Al menos 500 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, con diagnóstico de hidrocefalia, recibieron un implante quirúrgico intracerebral en fase experimental sin saberlo. 

Laura Toribio para Excelsior. Después de 10 años, en el lado derecho de su cerebro Yolanda Guerrero conserva parte del dispositivo en fase experimental que le implantaron en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

“Me punza esto, aquí, mucho, estoy cansada”, dice mientras se lleva la mano al lugar exacto donde tiene un tubo del tamaño de una pluma que nunca pudieron extraerle.

En 2004, Yolanda Guerrero, que padecía una hidrocefalia secundaria a una cisticercosis fue intervenida en el instituto. Le colocaron, asegura, sin su consentimiento, el sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo desarrollado por el doctor Julio Sotelo.

Y ahí empezó la pesadilla: insoportables dolores de cabeza y la imposiblidad de dormir acostada.

Un año y medio más tarde fue imposible extraerlo porque se le encarnó. Ahora, en el lado izquierdo del cerebro tiene además una válvula que se encarga de regular la cantidad, dirección de flujo y la presión del líquido cefalorraquídeo.

De una vida activa en la que practicaba karate, hoy a sus 50 años, apenas puede caminar y habla lentamente. Las pocas veces que sale de su casa son sólo para ir al hospital.

“Su vida ha cambiado bastante, ella ya no puede hacer nada, ella hacía deporte, caminaba, vendía su ropita, ahora no puede caminar sola. Hay veces que se marea, y el dolor de cabeza no se le quita, es constante”, relata su esposo Juan Manuel Armenta, que está convencido de que el dispositivo es el responsable de sus malestares.

Desde el 2008 Armenta ha tocado las puertas de la PGR, Secretaría de Salud y Derechos Humanos en busca de respuestas sin obtenerlas.

Eso, a pesar de que un dictamen de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) concluye mala praxis en la atención médica y quirúrgica otorgada a Yolanda en el Instituto Nacional de Neurología.

“Sin estudio alguno que lo sustentara se estableció el diagnóstico de cefalea tensional; se instaló un sistema derivativo en fase experimental sin un protocolo de investigación vigente y sin informar a la paciente”, destaca el texto.

“No puedo trabajar ni hacer mis cosas, me duele también porque a mi niña (de 16 años) no la puedo apoyar en nada”, cuenta.

En su modesta casa ubicada en el centro de la capital, Juan Manuel Armenta muestra las fotografías de una Yolanda feliz y plena, en clases de karate y otras más en el bautizo de su hija. Añora, como ella, aquellos años.

También enseña escritos, las recetas y los recibos que ha acumulado en diez años.

“Estamos acongojados por lo mismo de su salud que ella no se mejora, ya su vida está mal, incluso ya en el DIF le dieron una constancia de discapacidad, porque ella ya no puede hacer sus cosas. Lo que quiero es que la lleven a un hospital donde la atiendan bien, que realmente vieran las necesidades que tiene del daño que le causaron”, reclama.

Entres sus papeles sobresale uno reciente de PGR, en el que se notifica sobre la consulta de reserva de su caso: “El día treinta de octubre del años dos mil quince, esta representación social de la federación dictó un acuerdo por el que se determinó consultar la RESERVA de la averiguación previa AP/PGR/DF/SPE-XXVII/5151/08-09, por no contar con elementos suficientes para hacer la consignación a los tribunales o consultar el no ejercicio de la acción penal”, se lee.

“PGR dice que no hay pruebas suficientes para poder procesar al que hizo esto, al que inventó esto”, dice, mientras toca la cicatriz en la cabeza de su esposa.

El caso