La falta de sistema que permitan una forma correcta de desechar medicamentos en mal estado han demostrado ya un efecto negativo.
Lindsay Oaks fue un tipo conocido en el mundo de la microbiología y la veterinaria. Desde que en la década del noventa estuvo vinculado a la Universidad Estatal de Washington, en EE. UU., se ganó la admiración de sus colegas y alumnos. “Era un líder muy respetado y sus estudiantes lo querían mucho. El aula fue el espacio donde sintió que podía contribuir más a su profesión”, fue como lo describió esa universidad en el obituario que publicó cuando falleció en enero de 2011. Con solo 51 años, Oaks había sido diagnosticado de un agresivo tumor neuroendocrino tres meses atrás.
Entre las investigaciones que hizo hubo una que fue especialmente comentada a principios de este siglo. Había sido publicada en el 2004 en la prestigiosa revista Nature, y exponía un problema que hasta el momento no parecía ser inquietante: los efectos de los residuos farmacéuticos en algunos ecosistemas. Junto a otros 12 colegas, Oaks había demostrado que el diclofenaco, popular analgésico y antiinflamatorio, era el culpable de la disminución de buena parte de la población del buitre de lomo blanco, también llamado buitre dorsiblanco bengalí (Gyps bengalensis). “Los residuos de diclofenaco como causa de la disminución de la población de buitres en Pakistán”, fue como titularon su estudio.
En términos simples, lo que hizo ese grupo de científicos fue examinar con lupa los motivos por los que desde 1990 la población de esa especie había caído estrepitosamente. Las pistas apuntaban a que las causas de las muertes eran insuficiencia renal y gota visceral, pero nadie había podido explicar las razones de esas enfermedades. Oaks y su equipo intuyó que los motivos podían relacionarse con los cadáveres de ganado, una de las principales fuentes de alimentación de los buitres. Tras analizar muestras y entrevistar a 74 veterinarios y farmacéuticos, habían despejado las dudas: el agente tóxico detrás de la mortandad eran los residuos de diclofenaco, un medicamento muy usado por los granjeros para tratar a sus vacas.
“Es consecuencia ambiental inesperada”, fue la manera como calificó el episodio Oaks, que entonces pertenecía al Departamento de Microbiología y Patología Veterinaria de la U. Estatal de Washington. Además, dijo, la disminución de esta especie, clave para evitar la descomposición de los cadáveres de ganado, podía tener serios efectos en la salud pública. Hoy, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el buitre de lomo blanco está en la categoría de “peligro crítico”, dos "pasos" antes de la extinción.
El artículo que publicó Oaks fue uno de los primeros que proporcionó evidencia sobre una de las consecuencias de los residuos de medicamentos en el ambiente. Diego Quijano, ingeniero ambiental y estudiante del doctorado en Salud Pública de la U. Nacional, suele mostrarlo cuando le piden hablar de una rama de investigación que, pese a ser relativamente nueva, poco a poco se ha ganado un campo entre la ciencia: la ecofarmacogivilancia, una disciplina que trata de entender los efectos adversos de los productos farmacéuticos en el ambiente.
En su baraja de ejemplos, Quijano tiene varios con los que intenta explicar la importancia de estudiar más a fondo esa relación. Uno de los primeros es una investigación publicada en 1994 en la revista Chemistry and Ecology que demostró una posible feminización de la trucha arcoíris por los residuos en aguas residuales de etinilestradiol, un popular compuesto de tratamientos anticonceptivos. Otro de sus buenos ejemplos es un estudio de 2006 que demostró que la Ivermectina, un medicamento usado en el ganado para controlar la presencia de nuches, ácaros o piojos, estaba afectando las poblaciones del escarabajo de estiércol y cambiando sus comportamientos.
Como esos, dice Quijano, hay estudios que muestran los efectos que tiene la excesiva medicalización humana o veterinaria en algunas plantas. También hay evidencia de otro problema que cada vez es más inquietante para la salud pública: la resistencia a los antibióticos. Hace solo un par de semanas otro estudio publicado en la revista Aquatic Mammals evidenció que el 88 % de los delfines de la laguna Indian River de Florida, EE. UU. presentaban patógenos resistentes a los antibióticos. Los autores habían recolectado muestras de 171 ejemplares entre 2003 y 2015.
