Encontrar recursos para el megaproyecto hidroeléctrico chileno podría no ser una tarea fácil, ya que los bancos están cada vez más preocupados por el impacto social y ambiental de sus inversiones.

El 13 de mayo la Plaza Navona, en Roma, lucía un enorme cartel pintado a mano que decía “Patagonia senza Dighe” (Patagonia sin represas). Detrás de él, decenas de personas pedían a la empresa italiana Enel que no continuara adelante con el proyecto hidroeléctrico HydroAysén, que contempla cinco centrales con embalses de 5.910 hectáreas en el sur de Chile. Junto con las protestas, un grupo de la ONG ecologista chilena Patagonia sin Represas iniciaba un fuerte lobby con el Estado italiano, dueño del 30% de la compañía, además de bancos y agentes financieros. El objetivo: convencerlos de lo contraproducente que podría ser para ellos financiar la iniciativa.

Tras la crisis de 2008, de la cual salieron con una imagen muy dañada, los grandes bancos están cada vez más recelosos de apoyar iniciativas cuestionadas social o ambientalmente. Ya son 72 entidades en el mundo (la única chilena es Corpbanca) las que han suscrito los “Principios de Ecuador”, una suerte de guía de autorregulación nacida hace ocho años con el fin de que los banqueros evalúen el financiamiento de proyectos bajo criterios de sustentabilidad.

La idea es que se comprometan sólo a dar créditos a proyectos que acrediten la adecuada gestión de sus impactos sociales y medioambientales, como la protección de la biodiversidad, el empleo de recursos renovables y la gestión de residuos, la protección de la salud humana y los desplazamientos de población.

HidroAysén deberá sortear este factor para obtener los US$7.000 millones que necesita para construir las represas en la Patagonia y el tendido eléctrico que llevará los 2.700 MW que generará al resto de Chile.

A pesar de haber aprobado todas las instancias legales en el país, hay espacios de duda. La fundación internacional Profundo publicó en 2009 un informe titulado European banks financing controversial companies, en que menciona 16 iniciativas involucradas en abusos de derechos humanos, contaminación, producción de armas e inversiones en países con regímenes represivos que recibieron financiamiento de bancos europeos desde 2005. En su listado incluyó el proyecto HidroAysén.

“Hemos tenido reuniones con dos de los principales bancos que le prestan dinero a Enel”, dice el coordinador internacional del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) y presidente de la ONG Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, refiriéndose a los italianos Intesa San Paolo y Unicredit. “Y ambos han dicho que ‘el mercado no está para proyectos como HidroAysén’”. Según él, grupos ambientalistas también están trabajando en Canadá para disuadir a la empresa Transelec, el más probable interesado en desarrollar la línea de transmisión.

El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, confía en la solidez del proyecto. Aún no han iniciado la etapa de road show con financistas, pero asegura que varios bancos internacionales se han acercado a la compañía a ofrecer sus servicios. “Les hemos dicho que aún no es el momento”, dice. “Debemos tener todas las aprobaciones y recién en 2014 los accionistas van a tomar una decisión”.

El riesgo. “Los riesgos crediticios relacionados con la compañía incorporan posibles presiones mediombientales y/o políticas que podrían resultar en mayores costos o modificaciones a proyectos en construcción”, dijo Fitch Ratings en un informe sobre Endesa –propietaria del 51% de HidroAysén– emitido en enero de este año. Y lo mismo afirmó en febrero en un prospecto sobre Colbún, que posee el 49% restante de la iniciativa.

El ex presidente de The Royal Bank of Scotland Chile y actual socio de la consultora Abaco, Víctor Toledo (quien también es miembro del directorio de AméricaEconomía), dice que el mercado de capitales internacional ha internalizado que un buen manejo ambiental y social está directamente relacionado a un menor riesgo crediticio. “Una empresa que no opera bajo estos principios genera para el banco dos riesgos adicionales: de imagen y de portafolio”.

Daniel Fernández dice que si se resuelven todos los cuestionamientos, este riesgo no debiera traspasarse al crédito. “Aquí los inversionistas van a competir por financiar este proyecto y nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir la mejor tasa y las mejores condiciones”.

Orrego, en cambio, cree que los bancos detectarán la gravedad de los riesgos inherentes al proyecto, como la línea de transmisión, la más larga del mundo, con 2.200 kilómetros. Cuando en 2005 organizaciones ambientalistas se reunieron con los bancos españoles BBVA y Santander para convencerlos de no financiar HidroAysén, las instituciones financieras apelaron a los Principios de Ecuador. El Banco Santander España dijo en respuesta por correo electrónico a esta revista que “si los promotores de este proyecto solicitan financiación, analizaremos la operación conforme a los Principios de Ecuador y las políticas del banco en materia social y ambiental”. El BBVA, en tanto, dijo oficialmente que “el banco adscribe a los Principios de Ecuador y de acuerdo a eso evalúa la inversión en proyectos”.

Aunque son un compromiso voluntario, se basan en los estándares medioambientales y sociales de inversión en mercados emergentes utilizados por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), agencia del Banco Mundial para el fomento de las inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo. Fernández afirma que la iniciativa cumple con las más severas normas ambientales, aunque dice que no han revisado si cumple o no con los Principios de Ecuador. “Es un tema de los bancos”. La banca chilena tiene experiencias recientes de financiar iniciativas poco sustentables con malos resultados para sus balances. Una de las recientes es el caso de la salmonicultura en el sur del país. Los salmoneros se vieron duramente golpeados por la propagación del letal virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), y su producción cayó en 61,53% en 2010 a 250.000 toneladas. Grupos defensores del medio ambiente lo atribuyen a precarias condiciones sanitarias. La crisis obligó a una masiva y difícil renegociación de la deuda de las empresas con la banca.

Compás de espera. El desenlace hoy es difícil de creer. “Siempre hay financistas inescrupulosos para proyectos que tienen impactos relevantes”, dice Orrego. Y cita como ejemplo a Belo Monte, una de nueve represas hidroeléctricas planificadas para la Amazonia brasileña y que podría convertirse en la mayor represa hidroeléctrica del mundo es una apuesta segura, pues también experimenta un lobby ambiental de peso.

Las centrales de HidroAysén tendrían una potencia total instalada de 2.750 MW y producirían en conjunto una energía media anual de 18.430 GWh a inyectar al SIC. Esto es, seis veces menos que la capacidad instalada planeada por Belo Monte, que es de 11.000 MW.

La Organización de Estados Americanos (OEA), en nombre de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), solicitó al gobierno de Brasil, que posee un 49,9% del proyecto a través de la eléctrica estatal Eletrobras, en una carta a comienzos de abril, la suspensión inmediata de la concesión, argumentando que la obra presenta serios riesgos para los pueblos indígenas que habitan en la región del río Xingu.

Pero aunque va un paso atrás de los lobbystas del mundo ecologista en su comunicación con el mundo financiero, HidroAysén aún tiene tiempo para ese tipo de definiciones. De acuerdo a Fernández esperarán a tener todas las partes del proyecto aprobadas ambientalmente y listo para ejecutarse en su totalidad para salir a buscar fondos. Y aún no ingresan el estudio de impacto ambiental de la enorme línea de transmisión. La meta es que HidroAysén comience a inyectar electricidad al Sistema Interconectado Central (SIC), la zona de mayor consumo en Chile, en 2020.

A la hora de buscar financiamiento Hidroaysén y todos los megaproyectos de inversión tendrán que enfrentar un escenario donde todo lo que concierne a las políticas de desarrollo sostenible llegó al mundo financiero y de la banca.