Por Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP).
Una nueva ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual es absolutamente necesaria hoy en nuestro país: la ley 23.798 actualmente vigente rige desde fines de los años 80 cuando recién surgió la epidemia del sida. Se trata de una ley con un marcado criterio biomédico que sirvió para organizar una respuesta nacional al VIH; sin embargo, hoy en día resulta insuficiente para responder a las necesidades de la población. Según las últimas estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina 120 mil personas tienen VIH de las cuales el 30% no lo sabe; 800.000 personas estarían infectadas con hepatitis C; ha habido un incremento significativo de casos de sífilis, lo mismo ocurre con las otras enfermedades de transmisión sexual.
Desde la sociedad civil creemos que la propuesta que acaba de obtener dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados es superadora por múltiples razones: en principio, la reforma incorpora a las hepatitis virales y a las infecciones de transmisión sexual (ITS) declarando de interés nacional su prevención y tratamiento; así como también la participación activa de las personas con VIH como socios indispensables en la respuesta a las epidemias. Además, provee de instrumentos para asegurar el acceso universal a los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos en todos los subsistemas de salud del país. Principalmente, busca incorporar los determinantes sociales para dar una respuesta integral a todas las necesidades médicas, farmacológicas, psicológicas y asistenciales de las personas con VIH/sida, hepatitis virales e ITS.
Esto es: proteger los derechos laborales y prohibir la discriminación en el acceso al empleo; poner fin a las situaciones de estigmatización que aún afectan a las personas con VIH y su entorno; garantizar el respeto por los Derechos Humanos de todas las personas con VIH, especialmente las poblaciones más comúnmente vulneradas como son las personas trans y las personas privadas de su libertad; entre otras cuestiones. Para asegurar la adecuación de las políticas en la materia, el proyecto, además, contempla la creación de una Comisión Nacional con integración interministerial y multisectorial con participación de la población afectada.
Es fundamental destacar que el proyecto de ley que obtuvo dictamen favorable es producto de un proceso histórico de dos años de construcción plural y aportes liderado por los distintos colectivos de personas con VIH, redes nacionales y organizaciones que trabajan en la temática para que la nueva ley tenga un enfoque integral y perspectiva de derechos humanos. La sociedad científica, la academia, ONUSIDA, la Organización Panamericana de la Salud y la Dirección Nacional de SIDA del Ministerio de Salud también fueron parte de la elaboración del proyecto.
Esperamos que los diputados, diputadas, senadores y toda la sociedad nos acompañen para que esta nueva ley se promulgue en los próximos meses. Sólo cuando la ley argentina aborde con integralidad las barreras de acceso a la prevención, el tratamiento y la atención, como así mismo contemple instrumentos para erradicar el estigma y la discriminación asociados a las enfermedades, podremos afirmar que contamos con una herramienta efectiva para el pleno ejercicio de los derechos humanos.
