El documento incluye respuestas prácticas a más de 1.700 preguntas.
La empresa de consultoría Protiviti publicó la quinta edición de su Guía de Requisitos para la Prevención de Lavado de Dinero, la cual se estableció sobre la base de aportes de los clientes, abogados, reguladores y otros expertos en la lucha contra el lavado de dinero.
La guía incluye respuestas prácticas a más de 1.700 preguntas, por lo que es un recurso valioso para la alta gerencia, auditores internos y otros profesionales.
"Nuestra guía ofrece respuestas claras y concisas a las innumerables preguntas que se plantean en el día a día sobre el diseño, implementación y mantenimiento de programas
efectivos de prevención de lavado de dinero y de cumplimiento de sanciones", señaló Carol Beaumier, vicepresidenta ejecutiva de Protiviti.
Este documento incluye diversas secciones, entre las que destacan algunas como:
FATCA: Aborda los requisitos básicos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y la intersección de FATCA y de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
Requisitos Nuevos y Propuestos del Programa de Prevención de Lavado de Dinero: Explica los nuevos requisitos para los prestamistas hipotecarios no bancarios y los requisitos propuestos para empresas patrocinadas por el gobierno (GSE por sus siglas en ingles).
Dispositivos de Acceso Pre-pagados: Considera el impacto de los requisitos propuestos en los negocios de servicios monetarios y en los reportes de efectivo y otros registros contables y requerimientos de reporte de la Ley del Secreto Bancario.
Requisitos de Reporte y Mantenimiento de Registros Contables: Explica los cambios recientes a los informes sobre transacciones de monedas y reportes de actividad sospechosa, así como la introducción de la lista de instituciones financieras
extranjeras sujetas a la Sección 561 del Departamento de Tesorería de EE.UU.
Convergencia de la Prevención de Lavado de Dinero y Otros Crímenes: Entrega una mirada sobre los riesgos y expectativas de los programas de prevención de lavado de dinero de las instituciones financieras, para identificar delitos como el tráfico de personas y el abuso financiero de ancianos.
