Las universidades de México están realizando un esfuerzo conservador, pero constante, de integrar a alumnos de orígenes y condiciones heterogéneas en sus aulas.

En diciembre de 2018, el recién asumido presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentaba el Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con el que pretende abrir 100 nuevas universidades públicas gratuitas en las poblaciones de menores recursos del país. La propuesta inmediatamente generó una serie de debates, pues el tema del acceso y cobertura en educación superior es una de las grandes falencias del sistema educativo mexicano.

Según datos del Institute for Statistics de UNESCO, en 2015, México contaba con una cobertura del 37,3% en el grupo de personas jóvenes en edad de estudiar, mientras que en América Latina y el Caribe la cobertura promedio en este segmento alcanzaba el 44,4% y en los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) esta cobertura se elevaba a 74,7%.

Otra arista del debate se focalizó en la calidad. Voces críticas al programa indican que una cosa es abrir universidades, pero otra muy diferente es custodiar la calidad de dichos planteles, pues, de lo contrario, se ofrecería formación de segunda o tercera categoría para los jóvenes de menos recursos económicos. Y, considerando que el país cuenta con universidades públicas de reconocida calidad internacional, estas deberían ser el parámetro para las nuevas instituciones.

Aparejado al tema de la movilidad social, la propuesta de AMLO también involucra y se inspira en la añeja aspiración de alcanzar la meritocracia en el acceso a la educación superior, en momentos en que México, como en otros países de América Latina, el logro educativo está muy supeditado al origen socioeconómico.

Según el estudio “El México del 2018: Movilidad Social para el Bienestar” realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, si consideramos a la totalidad de estudiantes que ingresaron a planteles de educación superior, el 59% tiene al menos un padre que recibió estudios universitarios, mientras que sólo un 5% fueron primera generación universitaria. El mismo estudio señala la correlación entre origen socioeconómico y nivel educativo, pues el 52% de quienes provienen de un hogar de altos ingresos (quintil V) permanece allí, mientras que sólo el 4% de las personas provenientes del quintil más pobre (quintil I) logra acceder al quintil más rico.

Dicho de otro modo, las personas cuyos padres tienen niveles bajos de educación heredan niveles bajos de educación, lo que implica que la posición social se transmite de padres a hijos. El mismo estudio indica que el tema es aún peor para las mujeres: al igual que el status socioeconómico, los roles de las mujeres también se transmiten de generación en generación, lo que se traduce en un sesgo en el seno de las familias mexicanas, cuando deben decidir si invertir o no en la educación de las niñas.

En medio de este panorama, que es un tema de larga data en México, en 2017 el Ranking de las Mejores Universidades de México, de AméricaEconomía Intelligence, integró a su metodología la dimensión “Inclusión y Diversidad”. El propósito de esta dimensión es conocer qué están haciendo, cómo y cuán preparadas están las universidades mexicanas para solucionar los requerimientos de diversidad, evaluando las prácticas propuestas por dichos planteles para integrar a la heterogeneidad de los candidatos universitarios, considerando su origen geográfico, pertenencia a un pueblo originario o minoría étnica; capacidades cognitivas y género de los postulantes, así como la provisión de becas o ayudas económicas y la infraestructura acondicionada para personas con movilidad reducida y no videntes.

La evaluación de estos últimos tres años presenta desafíos por solucionar y también rendimientos dispares aunque, en general, un leve aumento de algunos indicadores.

Las instituciones que cuentan con un programa propio de apoyo para estudiantes indígenas no han variado mucho en dos años: sólo un 2% desde 2017. Sin embargo, si consideramos la cantidad de estudiantes indígenas matriculados en programas de licenciatura, estos han pasado de ser 9.709, en 2017, a 12.019, en 2019. Para este último año, el porcentaje de estudiantes indígenas sobre el total de estudiantes de licenciatura corresponde al 0,8%. Una cifra muy baja si se considera que cerca del 13% (casi 15 millones de personas) de la población mexicana pertenece a un pueblo indígena. Mucho peor es el caso de los estudiantes afromexicanos, quienes ni siquiera aparecen contabilizados.

