La mandataria argentina, en un discurso por cadena nacional en el que denunció intentos de destitución, dijo que no permitirá que jueces "que parece que estuvieran alquilados" por opositores provoquen una cesación de pagos de deuda del país.
Buenos Aires. El gobierno de Argentina pagará deuda pública con reservas del Banco Central pese a un bloqueo de la justicia, dijo el jueves la presidenta Cristina Fernández, en un desafío al Poder Judicial y al Congreso que puso al país al borde de un choque institucional.
Fernández, en un discurso por cadena nacional en el que denunció intentos de destitución, dijo que no permitirá que jueces "que parece que estuvieran alquilados" por opositores provoquen una cesación de pagos de deuda del país.
Además, sostuvo que está dispuesta a enfrentar condenas judiciales por sus decisiones. "Las deudas que esta presidenta quiere pagar y va a pagar con las reservas del Banco Central, que en el marco de lo que dice la Constitución (...) se encuentran depositadas en las cuentas de (el Ministerio de) Economía", declaró Fernández, y agregó que "quiero asegurar a todos aquellos que son acreedores de Argentina que van a cobrar sus deudas".
La mandataria firmó el lunes un decreto de necesidad y urgencia (DNU) ordenando al Banco Central enviar al Tesoro US$4.382 millones para pagar compromisos con tenedores privados de bonos del país, una decisión que enardeció a la oposición, que había bloqueado en la justicia un decreto similar dictado en diciembre.
El jueves, ante una nueva demanda de legisladores opositores, una jueza federal objetó el decreto de la mandataria, quien reaccionó asegurando que no dará marcha atrás pese a la decisión judicial.
"No voy a permitir que un juez 'defaultee' la deuda", expresó Fernández. "Recurren (los opositores) a jueces que parece que estuvieran alquilados", agregó.
La oposición también busca sacar del cargo a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, un movimiento que expuso el elevado grado de tensión política en un país donde el diálogo entre fuerzas antagónicas es prácticamente nulo.
El gobierno argentino enfrenta una situación de apremio financiero este año, en el que tiene compromisos de deuda por unos US$15.000 millones y el acceso a los mercados voluntarios de deuda virtualmente cerrados.
La administración de la presidenta Fernández se ha venido financiando con la asistencia de entes estatales superavitarios, como la administradora de pensiones y el seguro médico de los jubilados, además de ganancias del Banco Central.
Con la toma de reservas, según analistas, ha colocado a la autoridad monetaria en una posición de auxilio directo del Tesoro, lo que podría acelerar una ya elevada inflación no reconocida oficialmente.
La virtual extinción del ahorro presupuestario desde el 2009 ha puesto al Gobierno ante la necesidad de moderar un creciente gasto público, según los analistas.
Pero esa alternativa parece difícil de adoptar en momentos en que la popularidad de Fernández está en mínimos cercanos al 20% y su grupo político aspira a mantenerse en el poder después de las elecciones del 2011.
Dispuesto a todo. Los bonos de la deuda argentina mantenían el jueves una trayectoria levemente declinante pese al compromiso de Fernández de honrar deudas.
"Es lógico que el mercado sienta el fallo de la justicia porque produce impedimentos para mejorar el ambiente de los títulos y produce un cierto retraso en los tiempos del (proyectado) canje" de deuda incumplida, dijo Juan Diedrichs, analista de Capital Markets Argentina Sociedad de Bolsa.
El gobierno argentino busca concretar un demorado canje de deuda incumplida por US$20.000 millones, remanente de la reestructuración del 2005, apuntando a regresar al mercado voluntario de crédito.
La mandataria dijo que estaba dispuesta "a enfrentar la condena de cualquier juez" por usar las reservas pese al bloqueo judicial. También acusó al Congreso de actuar por "venganza" al objetar la designación de Marcó del Pont en el Banco Central y dijo que esperaba ideas alternativas de la oposición para honrar los compromisos de Argentina.
El analista político Rosendo Fraga, del Centro de Estudios Nueva Mayoría, dijo que el Gobierno, con su forma de actuar, "está acelerando la unidad de la oposición", que controla el Congreso.
La líder opositora Elisa Carrió, de la centroizquierdista Coalición Cívica, dijo a un canal de televisión que Fernández "se está poniendo al margen de la ley" y se está convirtiendo en una "gobernante de hecho" que "usurpa el poder de otros poderes constitucionales".
Carrió dijo además que la presidenta está en situación de ser sometida a juicio político, aunque aseveró que el asunto debe ser tratado con mucha "serenidad". Fraga, por su parte, declaró: "todavía no hay clima para el juicio político, pero si el oficialismo sigue actuando así, puede acelerarlo".
En tanto, el diputado izquierdista Fernando Solanas pidió a Fernández que ayude a bajar el nivel de belicosidad política. "La invito a que se tome una aspirineta y no confronte, esto termina en un conflicto con la justicia", concluyó.
Lea también:
Bonos argentinos mantienen pérdidas pese a compromiso de pago de deuda
Argentina: justicia impide a gobierno uso de reservas
Argentina concreta el uso de reservas, pese a arremetida opositora
Oposición argentina prepara recursos para frenar nuevo fondo del gobierno
Fernández anuncia derogación por decreto del Fondo del Bicentenario
