El ATP impactará de manera directa al bolsillo del ciudadano y al sistema público y hace más ineficiente medidas como La Ley Ricarte Soto, que facilita el acceso a medicamentos a personas afectadas por enfermedades terminales, concluyó.
Xinhua, Santiago. Un debate se instaló en Chile por la repercusión que pude tener en los temas de salud el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Estratégica (ATP), cuya negociación concluyó la semana pasada entre los doce países firmantes.
Un artículo publicado hoy en el portal chileno de internet "Cambio 21", señala que "si en un principio se temió por las restricciones que pudiera tener el acuerdo económico entre países del Pacífico, ahora la preocupación apunta hacia la salud".
Líderes de cada país destacan las ventajas económicas del ATP, "sin embargo, hay quienes advierten que es otro medio en que se limitan las libertades ciudadanas", agregó.
El ATP es un convenio de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur y Brunei, basado en un régimen comercial y regulatorio común, muy parecido al rige en el territorio estadounidense.
La candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, se ha expresado en contra del acuerdo que promueve la regulación del comercio de lácteos, medicamentos, empleos, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medioambientales.
Para Cambio 21, "lo que más preocupa también son los alcances que puedan llegar a tener sobre el contenido de internet".
La cobertura especial sobre derechos de autor y la licencia sobre medicamentos biológicos son los que más levantan temores y ya agrupaciones sociales y de parlamentarios han alzado la voz sobre el tratado exigiendo transparencia, porque hasta ahora el ATP "es secreto".
Por su parte, la presidenta chilena Michelle Bachelet llamó a la calma, al asegurar que se logró mantener el plazo de cinco años de protección a los datos de medicamentos biológicos, cuando Estados Unidos exigía 12 y que, mediante el acuerdo, se podrá optimizar el uso de internet para las empresas.
Según Bachelet, Chile mantendrá la normativa vigente y el pacto, por tanto, "amplía nuestra área de influencia y nos inserta de una manera más plena en una zona prioritaria para la estrategia de desarrollo de Chile, pero, a la vez, sin haber renunciado a nuestras convicciones".
No obstante, algunos legisladores se quejan que el ATP, el cual deberá ser ratificado en el Congreso, se negoció "en secreto, de espalda a la ciudadanía".
Uno de ellos es el diputado e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, quien comentó que lo que se conoce hasta ahora del ATP es gracias a filtraciones del portal de noticias en internet Wikileaks.
"No tenemos conocimiento de los 29 capítulos del TPP (ATP), sólo algunas generalidades. Le pregunté al canciller Muñoz sobre el tema de los derechos de internet y nos dijo, de manera general, que ese capítulo había sido salvado porque no aceptamos las imposiciones o los términos que ponía Estados Unidos", explicó.
Para Mirosevic, "cada capítulo fue modificando sus contenidos. Una empresa privada de entretenimiento podría decir que están violando sus derechos de autor y pedir la baja del contenido sin una orden judicial. Son términos que propuso Estados Unidos. Según el canciller, ésto habría sido modificado, pero no lo sabemos".
La Organización de Derechos Digitales se manifesta abiertamente en contra del tratado y su representante, Pablo Viollier, dijo que el ATP tiene más costos que beneficios y que son los ciudadanos los que quedan en riesgo.
"Lo que hay que dejar claro es que tiene un vicio de origen, y es que en todos sus años de negociación, siempre se ha llevado en secreto, de espalda a la ciudadanía", indicó.
Agregó que "un tratado que regula temas tan sensibles como propiedad intelectual, derechos laborales, medio ambiente y relaciones económicas, no se puede dar en secretismo sobre todo en un ambiente que afecta al 90 por ciento de la economía mundial. Eso habla mucho del espíritu del tratado.
De igual forma se mostró preocupado por el "extremo fortalecimiento de las patentes farmacéuticas" y el impacto que puede tener ello en la capacidad de los países y en los ciudadanos para tener acceso a medicamentos con precios razonables.
El ATP impactará de manera directa al bolsillo del ciudadano y al sistema público y hace más ineficiente medidas como La Ley Ricarte Soto, que facilita el acceso a medicamentos a personas afectadas por enfermedades terminales, concluyó.
