el 2017.
Para el caso del IMSS que encabeza Mikel Arriola, la reducción es de 2,32%, no tan baja en términos porcentuales, pero siendo tan cuantiosa la totalidad de su presupuesto —prácticamente la mitad de todo el gasto público en salud del país— sí es un monto significativo.
En términos absolutos, el IMSS perderá poco más de 6.000 millones de pesos (US$ 313 millones) el año que viene. En tanto, la Secretaría de Salud perderá 7.500 millones de pesos (US$ 391 millones) y el ISSSTE de José Reyes Baeza, perderá más de 1.000 millones de pesos (US$ 52 millones).
Es francamente inentendible lo que sucede con este ramo presupuestal sobre todo si consideramos que en el presente sexenio se han aplicado nuevos impuestos con objetivos de salud, tales como el IEPS a refrescos y bebidas azucaradas y el IEPS a productos altamente calóricos.
Por dichos gravámenes se han venido recaudando decenas de miles de millones de pesos, sólo por refrescos más de 87.000 millones de pesos (US$ 4.544 millones) entre el 2014 y el primer semestre del 2017.
No se ve claro hacia dónde van esos millonarios recursos, por más que hay innumerables peticiones de ONG y todo tipo de organizaciones ciudadanas de que se transparenten y se destinen verdaderamente para lo que se impusieron.
Nada ha sido suficiente y entonces nos quedamos a la mitad del camino. Se recauda pero no se consigue el objetivo porque el presupuesto se queda suelto. En otros países que han empezado a aplicar impuestos al refresco sí están cerrando el círculo. Es el caso del Reino Unido, Francia, Portugal, Hungría, India, Chile y las ciudades estadunidenses de Albany, Berkeley, Boulder, Filadelfia, Oakland y San Francisco. En todos estos lo recaudado se está yendo al objetivo: atacar directamente obesidad y diabetes.
De acuerdo con un estudio de la consultora Probatio —enfocada a análisis de políticas públicas— hecho en coordinación con la Alianza por la Salud Alimentaria, existen seis programas presupuestarios vinculados directamente a la prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes, así como de acceso a agua potable. Bueno, pues estos programas, entre todos, recibirán poco más de 17.000 millones de pesos (US$ 887 millones).
Si por IEPS a bebidas y alimentos altamente calóricos la recaudación estimada será superior a 46.700 millones de pesos (US$ 2.438 millones), ¿dónde está la congruencia?.
