Golpeados por el juicio de corrupción política más importante en un cuarto de siglo y por unas elecciones menos que mediocres, Lula y el PT brasileño se muestran, paradojalmente, más fuertes que nunca.

Se trata de una situación peculiar. Hay que acuñar la expresión “una situación brasileña” para caracterizarla: Por una parte el PT (Partido de los Trabajadores) ganó sólo una de las 26 capitales estatales en la primera vuelta de los comicios municipales de comienzos de octubre. Fue Goiania. En 10 del resto la victoria se definió en la segunda vuelta, el 28 de octubre pasado.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia declaró culpable a parte esencial del corazón histórico del partido gobernante por corrupción. Aun así, ambos hechos son vistos como una victoria que fortalece al PT y a la presidenta Dilma Rousseff, y no logra mellar el aura del ex presidente Lula.

Parte del misterio, en el segundo de los casos, se explica por el hecho de que la Corte que impulsó el juicio de varias fases, con 38 reos en diversos delitos, está conformada por jueces nombrados por el mismo PT o cuyos miembros son sus simpatizantes. El juicio, conocido popularmente como el “Mensalão”, refiere a la compra de votos de diputados –usando dinero en efectivo– en busca de obtener sus votos para proyectos del oficialismo: 129 millones de reales, unos US$63 millones al cambio de hoy.

Aún en curso, el proceso lleva ya 10 condenados. Por mencionar sólo a tres de los más relevantes, el castigo
alcanza a titanes como José Genoino, ex presidente de la agrupación; Delubio Soares, su tesorero, y a José Dirceu, jefe de la Casa Civil del ex presidente Lula Da Silva de 2003 a 2005. Dirceu, además, es una figura mítica de la política del Brasil y cofundador del PT. Al informar de la condena, Celso de Mello, decano plenario del Supremo Tribunal Federal, consideró que el grupo de 10 políticos y empresarios –acusados de corrupción activa y pasiva– formó “una gran organización criminal que estuvo a la sombra del poder, mediante la formulación y aplicación de medidas ilegales, que tenían como propósito precisamente la realización de un proyecto de poder”.

El personaje clave del caso es el  publicista Marcos Valério. Éste, ya condenado por lavado de dinero en
septiembre, al comprobarse que pidió préstamos a dos bancos para pagar las coimas, apunta sus dardos contra el ex presidente Lula. Afirma que “Lula era el jefe” de todo el diseño y que la “caja” usada en realidad habría ascendido a US$ 172 millones. Cierto o falso, el hecho es que no se puede demostrar. Y no parece probable que, a falta de nueva evidencia documental, el público vaya a creerle. Ya la condena a Dirceu, la más polémica, ha sido hecha por medio de un concepto jurídico que establece certeza por medios indirectos, sin pruebas físicas. Tal es así que el político sigue alegando, a diferencia de otros condenados, su inocencia, y ha dicho que acudirá a cortes de justicia internacionales para demostrarla. Una cuerda que se ha estirado al máximo pero que, sin una confesión inesperada que aporte evidencia documental, no envolverá a Lula. Ni mellará su aura.