“Es probable que este problema se originara en una fuente donde se usaban antibióticos regularmente”, había explicado al diario inglés The Guardian Adam Schaefer, líder de la investigación.
Como cuenta Quijano, se trata de un inconveniente que tiene varias fuentes. El uso de fármacos en animales, por un lado. El humano, por el otro. En esos caminos hay distintas rutas por las que las medicinas pueden terminar en los ecosistemas: a través de la excreción o de los vertimientos que llegan a aguas residuales por parte de algunas compañías fabricantes o de instituciones con un alto porcentaje de consumo, como los hospitales.
Es difícil saber si en Colombia las consecuencias de ese consumo son notorias. Los análisis que han tratado de evaluarlo son escasos. Uno de ellos fue publicado en Enviromental Science and pollution research international por investigadores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Jaume. Tras examinar la presencia de este tipo de contaminantes emergentes en dos embalses que alimentan de agua potable a Medellín, encontraron, entre otras cosas, que en el 60 % de muestras había rastros de ibuprofeno.
Entre esos caminos por los que los medicamentos suelen llegar a los ecosistemas hay uno inquietante: el desecho de fármacos que pacientes no vuelven a utilizar. Quijano intentó analizar esas prácticas en Colombia, junto a los profesores José G. Orozco Díaz y Esperanza Holguín Hernández, de la U. Javeriana. En 2016 publicaron en la Revista de Salud Pública de U. Nacional sus resultados en un artículo titulado Conocimientos y prácticas de pacientes sobre disposición de medicamentos no consumidos. Aproximación a la ecofarmacovigilancia.
En pocas palabras, luego de realizar una encuesta a 392 pacientes en un hospital de Bogotá, llegaron a la conclusión de que muy pocos sabían lo que debían hacer con las medicinas que no consumían. Más del 60 % creía que esos fármacos que no consumían debían parar en la basura corriente y solo el 5 % creía que las medicinas sobrantes debían entregarse en sitios especializados. Y aunque casi el 90 % pensaba que los medicamentos desechados podían afectar el ambiente, solo el 86 % conocía los Puntos Azules, esos contenedores que hay en algunas droguerías y almacenes para depositar estos artículos.
La conclusión de Quijano, Orozco y Holguín era clara: "Se evidenció un vacío de conocimientos con respecto a la forma de disosición de los medicamentos. Menos del 15 % de la población encuestada conoce los planes posconsumo de medicamentos vencidos, conoce o ha oído hablar de los puntos azules o ha recibido información sobre la disposición de medicamentos sobrantes o vencidos o sus empaques".
La cifra concuerda con los cálculos de Jorge Trujillo, director de la Corporación Punto Azul, la organización que aglutina a varias compañías que trazaron un Programa de Posconsumo de Medicamentos. Hoy reúne a 292 farmacéuticas (el 98 % del mercado) y este año lograron una cifra récord: la recolección de mil toneladas de medicinas. Según él, estas empresas, encabezadas por la ANDI, han invertido a lo largo de siete años unos $20 mil millones (US$ 5,7 millones) para cumplir con el programa de posconsumo de medicamentos que exige Colombia.
Pero pese a que ya han distribuido 1.720 puntos para los pacientes dispongan los fármacos vencidos y sobrantes que luego son llevados a un sofisticado proceso de destrucción y reciclaje, Trujillo es franco con sus expectativas. "Aún falta una larga campaña de pedagogía", dice. “Estamos tratando de hacer ese cálculo con precisión, pero creo que apenas recogemos el 10% de los medicamentos que deberían depositarse en los Puntos Azules. España, por ejemplo, recoge unas 4 mil toneladas anuales; nosotros, 500. Y, sin embargo, esta labor, que depende de la ayuda de todos los ciudadanos, evitó que el año pasado se falsificaran unos 9 millones de medicamentos.”.
