Manipular las cifras de inflación ha sido el truco del gobierno argentino para reducir sus pagos de deuda. Pero el acoso de los fondos internacionales podría tornarlo inútil.

En Indec: historia íntima de una estafa, el periodista Gustavo Noriega cuenta que a principios de 2007 Graciela Bevacqua llevaba trabajando 15 años en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina. Su especialidad era medir el IPC y para eso tenía un equipo altamente técnico. Era una funcionaria bien evaluada, hasta que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, preocupado porque el índice se disparara, comenzó a llamar a diario al INDEC. En una de esas ocasiones le dijo, medio en broma medio en serio, que ojalá el índice fuera cero. Bevacqua tomó eso como una presión, pero siguió trabajando y suspendió sus vacaciones porque en las mediciones previas el IPC de enero indicaban que se empinaría por sobre el 2%. De la secretaría de Comercio Interior llegó entonces una funcionaria sin experiencia para supervisar su labor. Antes que terminara el mes, Graciela Bevacqua salió del INDEC y el IPC resultó tan sólo de 1,1%.

A comienzos de febrero de ese mismo año el diario Clarín denunció esto en su editorial como “la intervención del INDEC y la política de precios”. Desde esa época se viene hablando de que el organismo está intervenido, que sus índices no son confiables y que sus técnicos están politizados. Para el gobierno, por otra parte, el IPC “no está hecho para saber cuánto aumentaron los precios”; así lo dijo este año María Lucila Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor y mujer de confianza de Guillermo Moreno. Colombo agregó que “el índice sirve para actualizar los valores de ciertos bonos”. Estos bonos son de deuda pública y van subiendo de acuerdo a la variación del IPC. Para dar una idea, los bonos post default en moneda local tienen una renta de 15,38% sobre la inflación oficial. En términos prácticos, mientras menos inflación, menos deuda, y de ahí que se entiendan los esfuerzos del gobierno por pagar la deuda pública en detrimento de una medición eficiente de la inflación. En otras palabras, esta política le ha ahorrado al gobierno US$ 3.200 millones.

MALA FAMA

La preocupación por que este organismo reasuma su carácter técnico viene de varios sectores. Javier González Fraga, ex presidente del Banco Central, dijo en el reciente coloquio IDEA, celebrado en Mar del Plata: “yo, para combatir la inflación, echo a los que están en el INDEC y pongo a los que estaban antes”. Para el ex candidato a la vicepresidencia, desde 2007 hay por lo menos media docena de personas que hacen bien su labor, “por lo que reponer a los que estaban no sería una locura”. De nada ha ayudado a esta percepción negativa del INDEC que su directora, Ana María Edwin, fuera sometida a un control de alcoholemia a finales de julio, sobrepasando los índices permitidos.

Fuentes cercanas al INDEC prefirieron no referirse directamente a los planteamientos de González Fraga. “Somos un organismo técnico; además no tenemos tiempo de responderle a toda la gente”, señalaron.

CÓMO MEDIR

Desde algún tiempo consultoras privadas han venido dando sus resultados de IPC, pero como el único autorizado por ley para efectuar esta medición es el INDEC, los resultados tuvieron que ser entregados por parlamentarios en el Congreso. Esos índices al menos multiplican por dos los resultados del organismo estatal, cosa que para el economista y periodista Alfredo Zaiat no tiene mucha importancia. “Ya está claro que la inflación es de dos dígitos; ahora mucho más importante son las medidas que se toman ante eso”, afirma.

Zaiat acaba de publicar el libro Economía a contramano, donde analiza las corridas bancarias de los gobiernos de Cristina Fernández, y no está para nada de acuerdo con la idea de despedir a los trabajadores del INDEC. Sí cree que organismo público es el único capacitado técnicamente para realizar estadísticas periódicas y es relevante dotarlo de una legitimidad política a partir de información precisa. Las estadísticas privadas, advierte, “son peores que las oficiales”.

Agustín D’Attellis, economista de La Gran Makro (vinculada al oficialismo), cree que  la discusión sobre la medición de la inflación en Argentina tiene que ver con las diferentes canastas que se consideren. Actualmente la canasta que mide el INDEC en su IPC “utiliza una lista de productos que puede no ser representativa del consumo de ciertos sectores medios”. Sin embargo, y en esto coincide con Alfredo Zaiat, los números que elaboran las consultoras privadas y que son dados a conocer en el Congreso mensualmente “no tienen ningún valor, ya que ninguna tiene la capacidad técnica ni la estructura para calcular un índice de precios como corresponde”.

LAS CAUSAS

La medición oficial de la inflación desde 2003 alcanza al 62%, pero según otras estimaciones ascendería a 217%. De acuerdo a algunos economistas opositores al modelo K, las principales causas son el gasto fiscal, destinado principalmente a los sectores más vulnerables, pero también al entretenimiento, la creciente emisión monetaria y el aumento sostenido de los salarios.

Guido Sandleris es director del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato di Tella, que desde hace un tiempo viene midiendo la inflación con un relevamiento de expectativas. Según este centro, la inflación oscila entre el 25% y el 30% anual en el último tiempo. Para Sandleris, más que deseo de parte del gobierno por controlar estas cifras, lo que hay es falta de conciencia de la magnitud del problema: “Reconocer el problema es un primer paso importante para resolverlo”, comenta.

Como no hay acuerdo en las cifras, tampoco lo hay en las causas. D’Atellis evoca “la suba de los precios de los commodities y el consecuente traslado a precios internos”, en particular en el sector de los alimentos, pero además, y aquí nuevamente concuerda con Zaiat, existe otro factor relevante: las empresas de posición dominante que van creando precios monopólicos. Alfredo Zaiat incluso es más ilustrativo: “Los precios de los alimentos no suben solos, alguien los sube”, dice.

La receta ortodoxa serían “políticas de ajuste con el objetivo de enfriar la economía”. Pero la preocupación del gobierno hoy está en otra parte: los fondos buitres y la fragata Libertad detenida en Ghana,  que exige el pago de la deuda en efectivo y de inmediato. Esto podría debilitar la política de pago de deuda, reducir los incentivos a intervenir el INDEC y sincerar, al fin, las cifras de inflación.