El expresidente podría ser acusado de "conspiración sediciosa", un estatuto poco utilizado que hace que sea ilegal derrocar al gobierno de Estados Unidos por la fuerza.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que agentes del FBI allanaron su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las afirmaciones de Trump y la Casa Blanco declinó hacer comentarios.
La búsqueda sin precedentes de la casa de un expresidente marcaría una escalada significativa en la investigación de registros, que es una de varias investigaciones que enfrenta el magnate desde su tiempo como presidente y en negocios privados.
El enfoque de la investigación no quedó claro de inmediato. Aquí hay un vistazo a algunas de las investigaciones y demandas que enfrenta Trump.
REGISTROS FALTANTES
La Administración Nacional de Archivos y Registros de EE. UU. notificó en febrero al Congreso que había recuperado unas 15 cajas de documentos de la Casa Blanca de la casa de Trump en Florida, algunas de las cuales contenían materiales clasificados.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. en ese momento dijo que estaba ampliando una investigación sobre las acciones de Trump y pidió a los Archivos que entregaran información adicional. Trump confirmó previamente que había accedido a devolver ciertos registros a los Archivos, calificándolo de "un proceso ordinario y de rutina".
6 DE ENERO
Un panel del Congreso que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 por parte de los partidarios de Trump en el Capitolio de los EE. UU. está trabajando para construir un caso de que violó la ley al tratar de anular su derrota electoral de 2020.
La vicepresidenta Liz Cheney ha dicho que el comité podría hacer múltiples referencias al Departamento de Justicia en busca de cargos penales contra Trump, quien acusa al panel de realizar una investigación falsa.
En una presentación judicial del 2 de marzo, el comité detalló los esfuerzos de Trump para persuadir al entonces vicepresidente Mike Pence de que rechazara las listas de electores del demócrata Joe Biden, quien ganó las elecciones, o retrasara el conteo de esos votos en el Congreso.
Los esfuerzos de Trump probablemente violaron una ley federal que hace que sea ilegal obstruir de manera "corrupta" cualquier procedimiento oficial, o intentar hacerlo, dijo David Carter, el juez federal de California que supervisa el caso.
En la presentación del 2 de marzo, el comité dijo que era probable que Trump y otros conspiraran para defraudar a Estados Unidos. Esa ley tipifica como delito cualquier esfuerzo de dos o más personas para interferir con las funciones gubernamentales "mediante engaño, astucia o engaño".
Además de los esfuerzos de Trump para presionar a Pence, el comité citó sus intentos de convencer a los funcionarios electorales estatales, al público y a los miembros del Congreso de que se robaron las elecciones de 2020, a pesar de que varios aliados le dijeron que no había evidencia de fraude.
El comité no puede acusar a Trump de delitos federales. Esa decisión debe ser tomada por el Departamento de Justicia, dirigido por el Fiscal General Merrick Garland.
Si el Departamento de Justicia presenta cargos, el principal desafío de los fiscales será probar que Trump actuó con intenciones corruptas, dijeron los expertos.
Trump podría defenderse argumentando que creía sinceramente que ganó las elecciones y que sus esfuerzos bien documentados para presionar a Pence y a los funcionarios electorales estatales no tenían como objetivo obstruir el Congreso o defraudar a Estados Unidos, sino proteger la integridad de las elecciones.
Trump también podría ser acusado de "conspiración sediciosa", un estatuto poco utilizado que hace que sea ilegal derrocar al gobierno de Estados Unidos por la fuerza. Para probar esto, los fiscales tendrían que demostrar que Trump conspiró con otros para usar la fuerza, dijo Barbara McQuade, profesora de derecho en la Universidad de Michigan y exfiscal federal.
Múltiples participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero han sido acusados de conspiración sediciosa.
FRAUDE ELECTRÓNICO
Los demócratas dijeron en una audiencia de junio del comité del 6 de enero que Trump, un republicano, recaudó unos US$ 250 millones de sus partidarios para presentar afirmaciones fraudulentas en la corte de que ganó las elecciones, pero desvió gran parte del dinero a otra parte.
Esto plantea la posibilidad de que pueda ser acusado de fraude electrónico, que prohíbe obtener dinero con "pretensiones falsas o fraudulentas", dijeron expertos legales.
ELECCIONES DE GEORGIA
En mayo se seleccionó un gran jurado especial para considerar la evidencia en la investigación de un fiscal de Georgia sobre los supuestos esfuerzos de Trump para influir en los resultados de las elecciones estatales de 2020.
La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, republicano, el 2 de enero de 2021.
Trump le pidió a Raffensperger que "encontrara" los votos necesarios para anular la derrota electoral de Trump, según una grabación de audio obtenida por el Washington Post.
Los expertos legales dijeron que Trump puede haber violado al menos tres leyes electorales penales de Georgia: conspiración para cometer fraude electoral, solicitud criminal para cometer fraude electoral e interferencia intencional en el desempeño de los deberes electorales.
Trump podría argumentar que estaba participando en la libertad de expresión y que no tenía la intención de influir en las elecciones.
INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE NUEVA YORK
Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, ha estado investigando si la compañía de bienes raíces de la familia de Trump tergiversó los valores de sus propiedades para obtener préstamos bancarios favorables y facturas de impuestos más bajas.
Dos importantes abogados que habían estado al frente de la investigación renunciaron en febrero, lo que puso en duda el futuro de la pesquisa, pero la oficina de Bragg ha dicho que continúa.
Trump ha negado haber actuado mal y dijo que la investigación tiene motivaciones políticas. Bragg es demócrata.
¿SI ES CANDIDATO, NO PUEDE SER PROCESADO?
No. Si bien el Departamento de Justicia tiene una política de décadas de que un presidente en funciones no puede ser acusado, no existe tal protección para los candidatos presidenciales. Sin embargo, procesar a un candidato podría tener implicaciones políticas, dijo Brian Kalt, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Michigan.
“No tengo conocimiento de ninguna razón constitucional por la que un candidato presidencial tenga algún tipo de inmunidad penal”.
INVESTIGACIÓN CIVIL EN NUEVA YORK
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, está llevando a cabo una investigación civil para examinar si la Organización Trump infló los valores inmobiliarios. Trump y dos de sus hijos adultos, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, acordaron testificar en la investigación a partir del 15 de julio.
Trump ha negado haber actuado mal y calificó la investigación de motivaciones políticas. James es demócrata.
EL CASO JEAN CARROLL
E. Jean Carroll, ex escritora de la revista Elle, demandó a Trump por difamación en 2019 después de que el entonces presidente negara su acusación de que la violó en la década de 1990 en una tienda por departamentos de la ciudad de Nueva York.
La acusó de mentir para aumentar las ventas de un libro.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en Manhattan está a punto de dictaminar si la demanda de Carroll debe ser desestimada. Lee mas
Un abogado de Trump ha argumentado que está protegido por una ley federal que hace que los empleados del gobierno sean inmunes a los reclamos por difamación.