Y aquí es donde se presenta el primer desafío: muchas de las universidades tienen problemas para identificar a este tipo de estudiantes, ya sea porque carecen de los medios para hacerlo o porque sólo pueden identificar la etnia de cada estudiante si, individualmente, estos se reconocen a sí mismos como pertenecientes a una etnia. Pero aquí es donde también aparecen las particularidades de cada institución. Conforme a su Código de Ética, la Universidad de las Américas Puebla, por ejemplo, está obligada a ofrecer programas e infraestructura para que cualquier estudiante, sin importar su origen o situación física, motriz o cognitiva, pueda estudiar en condiciones óptimas, por lo que no llevan un registro personalizado de sus características. Esto se refrenda en que, aunque no poseen programas propios de apoyo a estudiantes indígenas de la universidad, cuentan con el “Programa de Liderazgo de Jóvenes Indígenas” orientado a capacitar jóvenes provenientes de pueblos originarios en temas como lengua, medio ambiente o migración con la finalidad de que luego contribuyan a plantear soluciones a problemáticas de sus propias comunidades.

Y si de infraestructura se trata, también cuentan con mobiliario para personas con movilidad reducida y servicios o medidas especiales para personas no videntes. Este es otro de los indicadores que se muestran interesantes de analizar en su progresión, pues involucra medidas que comprenden la acción directa de las universidades. Por ejemplo, la evolución ha sido notoria respecto a infraestructura y medidas especiales para personas no videntes. En 2017 había cierto rezago por parte de las universidades mexicanas para proveer soluciones a su estudiantado no vidente: el 62% presentaba facilidades para asistir con perro lazarillo, el 59,5% poseía libros y títulos en sistema de audio, el 48,6% poseía libros y títulos en sistema braille y solo el 35% poseía señalética en sistema braille. Todos estos indicadores se han incrementado en 2019, y ahora el 67,4% presenta facilidades para asistir con perro lazarillo y tiene libros y títulos en sistema de audio; el 62,8% tiene libros y títulos en sistema braille y el 48,8% tiene señalética en sistema braille.

Es más, en 2017 sólo 12 universidades decían tener otro tipo de medidas para satisfacer las necesidades de sus estudiantes no videntes, que podían ir desde guías en caminos exteriores a los campus hasta lectores digitales de libros impresos. La Universidad Autónoma del Estado de México fue más allá y además de poseer un centro de rehabilitación infantil con asistencia canina y desarrollar un sistema de posición de los dedos con aplicaciones en el tratamiento de trastornos de procesamiento auditivo–visual, ha implementado soluciones propuestas por sus propios estudiantes. Así fue como un universitario con discapacidad visual de la Licenciatura en Matemáticas de la UAEMéx, creó un Sistema de Álgebra Tensorial en braille que hoy se encuentra disponible en la Facultad de Ciencias.

Hoy, el 50% de las universidades evaluadas cuenta con medidas adicionales para personas no videntes. Mapas hápticos, guías podotáctiles, puertas con sensores de movimiento, software y hardware de apoyo académico, como JAWS, MAGIC o Duxbury DBT (que permite crear y convertir textos a braille) e incluso algo tan sencillo y fácil de implementar como intérpretes en lengua de señas, pueden encontrarse en los campus universitarios.

En cambio, en cuanto a la infraestructura para personas con movilidad reducida, el incremento ha sido mesurado, aunque sus cifras ya eran notables. En 2017 el 100% de las universidades contaba con rampas para sillas de ruedas y estacionamientos reservados; el 92% contaba con baños especialmente acondicionados; el 86,5% contaba con ascensores y el 51,4% contaba con lugares específicos en las salas de clases. En 2019, esas cifras prácticamente se mantienen inalterables, excepto porque ahora el 72,1% cuenta con lugares específicos en salas de clases.

