Subir tasas, controlar el dólar, vigilar a los supermercados, el gobierno argentino hace malabares para contener la inflación sin sacrificar la demanda interna.
Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el 1 de marzo el año legislativo con un discurso que duró casi tres horas (demostrando buena salud), parte de la oposición se quejó porque no mencionó dos temas de alta figuración pública: la inseguridad y la inflación. En rigor sí mencionó, aunque tangencialmente al referirse al programa precios cuidados, que el gobierno viene implementando desde enero de este año. De paso anticipó otros instrumentos para defender a los consumidores frente a “los abusos de sectores oligopólicos y concentrados”. La presidenta, pese al 3,7% de enero que indicó el nuevo IPC-NU, diseñado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que no había ningún justificativo “para aumentos de precios por encima de los valores que no se condicen con la realidad”.
Semanas más tarde, el ministro de Economía, Axel Kicillof, reforzó esta visión al dar a conocer el índice de febrero, que llegó al 3,4%, recalcando que cuando se devaluó el peso a finales de enero algunos comerciantes “trasladaron la variación del tipo de cambio oficial, del tipo de cambio ilegal, las expectativas del por las dudas, a precios”. Citó el caso de la industria automotriz, que subió sus precios pese a “una caída de la demanda brasileña de casi un 30%”, para ejemplificar que el mercado no estaba fijando los precios.
No te muevas. Ante esta situación el gobierno, según Kicillof, se vio obligado a defender a los consumidores reforzando el programa de control de precios, que recibe el eufemístico nombre de “cuidados”. Precio que se cuida, precio que no sube, al menos en teoría.
Augusto Costa, quien reemplazó en noviembre pasado a Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior, le ha traído aires frescos a la repartición. Fue el encargado de acordar con las cadenas de supermercados los 200 productos de primera necesidad que no pueden subir o moverse marginalmente hacia arriba. La idea era contar con un producto barato para cada marca de yerba, aceite, cortes de carne, algunos lácteos, productos de limpieza, verdulería, etcétera. Luego los “precios cuidados” se ampliaron a los materiales de la construcción con la misma lógica. El gobierno llegó a acuerdo con los supermercados Carrefour, Walmart, Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día, La Anónima, entre otros, y con las proveedoras de materiales de la construcción Sodimac y Del Centro.
El concepto de precios cuidados, según Fernanda Vallejos, de la agrupación de economistas kirchneristas La Gran Makro, es no sólo tener precios de referencia (y no de oferta), sino “que esos precios tengan niveles de ganancia adecuados en toda la cadena de valor”.
No es sorprendente en un gobierno que se define económicamente, más que de izquierda, como heterodoxo. Para Vallejos esto implica hacer visible un elemento que antes no era tomado en cuenta por la población: la tasa de ganancia. Para el gobierno una tasa de ganancia adecuada ronda el 25% en el agregado, habiendo desde luego sectores de la cadena con tasas más altas y otras más bajas.
Vallejos cree que la gracia de este programa es que “si bien ha habido otras políticas de precios exitosas, como durante el peronismo, antes estaba vinculado a una participación más organizada, a través de las agrupaciones de amas de casa de la rama femenina del peronismo, pero ahora esta política ha sido apropiada por el consumidor”.
Augusto Costa dijo en una entrevista que, con este programa, había productos cuya demanda había subido en 1.000%, lo cual explicaría su desabastecimiento en algunos supermercados. Fernanda Vallejos llama la atención sobre lo que para ella “es una expansión de la demanda, lo que hace que se incorporen productos de reemplazo de aquellos que han sido más demandados, y esto va más allá del nivel de cumplimiento”.
Las multas. Osvaldo Bassano es presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) y su discurso es afín con el gobierno. “Todo objeto económico es el hombre, es él quien está por sobre cualquier relación económica”, afirma.
Según Bassano desde 2008 ha habido una modificación muy fuerte de la ley del consumidor, lo que ha traído consigo un consumidor fortalecido. Con los precios cuidados eso se ha reforzado aún más: “A las mismas organizaciones de consumidores nos ha sorprendido el efecto de los precios cuidados. Sin embargo, ahora queremos avanzar en la calidad de los productos”.
En relación con las multas que han recibido las cadenas de supermercados por no cumplir con los precios cuidados, Bassano cree que algunas cadenas “firman el acuerdo con el gobierno y van con la reserva mental de no cumplir, y ésa es la forma de negociar de muchos grupos económicos”.
