Paul Singer y su fondo NML se ha transformado en la pesadilla del gobierno argentino, poniendo en jaque toda la renegociación de la deuda y el reingreso del país a los mercados internacionales de deuda.

“Extorsión”, dijo la presidenta Cristina Fernández. “No pasarán”, afirmo, más épico, el ministro de Economía Axel Kicillof. Mientras la selección de fútbol argentina se enfrentaba en Brasil con rivales de segundo orden, la presidenta y su ministro tuvieron que verse las caras con un adversario implacable: Paul Elliott Singer, dueño del fondo NML. 

Los fondos como el de Paul Singer tienen un modelo de negocios simple: comprar simultáneamente deuda soberana castigada y seguros contra default. Luego van a las cortes y exigen el pago del 100%. Comienza así un enfrentamiento judicial hasta que la nación asfixiada financieramente ofrece pagar una fracción más significativa del valor nominal; el fondo logra una ganancia fuera de norma pero que exige paciencia… y abogados. Durante dos años Argentina intentó zafarse de esta jaula que finalmente le ha caído encima. 

Entre el viernes 27 y el lunes 30 de junio el partido entre Argentina y NML era de ida y vuelta. Argentina debía pagar a aquellos acreedores que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010 (el 92,4%), pero NML exigía el embargo de los US$900 millones involucrados en ello, lo que hubiera empujado a Argentina a un default técnico. En una sorpresiva decisión el dinero fue girado por el Banco Central a su mandante en Nueva York. Pero el juez Thomas Griesa fue salomónico: no embargó los dineros, como quería el fondo de Singer, pero bloqueó el pago a los acreedores, obligando a Argentina a sentarse a la mesa de negociaciones.

Contra reloj

Para Ariel Setton, docente en Economía Internacional de la UBA y columnista de Yahoo Finanzas, “el rechazo judicial en la corte de Estados Unidos marcó una negociación directa con los fondos, cosa que en los últimos cinco o seis años el gobierno se venía negando sistemáticamente a hacer”. Setton señala que antes “se venía trabajando con menos ganas o con menos apuro”, enfrentando un problema a la vez: Club de París, Repsol, Ciadi.

Ahora la premura es total. A partir del 30 de junio Argentina tiene 30 días para llegar a un acuerdo no sólo con NML, sino con el resto de los acreedores. El problema para el gobierno no es sólo una cuestión de plazos ni de dinero disponible, sino de procedimientos para pagar en tiempo y forma.

Con los acreedores repactados firmó una cláusula RUFO, que obliga a Argentina a extenderles las mismas condiciones de un acuerdo posterior y más beneficioso con NML. En otras palabras, la cláusula RUFO implica que podrían exigir el pago de toda la deuda y no sólo de una fracción, como acordaron en los canjes. De ahí que tanto la presidenta como el ministro Kicillof han recalcado que están en juego unos US$15.000 millones, más de la mitad de las reservas del Banco Central.

“El gobierno hizo lo que tenía que hacer frente a este conflicto”, afirma Agustín D’Attellis, miembro de la agrupación de economistas La Gran Makro. “Debe entenderse que estos fondos se manejan de esta forma, y siempre lo hicieron así, en otros momentos y en otros países. Su estrategia es llevar judicialmente las cosas al límite para forzar una negociación bajo presión”. 

D’Attellis, que también es docente e investigador de la UBA, recuerda que la cláusula RUFO vence el 31 de diciembre de este año. “No es casual que la justicia se haya expresado justo antes del vencimiento, es parte del planteo de un llamado a negociación casi extorsivo”, afirma. “Considerando en paralelo el fallo adverso en la causa Discovery (que permite informar sobre activos argentinos en el exterior para contar con la posibilidad de embargarlos) y el levantamiento del stay (medida cautelar que protegía los pagos de la deuda performing), creo que la estrategia de los fondos buitre y del juez es más que clara”.

Con un abanico cada vez más estrecho de opciones, Argentina no tiene otra que buscar una solución intermedia y enfrentarse a NML con una oferta de pago razonable. “Hoy Argentina necesita fondos para pagar su deuda en 2015, por compromisos por US$11.000 millones, y no hay reservas que aguanten”, afirma Setton. Para este economista lo más grave sería el pago de los US$15.000 millones a los holdouts en cash. “Eso demoraría la capacidad de crecimiento de Argentina en los próximos 10 años”, afirma.

Además Argentina tiene oro bajo tierra: el yacimiento de gas y petróleo de esquisto Vaca Muerta, que necesita de inversión para desarrollarse. Hoy el país gasta US$13.000 millones en autoabastecerse de combustible y energía, por lo que contar con un excedente exportable es una de las claves para que la economía mantenga su ritmo de crecimiento.

D’Attellis ve un escenario parecido. “Entrar en default generaría una serie de perjuicios importantes: surgirían tensiones en el mercado cambiario, mayor presión inflacionaria, caídas en el nivel de actividad, suba de tasas de interés”, señala.

Al final, razonables

Sin embargo, el escenario de default es poco probable porque, como recuerda D’Attellis, “a ninguna de las partes le sirve ese resultado”. A menos que alguno de ellos, en particular NML, tenga otro tipo de motivaciones, como especula el propio D’Attellis: “Sólo se entendería esa situación si lo que hay detrás de esto no es sólo un negocio financiero de parte de un pequeño grupo de inversores sofisticados y sin escrúpulos, sino la intención de disciplinar a una economía que decidió llevar adelante un proceso de desendeudamiento y soberanía en materia económica”, afirma.

La biografía de Paul Singer no da mucho espacio para esta interpretación ideológica. Hijo de una familia judía de New Jersey, formado como psicólogo en la Universidad de Rochester y luego como abogado en la Escuela de Leyes de Harvard, comenzó su carrera en 1974 como abogado en la división inmobiliaria de un banco de inversiones. Cuatro años más tarde fundó su propia compañía, Elliott Associates, con fondos de amigos y familiares. Hoy tiene una fortuna personal estimada en cerca de US$1.500 millones.

Según un perfil publicado por la revista Forbes en 2012, Paul Singer “tiene una reputación bien ganada como uno de los gestores de fondos más duros e inteligentes del mercado”. En los últimos 35 años ha generado retornos anuales por más de 14% después de comisiones. Su negocio es comprar deuda de compañías y Estados en bancarrota, “una estrategia que le ha valido un nivel importante de oprobio en algunos círculos”. Estamos hablando no sólo de Argentina o la República Democrática del Congo, sino también de Chrysler o el autopartista Delphi.

Singer es también un decidido sostenedor del Partido Republicano y amigo personal del derrotado candidato a la presidencia Mitt Romney. Pero no calza con el perfil del republicano ultraconservador: es un promotor abierto del matrimonio entre personas de mismo sexo y de los derechos laborales de la comunidad LGBT en el sector financiero.
¿Qué hará Argentina para llegar a un acuerdo con semejante negociador? Para D’Attellis, “bajo ningún punto de vista se correrá el riesgo de afectar las condiciones económicas y sociales internas en pos del pago de este fallo; la idea principalmente es cumplir con nuestros compromisos heredados, pero sin ahogar financieramente a la economía”.
Mientras tanto Singer y su equipo cuentan los días. Más que buitre, su accionar es el del gato maula de la canción de Gardel.