En medio de la batalla económica y legal que define su futuro, cuatro millones de personas quedaron atrapadas.

Las repercusiones de la caída del emporio que construyó Carlos Palacino aún se sienten en Colombia. Aunque el desenmascaramiento del arquitecto de Saludcoop, una EPS que llegó a controlar la salud de más de cinco millones de colombianos, ocurrió hace más de ocho años, los problemas que desató siguen sin una solución final.

Con la solicitud que le hizo el procurador general, Fernando Carrillo, a la agente liquidadora de Saludcoop EPS, Ángela María Echeverri, para que revoque la venta de Cafesalud (Saludcoop) y el visto bueno de ella, el país retrocede dos años en este novelón financiero y se enreda más por culpa de la guerra de abogados que se augura.

La historia es la siguiente. En 2016, después de muchos ires y venires, el entonces ministro de salud Alejandro Gaviria, que había heredado ese chicharrón, creyó encontrar una solución: no la fragmentaría, como sugerían algunos expertos, sino que, teniendo en cuenta el interés de empresas como Sánitas, la pondría en venta junto con una serie de clínicas aglomeradas en Esimed. Gaviria necesitaba tomar una decisión en la que garantizara la salud de casi cuatro millones de colombianos, se cumpliera el pago de los acreedores y se evitara a toda costa una masacre laboral.

Finalmente, el 24 de mayo de 2017, con escándalos de por medio, después de aplazar cinco veces los cronogramas, se vendió la EPS Cafesalud, la entidad desde la que se controlaba Saludcoop. Un consorcio, Prestasalud, conformado por ocho empresas, ofreció $1,4 billones (US$ 461 millones).

Por unos meses pareció la solución ideal. Pero era solo una ilusión. Primero aparecieron las peleas entre los socios. Luego se hicieron evidentes la improvisación de Prestasalud y los problemas de caja para saldar los compromisos. Los reclamos de los proveedores no tardaron en asomarse. Tampoco las quejas de los pacientes. La última anormalidad fue el cierre de ocho clínicas en varias ciudades.

Al procurador Carrillo nunca le gustó la jugada y la cuestionó desde el principio. Alejandro Gaviria respondió molesto: “Destruir un bien público (la confianza en las instituciones) en busca de un interés privado o personal (la notoriedad o la figuración) es una forma de corrupción”.

Gaviria salió del gobierno y Carrillo siguió con un ojo encima de Medimás. Hace un mes, el jefe del Ministerio Público volvió a asegurar que la EPS Medimás estaba poniendo “en riesgo la salud y la vida de sus afiliados” y le pidió a la liquidadora de Cafesalud, Ángela María Echeverri, que reversara la venta.

La liquidadora Echeverri indicó en ese momento que “es importante que a la gente le quede claro que la venta fue transparente y tenía dos objetivos: encontrar un nuevo operador idóneo y recoger dinero para poder pagar las deudas de Cafesalud”. Ante lo primero, dijo que ya ha “pasado un tiempo suficiente para estabilizar la operación y normalizar el servicio”, y sobre lo segundo dijo que el proceso avanzaba, aunque no sin ciertas barreras.

Esa ya no es su postura. En una carta que dirigió al procurador el pasado 2 de octubre le explicó los motivos por los que decidió solicitar dar por terminados los contratos de la venta de Cafesalud. Entre ellos, el atraso en los pagos de las cuotas por la venta de Cafesalud correspondientes a los meses de julio, agosto septiembre y octubre de 2018, equivalentes a $74.101.239.431 (US$ 24,4 millones).

También por la deuda a los proveedores: a Healthfood S.A., encargado del suministro de dietas hospitalarias, se le adeuda $6.466 millones (US$ 2 millones); al Laboratorio Bioimagen Ltda., $12.280 millones (US$ 4 millones); a Heon Health On Line S.A., que presta servicios tecnológicos, $3.914.238.492 (US$ 1,2 millones), y a Contact Service S.A.S., call center encargado de las citas, $2.017.895.848 (US$ 665.300).

“Es importante resaltar que las dificultades de Medimás EPS son el reflejo de unas problemáticas propias del sector del aseguramiento en salud, del que no está exenta ninguna EPS”, respondieron los directivos de Medimás.

El procurador Carrillo instaló una mesa de trabajo con otras entidades “para hacer frente a la situación de Medimás”. Para sorpresa de todos, el superintendente de salud Fabio Aristizabal decidió no respaldar la petición del Procurador Fernando Carrillo de revocar la venta de Medimás y con una nueva resolución le dio un plazo de uno a tres meses a la EPS para subsanar incumplimientos.”.