Las instituciones de salud colombianas muestran graves signos de corrupción mientras sanos y enfermos buscan una cura al sistema. El gobierno anuncia reformas mientras la enfermedad continúa.

A mediados de julio pasado, mientras el gobierno colombiano presentaba un paquete de medidas para remediar al sector salud, 5.000 personas colmaron la Plaza de Bolívar de Bogotá en la llamada “marcha blanca”.  Ubicada a una cuadra de la sede presidencial, la protesta fue  encabezada por un grupo de mujeres  vestidas de negro, simbolizando así el funeral del sistema de salud de Colombia. El acto se replicó en las principales ciudades del país.

Las imágenes de crisis se han multiplicado en los medios colombianos: un pensionado encadenado a un centro asistencial pide sus medicamentos; en la ciudad de Quibdó, al este de Colombia, renuncian 36 médicos tras meses sin paga; un joven muere luego de dos horas esperando ingresar al hospital.

Desde 1993 el gobierno ha regulado el sistema de salud a través del Ministerio de Salud y Protección Social y consta de dos formas de afiliación: el régimen contributivo y el subsidiado. El primero corresponde a las personas con ingresos económicos y el segundo, a la población sin empleo. El primero se financia con un porcentaje del sueldo mensual, mientras que el segundo, con contribuciones del Estado. Hoy ambas formas de afiliación, que incluyen a un 96% de la población,  están en cuestionamiento.

Colapso doble. El régimen contributivo está delegado en el sector privado, que lo administra a través de las llamadas Empresas Promotoras del Servicio de Salud (EPS). Se financia a través del 12,5% sobre del salario base de cotización mensual, porcentaje que asumen en su totalidad los trabajadores independientes. Cada empleado dependiente asume el 4% y el empleador, el 8,5%. Si 23,2 millones de colombianos pagan este 12% de su sueldo, podemos imaginar el botín de las redes que rondan a las EPS.

La Contraloría colombiana tiene procesos fiscales abiertos contra las EPS por US$ 683 millones, como es el caso de EPS SaludCoop, hoy intervenida por el gobierno. Otros 36 actores se encuentran con medidas cautelares, de un total de 76 EPS existentes. En otras palabras, la mitad muestra signos de corrupción. Al diagnóstico se suman los US$ 2.243 millones que el gobierno y las EPS deben a los hospitales y clínicas. Y las 775.102 acciones judiciales que interpusieron los ciudadanos entre 1999 y 2009 por inconvenientes para acceder a procedimientos y medicamentos.

La corrupción pone en duda si los privados deben seguir manejando los dineros públicos de un derecho social, o si el Estado debe retomar el control que tenía antes de 1993. Mientras tanto, los procesos contra las EPS también reciben críticas. “No hay una sola sentencia condenatoria, todo está en investigaciones”, dice la congresista colombiana Gloria Díaz.

Al régimen subsidiado, donde también actúan las EPS, se lo acusa de cuentas a nombre de personas inexistentes, aumento en los valores de medicamentos y procedimientos, recobros de insumos y medicinas nunca utilizados, o aportes a campañas políticas. La Contraloría insiste en que los dineros serían suficientes si se invirtieran en su totalidad. Un estudio hecho por esta entidad descubrió que el 75% de los US$ 840 millones  girados a la salud de 74 municipios en 2010 se perdieron. Es compleja la red  de defraudaciones reveladas por el presidente Juan Manuel Santos en mayo de 2011.

Irresponsables. Mientras el gobierno estudia el funcionamiento de las EPS, se da por descontado que más de la mitad desaparecerá. Las medidas anunciadas por el presidente Santos incluyen una inyección de US$ 672 millones para aliviar la cartera de hospitales y clínicas, y la creación de un fondo de garantías para salvar a las EPS en crisis. También incluye una reingeniería de la Superintendencia de Salud y la unificación de las prestaciones de los afiliados de los sistemas contributivo y subsidiado.

El presidente aclaró que el modelo actual continúa, lo que no dejó para nada contentos a quienes exigen un cambio. “Es un exabrupto que después que las EPS nos han robado, ahora les tenemos que dar plata”, asegura Francisco Yepes, magíster en salud pública y profesor de la Universidad Javeriana.

Varias asociaciones científicas y médicas ya presentaron una propuesta al Congreso para que el Estado recupere su protagonismo en el sector.  “Quienes pensamos que hay que hacer un cambio estructural no estamos diciendo que lo privado desaparezca, sino que el actor predominante es el Estado en representación del bien público”, afirma Yepes.

Las EPS aseguran que el gobierno y los municipios les adeudan más de US$2.243 millones y que son juzgadas por una crisis que viene desde hace más de 10 años, con muchos otros responsables. “El no pago de cuentas entre los actores hace que el costo financiero de la operación se torne inmanejable, pues los recursos que debieran ser empleados en la operación cotidiana terminan destinándose al apalancamiento financiero”, explica Álvaro Cobo, presidente de la asociación Asocajas, que agrupa a varias EPS.

Para Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es fundamental cambiar la tenencia del dinero tal y como está planteada. Hoy las EPS lo reciben por anticipado. “Aquí está la madre de todos los vicios, porque cada vez que alguien necesita un servicio para el asegurador es disminuir la plata que tiene en el bolsillo. Si cambiamos esto se agiliza todo”, explica.

El gobierno asegura que el actual régimen ha aumentado la cobertura, pero sus detractores se preguntan de qué sirve si no se puede acceder con oportunidad a la asistencia médica. Un argumento es el aumento de enfermedades como la tuberculosis, dado que no se está poniendo énfasis en la prevención. “La situación de Colombia debe ser un campanazo de alerta para otros países que han tratado de imitarnos. También para el Banco Mundial y el BID que han estado promoviendo el modelo colombiano”, agrega Yepes.

El debate está sobre la mesa y los promotores del cambio advierten que acudirán a un referendo, si es necesario. Se espera que las medidas gubernamentales,  aunque no saquen al sector de cuidados intensivos, lo mantengan con vida.