Según los datos que maneja ADDUC, las cadenas de supermercados concentran entre el 70% y el 80% del negocio de la alimentación, “pero eso no sería nada, porque se han cartelizado, acordando precios y comercialización”.
Según Bassano, eso se vio muy claro con la crisis de la yerba del año pasado, en donde estas cadenas guardaron buena parte de la producción de yerba para hacer subir el precio. Y más aún, el dirigente ve una alianza entre ciertos supermercados y bancos que serían los responsables de la corrida cambiaria de comienzos de año. “Eso también ha quedado demostrado porque las promociones de los supermercados con tarjetas de crédito las han acordado con los bancos que han hecho esas corridas”, señala.
Que las principales cadenas de supermercados multadas por no cumplir los precios cuidados sean extranjeras le da en algo la razón: se trata de la francesa Carrefour (US$250 millones), la chilena Jumbo (US$190 millones) y la estadounidense Walmart (US$ 150 millones). En total se han cursado multas por casi US$750 millones.
Pero las medidas enfocadas en el retail no son suficientes para dar cuenta de la inflación, pues el problema es estructural. Para ello el gobierno ha venido tomando medidas macroeconómicas para frenar las alzas de precios, o al menos para no hacerlas sentir tan fuertes en la población.
La encrucijada. Ariel Setton, docente en Economía Internacional de la UBA y miembro del Plan Fénix, donde coordina el impacto de políticas públicas, reconoce esto y dice que el gobierno lleva unos meses reorganizando la estructura macroeconómica, de cara al ordenamiento de algunas variables: “Este ordenamiento implicó, entre otras cuestiones, acompañar la devaluación de enero con políticas que sequen la plaza local de pesos para evitar una disparada mayor”. Con respecto al traslado de esa devaluación a precios (que los economistas denominan passthrough), “se estuvo trabajando sector a sector en su cadena de valor, para evaluar que no existan inconsistencias entre el aumento de costos y el aumento de precios”.
Estas políticas lograron contener el impacto de los altos índices inflacionarios del primer bimestre y estabilizarlos en marzo. Pero ahora deberán enfrentar las negociaciones salariales (llamadas paritarias). Su impacto en el salario real de los trabajadores determinará la viabilidad de mantener el modelo “de crecimiento con elevado consumo e inversión interna”.
Ariel Setton se muestra optimista y estima que la inflación durante 2014 “no será menor al 30%”. De hecho las paritarias de los docentes, que habitualmente se reajustan por debajo de la inflación anual, rondan hasta el momento esa cifra.
Para evitar, por otro lado, que el dólar paralelo tenga influencia en los precios, como tuvo hasta hace unos meses, “hasta mitad de este año el gobierno tendrá bajo fuerte control el valor del dólar oficial y del paralelo”, pero de ahí en adelante, según él, habrá que evaluar la tendencia futura del dólar y los precios.
Si da la sensación de un gobierno que parece uno de esos malabaristas chinos que mantienen en equilibrio varios platos a la vez, piénsese en el dilema de la tasa de linterés, clave para la demanda y los precios.
Guido Sandleris, director del Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, observa, por otro lado, que el gobierno ha comenzado a aplicar un fuerte ajuste monetario con una gran alza de la tasa de interés: “Sin embargo, este ajuste será insostenible si no va acompañado de prudencia fiscal”.
Sandleris reconoce que el ajuste permitió frenar la corrida cambiaria después de la devaluación de enero, “pero el costo en términos de actividad económica es alto, porque el gobierno no da señales claras de hacia dónde va. Con señales claras y algo de prudencia fiscal, el gobierno podría lograr estabilizar la economía sin tener que subir tanto la tasa y, en consecuencia, sin frenar tanto la economía”.
Éste parece haber sido el razonamiento detrás del sorpresivo anuncio, el 27 de marzo pasado, del recorte de los subsidios al gas y al agua en Buenos Aires, cuyas tarifas estaban congeladas desde 2002. Kicillof, el equilibrista chino heterodoxo, intenta deshacerse de uno de los platos que estaba equilibrando.
La economista Fernanda Vallejos, recuerda cuál es la prioridad: “el gobierno va a sostener el trabajo y el salario para mantener dinámica la demanda interna, que ha garantizado el crecimiento de la economía doméstica”.
