El país centroamericano intenta una reforma fiscal para poner fin a la escalada de endeudamiento y salvar su sistema de seguro social.

El déficit fiscal de Costa Rica (5,3% del PIB en 2010 y se espera un nivel similar o mayor para este año) se ha convertido en una amenaza seria contra una de las joyas del estado de bienestar del país: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La entidad enfrenta una aguda crisis financiera debido a aumentos de gastos meteóricos y una deuda del gobierno por US$ 862 millones. De hecho, esta situación fue causada no sólo por el aumento de los gastos en planilla (21% real anual en 2005-2010, según un informe de la OPS) y en medicamentos (se duplicó en el mismo lapso), sino porque la CCSS se convirtió en el “prestamista principal” del gobierno, ya que es su mayor comprador de bonos.

Para atenuar el déficit de la Caja misma (US$ 180 millones en 2011), la presidenta Laura Chinchilla anunció que el gobierno le pagará este año US$ 36 millones, la quinta parte de lo adeudado, pero no en efectivo, sino en bonos. Una salida más viable podría establecerse si se aprobase la reforma fiscal propuesta por el gobierno, aumentando así la recaudación en 2,2% del PIB. La situación es lo suficientemente seria como para que el embajador de Francia en Costa Rica, Fabrice Delloye, dijese públicamente que la competitividad del país dependía de la aprobación del paquete fiscal, irritando a empresarios y nacionalistas. Lo cierto es que el otro camino, un ajuste, podría ser más dañino porque obligaría a anular la inversión pública.