Pero también en este caso, hay particularidades que merecen ser mencionadas. A raíz de una ley federal creada a partir del Decreto Número 435, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha eliminado cualquier tipo de barrera arquitectónica que presuponga un desafío para personas en situación de discapacidad, adaptando sus aulas para ser plurifuncionales.

Con esto han puesto en práctica los conceptos empleados en el Modelo Social de la Discapacidad, que plantea que los individuos en “situación de discapacidad” no están impedidos de hacer actividades, sino que tienen que realizarlas por otros medios distintos a los habituales. Así, una persona no vidente no es que no pueda “leer” un libro, sino que para hacerlo el libro debe estar escrito en braille. Con este modelo la discapacidad deja de ser un padecimiento personal, sino un problema social en el que las condiciones creadas por las barreras económicas, políticas, culturales y materiales que enfrentan las personas, a las que se les imputa una deficiencia, les impiden desenvolverse de manera “normal”.

En este sentido, la presente edición del Ranking incluyó una pregunta específica por programas de apoyo para estudiantes en situación de discapacidad y los resultados parecen ser promisorios: el 63,2% de las universidades evaluadas cuenta con algún programa de este tipo. Algunas, como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, cuentan con oficinas o departamentos especiales como la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad y el “Campus Accesible”, respectivamente. Otras desarrollan programas que también involucran a otros grupos minoritarios, como la Universidad de Guadalajara, que cuenta con el programa “Universidad Incluyente”.

Cantidad y calidad

Uno de los temores por parte de los planteles públicos de educación superior es que la medida de la creación de las 100 nuevas universidades estatales disminuya el presupuesto asignado para las universidades estatales ya existentes, y esto merme la calidad del conjunto de universidades públicas.

Aunque es muy pronto para decir que las medidas evaluadas de “Inclusión y Diversidad” han repercutido en la calidad docente o la investigación de las universidades, sí podemos dejar registro de los estándares de calidad al día de hoy para referenciar movimientos en el futuro.

Las universidades públicas evaluadas (39) suman un total de 56.662 profesores tiempo completo versus los 6.796 de las universidades privadas (11), con un promedio de 1.453 para las primeras y 618 en el caso de las segundas. En el caso de profesores por jornada hora o por asignaturas, las universidades públicas suman 88.375 profesores, con un promedio de 2.266 por universidad, y las IES privadas 21.945, con un promedio de 1.995.

En cuanto al grado académico del total del plantel docente de las universidades públicas evaluadas, el 23,9% corresponde a profesores con doctorado y el 31,9% cuenta con una maestría como último grado académico alcanzado. En los mismos criterios, las universidades privadas tienen 19,8% y 51,5% respectivamente.

Por otra parte, si vemos la producción de conocimiento, la suma total de las publicaciones WoS realizadas por las universidades públicas, en 2018, fue de 14.132, de las cuales 6.128 corresponden a la UNAM y el IPN, lo que es igual al 43,3%. Excluyendo a ambas, el promedio de publicaciones de una universidad pública, en 2018, fue de 216, y la productividad promedio de los investigadores SNI de estas universidades fue de 0,8 papers al año, a excepción del IPN cuya productividad de 1,5 papers es la máxima entre las universidades públicas.

Las universidades públicas suman 17.238 investigadores registrados ante el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De ellos, el 48% se reparte entre cuatro universidades: las ya mencionadas UNAM e IPN, además de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guadalajara, con 4.746, 1.210, 1.163 y 1.162 respectivamente. Sin estas, el promedio de investigadores SNI de las universidades públicas es de 256.

Con todos estos datos, una universidad estatal promedio en México tiene 3.967 profesores totales, 1.453 profesores tiempo completo, 2.666 profesores por asignatura, 442 investigadores SNI y publica 362 papers WoS al año, con una productividad de 0,8 papers. Con estos mismos criterios, una universidad privada promedio tiene 2.664 profesores totales, de los cuales 618 son de jornada completa y 1.995 por horas, 113 investigadores registrados ante el Sistema Nacional de Investigadores que publican 95 papers WoS al año, registrando una productividad de 0,9.