Días atrás, el Gobierno transitorio de Bolivia anunció que este año se asignará el 10% del Presupuesto General del Estado para mejorar y fortalecer la atención en los servicios de salud pública. Se trata de una decisión acertada, que debería ser el inicio de una reflexión sobre las grandes reformas que este sector precisa para poder brindar prestaciones de calidad a los ciudadanos.

El acceso a servicios de salud de calidad y precios accesibles es una de las principales prioridades que la mayoría de los ciudadanos demandan en diferentes estudios de opinión. En general, son varias y diversas las penurias que los bolivianos padecen cuando deben afrontar problemas sanitarios. Para mejorar esta lamentable situación, los sucesivos gobiernos de turno han anunciado transformaciones estructurales en este ámbito, pero hasta ahora las promesas no han logrado plasmarse en resultados concretos y visibles.

El reciente ensayo de avanzar hacia una prestación universal de servicios de salud ha enfrentado graves dificultades, por la falta de recursos, humanos y financieros, y la ausencia de una adecuada organización. La intención es sin duda positiva, pero ampliar de un día para otro la cobertura médica a un grupo grande de ciudadanos no resulta para nada sencillo. De hecho, por este motivo se han generado congestiones, reclamos y rupturas en la atención que brindan los centros públicos de salud. Y es que para obtener buenos resultados se necesitan indefectiblemente ciertas condiciones que hagan viable esta política.

En este sentido, efectivamente hacen falta más recursos económicos, pero también esquemas novedosos de organización en los diferentes niveles de atención públicos, junto con un mecanismo inteligente de coordinación, tomando en cuenta que algunos centros de salud son administrados por los municipios, y otros por las gobernaciones y el Gobierno central.

Los sucesivos intentos para reformar este ámbito no han prosperado por la complejidad de actores que prestan estos servicios, no solo en términos de la jurisdicción territorial que los financia o gestiona, sino también por su adscripción al sistema privado, a las cajas de seguridad social o al sistema público. Hacer funcionar este andamiaje requiere de protocolos, normas, capacitación del personal y, sobre todo, de un sistema que logre coordinar y administrar de manera eficiente a los diferentes prestadores de servicios. Aspectos que hasta ahora no han sido suficientemente considerados.

En consecuencia, el enorme esfuerzo que el Gobierno transitorio prevé realizar para garantizar que el 10% del presupuesto del Estado se destine al ámbito de la salud debería servir como una palanca para desencadenar cambios estructurales en el sistema público de atención médica, o al menos, empezar a perfilarlos. Se trata de una nueva oportunidad que se debe aprovechar.