El boom inmobiliario en Brasil tiene sus víctimas: compradores estafados, terrenos al alza y trabajadores subcontratados fuera de la ley.

El condominio Parque Las Aguas se encuentra en Campinas, estado de São Paulo. Decenas de familias depositaron en él sus sueños de la vivienda propia. Sin embargo, las construcciones fueron embargadas por la municipalidad por falta de obras obligatorias, infraestructura vial y drenaje de aguas pluviales. Todo por culpa de la constructora MRV.

Obras como ésta forman parte de Mi Casa, Mi Vida, uno de los programas estrella de la administración Lula y cuya propuesta resulta más que tentadora: compre un inmueble, tenga derecho hasta US$12.000 de subsidio y financie el pago en 30 años. Bajo esa invocación, decenas de constructoras esparcidas por todo Brasil iniciaron en los últimos tres años proyectos para la población de bajos ingresos.

Mi Casa, Mi Vida prometió la construcción de un millón de viviendas y ha provocado también en una serie de efectos colaterales en el sector de la construcción. La mano de obra se encareció, el precio de los terrenos se disparó y en el sector inmobiliario comenzaron a sacar cuentas alegres. El problema es que en el camino quedaron miles de consumidores descontentos, que ven en la justicia la última esperanza.

Las quejas son por atrasos de hasta dos años en la entrega de proyectos, mucho después del plazo de vigencia de 180 días que concede el mercado. Eso además de paredes defectuosas, falta de terminaciones y material de mala calidad.

Mi casa, mi trabajo. Un ejemplo es la mencionada MRV Engenharia, una constructora de Minas Gerais que se ha disparado en los negocios de los últimos años gracias a Mi Casa, Mi Vida. MRV tiene obras con el programa en 18 estados, más el Distrito Federal, y fue una de las empresas de construcción más rentables en América Latina y Estados Unidos en 2011, con ganancias de US$405,2 millones.

A mediados de marzo el fiscal Rafael de Araújo Gomes, del Ministerio Público del Trabajo de Campinas, denunció  que MRV se beneficia de condiciones precarias de trabajo para lograr ventajas ante la competencia.

Los problemas más comunes provienen de la tercerización de mano de obra: inseguridad en talleres, incumplimiento de normas de salud, soborno de funcionarios y pésimas condiciones de trabajo. “MRV es una vergüenza. Hoy es un gigante gracias a la precarización del trabajo”, dice Borba Peres, presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción Civil de Espírito Santo, Paulo César.

Según el fiscal Gláucio Araújo de Oliveira, de Curitiba, en el sur del país “la empresa usa la demora de la justicia para tercerizar sus obras con pequeños contratistas que no cumplen lo acordado con la constructora, dejan de pagar a los empleados y ofrecen alojamientos en condiciones degradantes”. MRV ya fue condenada por daño moral a una multa de US$64.000, “un valor irrisorio”, según Oliveira. Para el fiscal, entre las principales causas para desórdenes como el de MRV es el boom inmobiliario. Cuantas más obras, afirma, más caos en la justicia.

En Mato Grosso do Sul, el problema es el mismo, como señala el fiscal del Trabajo Hiran Sebastião Meneghelli Filho: la tercerización ilegal de los empleados y la forma precaria como son tratados. Meneghelli constató casos de empresas contratistas constituidas sólo para atender a una determinada obra de MRV.  Terminado el contrato, desaparecen sin cumplir las regulaciones laborales.

La directora jurídica de MRV, Maria Fernanda Menin Maia, da su versión: “Existe prejuicio de la sociedad sobre ese tema. No existe ley que prohíba la tercerización. Y lo que no está prohibido, está permitido”. Según la ejecutiva, los inconvenientes tienen origen en los contratistas. MRV tiene cerca de 350 empresas contratistas que prestan servicios en sus talleres de obras. “Buscamos perfeccionar el control sobre esas empresas. Llegamos a descalificar a contratistas que presentaron problemas. Hoy tenemos alrededor de 300 talleres de obras, y el número de problemas es pequeño en relación a ese volumen”, dice Menin.

El proceso judicial y las multas siguen su curso. Pero no se reflejan en las expectativas de los accionistas de MRV. “Estos casos no impactan en las acciones, porque es muy pequeña la posibilidad de que la empresa sea multada”, explica el analista de Fator Corretora, René Brandt.

Boom de reclamos. Según el director de la Empresa Brasileña de Estudios del Patrimonio (Embraesp), Luiz Paulo Pompéia, el país está viviendo los efectos colaterales del boom inmobiliario, principalmente en el eje São Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. “En 2010 la previsión de entrega de inmuebles alcanzó un récord en el país. Es natural que aumenten los reclamos, porque aún hay otros problemas, como la falta de material y de mano de obra, que deben ser importados de otros países”, explica Pompéia.

Sin profesionales suficientes para terminar las obras en el plazo, las empresas contratan empleados no calificados, lo que resulta en defectos de construcción. Ése es precisamente el argumento que los compradores oyen de las constructoras en respuesta a las quejas.

El abogado de la Asociación Brasileña de Deudores Habitacionales, Leandro Pacífico, afirma que los consumidores más afectados son los de las clases C y D. “Ya verificamos incluso quejas con respecto a obras sin proyecto de incorporación. Eso impide que la obra sea liberada por la municipalidad y que la empresa pueda ser procesada”.

Según la Asociación de los deudores habitacionales de São Paulo y alrededores (Amspa), el total de reclamos de propietarios de inmuebles comprados en verde aumentó 59% entre 2010 y 2011. Y el volumen de acciones judiciales tuvo un alza de 48% en el mismo período.

En cuanto a proyecciones, para Pompéia, de Embraesp, la tendencia es que el mercado se acomode y los problemas sean resueltos. Apunta a que las empresas buscarán gerenciar mejor las obras. “Extendieron el plazo de entrega, que antes giraba en torno a los 18 meses, a 24 y hasta 36 meses, que hoy es el padrón del mercado”.

El Ministerio de las Ciudades, que coordina Mi Casa, Mi Vida, eludió hablar con AméricaEconomía y traspasó esta responsabilidad a la Caja Económica Federal, organismo que libera los recursos para el programa.

El director de Habitación de la caja, Teotônio Rezende, no se da por enterado e informa que el actual escenario de atraso en las obras no es motivo para alarmarse. “No tenemos indicios de que se trate de un problema grave. Es una consecuencia natural del considerable crecimiento del sector inmobiliario, que presenta muchas más externalidades positivas que negativas”, afirma.

Al parecer, la solución depende de la capacidad de organización de los consumidores. Como los del condominio Parque Las Aguas, en Campinas, que llevaban nueve meses esperando sus viviendas. Protestaron y forzaron un acuerdo entre las partes para poder  habitar sus casas.