China y Japón instalan un bypass del dólar en su comercio bilateral.
En medio de las fiestas del fin de año, la precampaña presidencial estadounidense, los nuevos tambores de guerra en el Golfo Pérsico y la epilepsia sin fin de la eurozona, el acuerdo pasó desapercibido. Pero la decisión que le quitará casi US$ 333.000 millones de uso o demanda al dólar como moneda planetaria, probablemente sea reconocida por los historiadores del futuro como una de las que marcan un cambio de rumbo de grandes efectos. Porque lo que acordaron China y Japón el 26 de diciembre pasado fue comprometerse a que su comercio bilateral futuro se realizara mediante una conversión directa entre yenes y yuanes, sin pasar por el dólar.
Que la segunda y tercera economía del mundo hayan decidido actuar de esa forma no sólo es positivo para que sus empresas bajen el riesgo monetario y ahorren comisiones, sino que le abren al yuan chino un test nada menor. Si no surgen problemas, será una señal muy fuerte para quienes esperan que la internacionalización de la moneda china -hoy no convertible libremente- la lleve a ser una alternativa al dólar o una opción de reserva de valor. De hecho, el acuerdo binacional habilita a las corporaciones niponas a invertir en bonos chinos nominados en yuanes.
“China no está tan lejos de la convertibilidad total”, aseguró Zhou Xiaochuan, cabeza del Banco Central de China, en una declaración no relacionada directamente con la medida, en fecha reciente. ¿Cuándo será ese momento? Para algunos, 2020; para otros, antes. La respuesta más seria que puede darse es que la fecha no se encuentra establecida, ya que depende de que el gobierno sienta que su economía está tan fuerte y sofisticada que puede soportar las entradas y salidas bruscas de capital especulativo. Y ello tiene que ver con que su sistema bancario pueda operar sin el control hegemónico que hoy le impone el Partido Comunista. Aunque suele olvidárselo con facilidad, el gobierno de Pekín sigue siendo rojo, lo que significa que permite la alta rentabilidad de las empresas y bancos sólo si ello es consistente con sus objetivos políticos.
